Llama poderosamente la atención el grado de ingobernabilidad que se está dando en Oaxaca a partir del conflicto político y social que se ha desencadenado desde hace varios meses cuando la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se movilizó para demandas meramente gremiales, las que fueron rebasadas por demandas políticas. Posteriormente otras organizaciones sociales que convergieron en la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) saltaron al escenario social para sumarse a las demandas de los maestros, sobre todo a la salida del gobernador oaxaqueño. Lo que aparece como altamente significativo –a pesar de las múltiples contradicciones que se han manifestado en el seno de dichas organizaciones sociales– es la participación social del pueblo oaxaqueño en las manifestaciones públicas, lo que provoca una serie de interrogantes e inquietudes.
La primera pregunta que se desprende de esta consideración se refiere a las causas de este movimiento que ha resultado tan amplio y tan masivo. ¿Por qué tanta gente se ha involucrado tan activamente en este movimiento que ha puesto en jaque al gobierno del Estado? ¿Qué es lo que ha provocado tal nivel de descontento y de rebelión en la gente, al grado de que está dispuesta a todo para derribar a un gobierno que consideran ilegítimo? ¿Qué tiene Oaxaca que ha hecho posible este movimiento con tan alto impacto político? ¿Por qué el gobernador perdió el respeto y el rechazo de la gente?
Sin duda las respuestas son muy complejas y no podemos aventurar respuestas simplistas. Pero sí podemos indicar un factor que indudablemente interviene en este asunto: la pobreza extrema de la mayoría de los oaxaqueños. Es de sobra conocido el rezago social de esta entidad, al lado de Guerrero y Chiapas, fruto de estructuras arcaicas y de una cultura política autoritaria que se apoya en el caciquismo.
Si la demanda principal de este movimiento magisterial y popular es la caída del gobernador, quiere decir que hay también un factor político que ha estado ligado al empobrecimiento de los oaxaqueños. El poder político ha significado un freno y un estorbo para el desarrollo de Oaxaca y la figura del gobernador expresa simbólicamente el hartazgo de un pueblo, que ya ha llegado al límite de su paciencia y de su tolerancia.
Este levantamiento popular es expresión de muchos años de abusos y atropellos que la gente ha tenido que soportarles a sus gobernantes, a quienes han encarado con un ¡ya basta! lleno de enojo y de indignación. Si lo que une a las diversas organizaciones sociales y magisteriales es la salida del gobernador, quiere decir que hay un amplio sentimiento de rechazo a un gobierno que no atiende las legítimas demandas sociales, y ajeno a los intereses de las mayorías.
Esta movilización social que se ha estado manifestando con un grande impacto nacional e internacional tiene que ser tomado como una señal de alerta en otras latitudes que muestran características similares. En Guerrero los niveles de la pobreza extrema son muy semejantes a los de Oaxaca con raíces históricas también semejantes. Y la pobreza es siempre una situación de alto riesgo social que sólo necesita de una chispa para que se enciendan movilizaciones ya ordenadas o ya caóticas. Y es que la pobreza extrema constituye una verdadera amenaza social por las frustraciones y el descontento que genera de una manera permanente.
Mantener a los pobres alejados del desarrollo y de una verdadera promoción humana y social es bastante peligroso, como una bomba de tiempo. Si las políticas públicas no favorecen a los pobres y no atienden sus justas demandas, no nos extrañemos que puedan dar pie a una ebullición social hecha de inconformidades. Y cuando la extrema pobreza se encuentra con situaciones en las que el poder público se mantiene insensible a la postración social, entonces se inducen movimientos que pueden ser incontrolables en muchas ocasiones.
Oaxaca tiene que ser para Guerrero una señal de alerta en cuanto que las autoridades sepan dar el trato que se merece la gente cuando presenta demandas legítimas. No es el caso, desde luego, de algunas organizaciones sociales que han servido de pantalla a líderes o a grupos políticos que orquestan chantajes y utilizan a la gente para vivir del presupuesto. Este tipo de organizaciones tienen que ser evidenciadas públicamente para que dejen de ser parásitas de la sociedad. La gente que trabaja y que busca mejorar las condiciones de vida merece respeto y cuando se siente respetada por las autoridades, suele responder y comportarse con ese mismo respeto hacia la autoridad. Ésta tiene que ganarse a pulso este respeto mediante el trato diario a todos sin distinción y privilegiando siempre a los más pobres. De esta manera, la autoridad se va legitimando en el transcurso del tiempo a través de una relación de respeto y de servicio a la gente. El rostro de los servidores públicos tiene que distanciarse de manera definitiva del que muestran aquéllos gobernantes que sólo saben utilizar a la gente como estilo privilegiado de gobierno.