Mientras cientos de miles de mujeres se manifestaban en el mundo para exigir igualdad y el fin de la violencia machista, ese mismo día, 8 de marzo, en Santiago de Chile, se firmaba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). En la fotografía oficial del acto, divulgada en todos los medios, aparecen los representantes de los gobiernos participantes, once hombres, ni una sola mujer, sonrientes y tomados de las manos. Una desafortunada coincidencia que mostraba que, en asuntos como el manejo de las economías y las negociaciones globales, las mujeres no participan o lo hacen todavía de manera muy escasa. Triste realidad que se confirmaba en el caso de la anfitriona, la presidenta de Chile, la única que quedaba en América Latina, quien entregaría el poder a su sucesor, el señor Sebastián Piñera, pocos días después.
Aquel jueves, bajo un nuevo y pomposo nombre, se revivía el acuerdo de libre comercio llamado TPP (Acuerdo Transpacífico o Trans-Pacific Partnership) pactado en febrero de 2016, pero ahora sin Estados Unidos. De esta manera, si antes había 12 socios, en esta ocasión sólo lo refrendaron Nueva Zelandia, Singapur, Chile, Brunei, Austra-lia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, por lo que también se le ha llamado el TPP 11. El Transpacífico entonces, no estaba muerto, andaba de parranda como dice la canción, y regresó a la vida sobe todo por el activismo diplomático del gobierno de Japón.
El Pacto se refrendaba además mientras el presidente Donald Trump ordenaba la imposición de nuevos aranceles a la importación de acero y aluminio a Estados Unidos, lo que puede desatar una guerra comercial mundial o al menos consolidar un fuerte giro proteccionista. No deja de resultar curioso, por decirlo de alguna manera, que si el gobierno de ese país, con Barack Obama, impulsó el TPP original para contrarrestar el poder económico de China, apenas unos años después se pactaba otro similar para combatir la visión proteccionista del nuevo ocupante de la Casa Blanca (la de Washington, por supuesto).
Sin embargo, hoy como ayer, con o sin EU, el debate sobre este nuevo TPP tiene que ver con los beneficios del libre comercio sobre todo en materia laboral. Los apoyadores de estos pactos se basan en la teoría de que quitarle barreras a la circulación de mercancías y capitales destruye, pero también crea nuevas plazas de trabajo por lo que el nivel general de ocupación no resulta afectado. Pero para otros estudiosos del tema, entre los cuales destaca Jomo Sundaram, ex subsecretario general de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, la expansión irrestricta de los mercados ha repercutido negativamente sobre los salarios y el empleo pues privilegia a los inversionistas e impone costos muy altos a los países, lo que repercute en muy dudosos beneficios para la población.
El texto del TPP 11 es casi igual al anterior excepto en el caso de 20 cláusulas que quedan suspendidas, no abrogadas. Dentro de éstas, una de las más agresivas, protegía la propiedad intelectual de las industrias farmacéuticas bajo condiciones tales que se afectaban seriamente la producción local de medicamentos genéricos. También hubo cambios en lo que se refiere al mecanismo de solución de diferencias inversionista (como se le llama en la traducción oficial, poco clara, al español, del término ISDS, investor-state-dispute settlement) que tiene que ver con la posibilidad de que las empresas puedan demandar a un gobierno en un tribunal extranjero si alegan que las regulaciones de ese país reducen sus ganancias esperadas.
En cambio, el capítulo laboral, quedó intacto. Expresamente, el texto señala que
“Cada Parte (es decir, cada país) adoptará y mantendrá en sus leyes y regulaciones, y en las prácticas que deriven de éstas, los siguientes derechos tal y como se establecen en la Declaración de la OIT:
(a) libertad de asociación y reconocimiento efectivo al derecho de contratación colectiva;
(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
(c) la abolición efectiva del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y otras protecciones laborales para niños y menores de edad.
(d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; y
(e) el establecimiento de condiciones aceptables en el trabajo en lo que respecta a salario mínimo, jornada de trabajo y seguridad y salud en el trabajo.
En otro apartado de este capítulo se expresa el compromiso de que cada país cuente con “tribunales imparciales e independientes para la aplicación de las leyes laborales” bajo procedimientos que deberán ser justos, equitativos y transparentes.
Hay un inciso sobre cooperación, entendida como el “mecanismo para la implementación efectiva” de los compromisos en materia laboral, que incluye a los sindicatos. Se establece, asimismo, la formación de un Consejo Laboral, a nivel ministerial, designado por cada uno de los gobiernos participantes. Las funciones de este Consejo son, entre otras: orientar la cooperación laboral y revisar las quejas que se hagan llegar de un país a otro. De la misma manera, se llamará a formar, en cada país, un órgano “consultivo o asesor” para que los interesados “incluyendo representantes de las organizaciones laborales y empresariales”, puedan ofrecer sus puntos de vista sobre los asuntos relativos a este Capítulo.
Se prevé igualmente un mecanismo para tramitar quejas por violaciones a los derechos laborales que pasa por consultas entre los países miembros y que al final, en caso de que prevalezca el desacuerdo, podría terminar en el establecimiento de un panel que se regirá por las normas contenidas en el apartado sobre solución de controversias.
Una primera lectura puede dar la impresión de que el TPP contiene fuertes mecanismos de protección para los trabajadores. En el caso mexicano, es imposible desligar la adhesión al viejo TPP cuando parecía cien por ciento segura la participación de EU, hace dos años, con las reformas constitucionales de febrero de 2017. En especial con la creación de tribunales laborales locales y federales adscritos al Poder Judicial, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y la formación de un órgano independiente encargado del registro de contratos y sindicatos.
Sin embargo, la experiencia derivada de otros tratados comerciales no ha sido tan buena como los postulados y promesas que están escritas en ellos. En los hechos ha sido muy difícil obtener resultados significativos. Las quejas y controversias tardan mucho en resolverse y al final no hay sanciones o medidas correctivas.
Con el nuevo TPP las cosas cambian, pero no mucho. Permanecen los riesgos de que se afecten a pequeños productores de diversos sectores económicos de México; de que más libre comercio no se traduzca en mejores condiciones de trabajo, salarios y empleos; y de que se trate de un acuerdo para beneficiar a las grandes corporaciones (ahora básicamente asiáticas y canadienses). Las cláusulas suspendidas y la ausencia de EU son, sin embargo, significativas. La presión es ahora mayor dada la posible ruptura del TLCAN y la necesidad de que nuestro país busque nuevos mercados en otros lugares del planeta.
En fin, que la resurrección del TTP, sólo con 11, será un asunto muy complejo que tendrá que discutirse en nuestro país. Una aprobación al vapor sería inaceptable. En medio de la campaña electoral, el tema parece inoportuno, pero según lo firmado, el CPTTP entrará en vigor 60 días después de que al menos seis de los países signatarios notifiquen su ratificación. Los candidatos y partidos tendrán que manifestarse sobre el tema. Hacerse guajes no ayudará. Pero, sobre todo, las organizaciones de los trabajadores y la sociedad tienen que tomar en sus manos este debate. A pesar de la poca importancia que se le ha dado en los medios, no se trata de un asunto menor. Por el contrario, puede marcar el futuro de las relaciones laborales en nuestro país.

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