El pasado domingo Brasil vivió uno de sus días más complejos desde el regreso a la democracia, a mediados de los años 1980. Miles de individuos, provenientes de varios puntos del país, viajaron a Brasilia durante el fin de semana, con un objetivo claro: invadir y depredar el Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia de la República, para sembrar el caos, y así intentar que el ejército tomara el poder. Después de varias horas de caos y de incertidumbre, y tras una reacción rápida del Presidente Lula, que se encontraba en ese momento en el Estado de São Paulo, el Estado recuperó el control de la situación. Ese mismo día, Lula, junto con varios de sus asesores más próximos, regresaron a Brasilia e inspeccionaron los destrozos dentro del Palacio del Planalto. Unas horas más tarde, se llevó a cabo una reunión dentro del palacio, junto con la presidenta de la Corte Suprema, y de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Desde entonces, la calma ha regresado a Brasilia. Más de mil 500 personas han sido detenidas.
El mandato que Lula acaba de iniciar nunca pareció fácil. Además de enfrentarse a condiciones internacionales más desfavorables que en la década pasada, su tercer Gobierno se depara con una sociedad fracturada y un desgaste partidario derivado de la destitución de Dilma Rousseff y de su propio periplo judicial. Ahora necesitará, además de negociar mayorías en un Congreso que no controla, recuperar el control de la calle hasta ayer ocupada por lunáticos y extremistas.
Y no solo eso. También tendrá que desarmar una bomba que Jair Bolsonaro dejó en los cuarteles: la politización de las fuerzas armadas. Esta bomba sólo podrá ser desactivada por el gobierno de Lula si hay un convencimiento de lo obvio: el profesionalismo debe proteger a la institución y a sus miembros. La aventura de Bolsonaro ha llevado a un desgaste de los militares y puede llevar a la fragmentación de las fuerzas armadas. Los acontecimientos del domingo mostraron su grado de destrucción.
Hay ciertos aspectos que el presidente Lula podría tomar en cuenta. Dentro de la mentalidad de los oficiales generales legalistas, formar parte del alto mando es el resultado exitoso de una carrera de tres décadas en la que el honor se basa en la subordinación a los poderes constituidos y en la capacidad de contribuir a la institución. La idea de honor y sacrificio encaja con la defensa de las instituciones, de la democracia, del Estado, tal y como se define en el juramento que presta el aspirante al convertirse en oficial. Corresponderá a Lula y a su ministro de Defensa, José Múcio, reorganizar el ministerio con civiles capacitados, elegir oficiales con un perfil legalista, no sólo para el alto mando, sino también para los comandos estratégicos de cada una de las fuerzas. Si el criterio de antigüedad sirvió para elegir a los comandantes de las fuerzas, el criterio de mérito debe ser evaluado para los demás, a fin de recuperar la institucionalidad y valorar el profesionalismo.
Si no hay reacción por parte del nuevo Gobierno constituido con el apoyo de los oficiales legalistas, los cuarteles serán utilizados como centros para mantener una táctica de desgaste político del Gobierno.
Pero Lula también tiene puntos a su favor. La nueva realidad política después de los actos vandálicos del pasado domingo han creado una correlación de fuerzas favorable al presidente del Partido de los Trabajadores, fragilizado el rol del expresidente Jair Bolsonaro y de sus socios castrenses. Este último, que decidió salir del país (a Estados Unidos) antes de la toma de posesión de Lula, luce cada vez más aislado dentro de la escena política. Los procesos judiciales que le siguen a él y a su familia también tendrán un impacto en sus próximos movimientos.
Los bolsonaristas imaginaban que la toma de Brasilia fragilizaría el gobierno de Lula, el resultado fue todo lo contrario. Esperemos que así continúe.

* Director Ejecutivo del Observa-torio de América Latina y el Caribe, con sede en París

Twitter: @Gaspard_Estrada