Algo muy grave debe estar sucediendo en las mentes de los encargados de la política económica nacional pues decidieron un alza de golpe y porrazo del precio de las gasolinas (diésel, Magna y Premium) en una magnitud que va del 14 al 20 por ciento (promedio). La única explicación posible para entender esta medida es que forma parte de una estrategia política de choque (la shock policy o shock treatment de las que hablaba Milton Friedman y que siguen recomendando los monetaristas) que pretende frenar el crecimiento económico para equilibrar las finanzas públicas y el déficit externo el cual, al final del año que concluyó, debe rondar los 24 mil millones de dólares en el caso de la balanza comercial y de servicios, y de 31mmdd en el caso de la cuenta corriente.
El aumento a las gasolinas afectará, en el corto plazo, sobre todo a los productos de menor valor agregado, como los alimentos, y claro, a todos los medios de transporte de carga y de pasajeros. Su impacto se dejará sentir entonces en varios productos de la canasta básica de los mexicanos.
La estrategia de choque planeada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se completa con el alza en las tasas de interés decretada a lo largo del último año lo que, sin duda, producirá también serias presiones inflacionarias y alentará la caída del consumo y la producción.
Todo ello, sin embargo, difícilmente detendrá la fuga de capitales lo que a su vez reducirá las expectativas económicas para 2017. Se perfila entonces un año de muy bajo crecimiento, cercano al 1 por ciento y quizás negativo en términos per cápita; un aumento del desempleo abierto y de la informalidad laboral; y un serio deterioro de los ingresos de la población trabajadora.
Si a ello agregamos que los precios de las gasolinas estarán aumentando todo el año, no hay que descartar que las medidas adoptadas, en lugar de remediar los males que pretenden combatir, los empeore, produciendo un círculo vicioso: aumento de precios-devaluación-fuga de capitales-mayor aumento de precios-menor crecimiento, etc. etc.
Desde hace años, el precio de las gasolinas ha venido aumentando. Tan sólo entre 2012 y 2016 se elevaron, en total, entre un 18 y un 23 por ciento, mientras que en los sexenios del PAN (Vicente Fox y Felipe Calderón), la cifra llegó a casi el 70 por ciento. Aunque representaron un golpe al bolsillo de los consumidores, no es lo mismo hacer estos ajustes gradualmente que de una sola vez. La decisión de elevar en un día lo que antes se hizo en varios años, y aplicar dos aumentos más en el mes de febrero y luego diariamente, pueden entenderse como una provocación a la sociedad y una muestra de impunidad política frente a los partidos opositores al gobierno. Quizás confíen en que ni la ciudadanía ni el Congreso reaccionarán seriamente. Y que nada va a pasar.
Además, se les ha ocurrido dividir el país en 83 regiones para aplicar los llamados “precios máximos” en forma diferenciada. En Guerrero habrá cuatro regiones al igual que en la Ciudad de México lo que no tiene antecedentes y puede generar un gran desorden y alentar el mercado negro. Este método de fijación de precios sólo tiene sentido para garantizar la rentabilidad de los expendedores de las gasolinas, ahora de capital privado, pero no lo tiene para ejercer una regulación adecuada, por parte del gobierno, de este insumo tan importante.
El panorama internacional tampoco ayuda para alentar el optimismo. La llegada a la Presidencia de Estados Unidos del señor Donald Trump, quien tienen en mente, hasta ahora, renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y endurecer las acciones contra los migrantes, puede causar mayor desconfianza entre los inversionistas y alentar la fuga de capitales en México. Por otro lado, el alza en las tasas de interés en Estados Unidos y el bajo crecimiento de la economía mundial, particularmente en Europa, crearán presiones adicionales negativas para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica del país.
Se está configurando un panorama similar que podría conducirnos a crisis como las que vivimos a principios de los años 80 y a mediados de los 90 del siglo pasado. Los efectos de estas grandes crisis fueron devastadores para los mexicanos. El país nunca se recuperó del todo, particularmente en lo que toca a los niveles de pobreza, salarios y bienestar social.
La causa de fondo de la situación actual radica en las señales de agotamiento del modelo de desarrollo que ha estado vigente en las últimas décadas. Un modelo basado en la integración a Estados Unidos vía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y en un conjunto de reformas llamadas estructurales, de corte neoliberal, que se iniciaron en 1988 y que culminaron con la privatización de la industria eléctrica y petrolera. Hay que señalar además que, en particular esta última, tuvo efectos sumamente negativos al coincidir con la caída vertical de los precios internacionales del petróleo.
Frente a ello, resulta cada vez más evidente que se requiere iniciar un proceso de transición a un nuevo modelo con base en una nueva política económica. Esta transición tendría que:
1.- Reorientar la integración económica que se mantiene con Estados Unidos y diversificar los vínculos comerciales y financieros con otras economías del mundo.
2.- Llevar a cabo un programa de inversión pública en sectores, regiones y empresas que son fundamentales para la recuperación económica, y ajustar el gasto corriente dispendioso e inútil.
3.- Lo anterior debe incluir una profunda revisión de la situación de Pemex con el objetivo de fortalecer a la empresa y convertirla de nuevo en la palanca del desarrollo nacional
4.- Un aumento de la inversión pública requerirá una nueva política de financiamiento que recaiga en aportaciones fiscales que deben ser equitativas y recaer fundamentalmente en las personas y empresas que obtienen mayores ingresos.
5.- Pasar a una política monetaria menos restrictiva, manteniendo o reduciendo las tasas de interés y ampliando el margen de manejo de la deuda pública.
En el caso de los aumentos decretados a las gasolinas, se ha propuesto como solución rebajar o eliminar el impuesto (IEPS) para amortiguar el alza. Pero ésta sería una medida menor y casi de maquillaje. El problema radica en la decisión de alinear los precios internos con los del mercado internacional. Ello impide que el Estado ejerza cualquier papel regulador, función que debe cumplir para controlar la inflación y para estimular el crecimiento económico. Esta renuncia sólo puede entenderse cuando hay condiciones extremas y se decide, como ya se señaló, aplicar una política de shock, y cuando se ha relegado el interés nacional en aras de unos cuantos inversionistas privados. Así pues, lo que debe rectificarse es la decisión de dejar los precios de las gasolinas sujetos a los vaivenes de los mercados internacionales. Y desde luego fomentar la producción de gasolinas en las refinerías nacionales.
La transición que se propone enfrenta obstáculos, sobre todo de orden político, pues el gobierno no parece estar interesado en buscar otra salida más que la que dicta la ortodoxia neoliberal. Su poca credibilidad también dificulta la posibilidad de construir un gran diálogo nacional y un esfuerzo de concertación capaz de generar un nuevo consenso para el cambio. El PAN por su parte, seguirá defendiendo la privatización de los energéticos y tratará de darle una salida fácil al asunto del gasolinazo por la vía de la reducción del IEPS lo que, como se señaló, no va al fondo del problema ni lo resolverá. Toca entonces a la sociedad impulsar este diálogo y enfrentar así tanto las amenazas externas, en particular la previsible hostilidad del gobierno estadunidense encabezado por Trump, como la rigidez excesiva de las políticas instrumentadas por el gobierno mexicano.
El objetivo inmediato consistiría en evitar un escenario que lleve al país a una profunda y larga recesión económica que afectaría severamente a la inmensa mayoría de los mexicanos.

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