Desde el año pasado, y con mayor fuerza en este 2021, 500 organizaciones de 87 países y un número cada vez más amplio de académicos de distintas partes del mundo han dado la voz de alerta: está surgiendo un shock de austeridad fiscal post pandémico. Según un estudio reciente elaborado por Isabel Ortiz y Matthew Cummins, patrocinado por seis organizaciones independientes, entre ellas la Confederación Internacional de Sindicatos (disponible en https://policydialogue.org), este shock consistiría en una reducción del gasto público en una gran cantidad de naciones entre 2021 y al menos 2025 y a una escala mayor que en el pasado reciente. Por lo pronto, para este año se espera que 154 países y 159 en 2022, caerían en esta situación. La austeridad afectaría a 5 mil 600 millones de personas, es decir el 75 por ciento de la población mundial y se elevaría a 6 mil 660 personas, el 85 por ciento de los habitantes del planeta en 2022.
Basados en las proyecciones fiscales contenidas en el informe del FMI de octubre de 2020, el estudio señala que, si lo vemos por regiones, el 80 por ciento de los países de Oriente Medio; el 79 por ciento de el África al sur del Sahara; 76 por ciento de América Latina ;73 por ciento del sudeste de Asia; y 75 por ciento de Asia Oriental y el Pacífico han declarado su intención de imponer medidas de austeridad.
En América Latina se calcula que 523 millones de personas serán afectadas en 2021 y 571 en 2022 para bajar luego a 398 en 2025. Es decir, el 81, 88 y 60 por ciento de la población en esos mismos años.
Los autores se basan en el pasado reciente. Afirman que poco después del estallido de la crisis mundial de 2008 (la “Gran Recesión”), hubo una expansión fiscal que duró uno o dos años, pero posteriormente tuvieron que pagar la cuenta y aplicaron severas medidas de austeridad.
En 2020 otra vez se conocieron altos niveles de gasto en muchos países para enfrentar la crisis del Covid-19. Pero esto ha dejado déficits fiscales muy altos, así como pesados niveles de endeudamiento, por lo que se está entrando ya en otro periodo de austeridad fiscal. En este caso, el golpe parece más severo. La contracción del gasto en 2021 está calculada en un 3.3 por ciento del PIB y de un 1.7 por ciento adicional en 2022.
Las medidas que se están tomando para reducir los gastos incluyen congelamiento de salarios; menores subsidios a los programas sociales; reformas al sistema de pensiones; flexibilización del trabajo; y, hay que poner mucha atención a este asunto, incrementos al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En 2020, debido a las reclusiones y al cierre de actividades se calcula que la caída de la producción llegó a casi 6 billones de dólares; más de mil millones de empleos se perdieron y 275 millones de personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza (de apenas 3 dólares al día). Como respuesta a ello, 166 gobiernos (casi 90 por ciento de la muestra) aumentaron su gasto en un 5.4 por ciento promedio del PIB y sólo 23 países lo redujeron. Sin embargo, en muy poco tiempo, apenas un año, y a pesar de la devastación causada por la pandemia, se pretende regresar a las políticas de austeridad.
Estas medidas en el pasado han aumentado la pobreza y la desigualdad en particular en el caso de las mujeres. Al mismo tiempo, han alimentado también el descontento y la protesta social, según el estudio, en más de cien países. La austeridad es una mala política. Sólo medidas contracíclicas pueden llevar a una recuperación inclusiva y sustentable. Ante las nuevas medidas de recortes del gasto, las Naciones Unidas han advertido del peligro de otra década perdida para muchos países en desarrollo.
La austeridad no es la única respuesta al problema. Algunas soluciones alternativas incluyen reformas fiscales progresistas en especial a los ingresos de la población más próspera, lo que podría dar lugar a una reducción del pago que hacen las clases medias y bajas; reestructurar las deudas (cosa que en parte se está haciendo aunque de manera muy limitada); eliminar los flujos financieros ilícitos: la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción la falsificación de facturas; y la salida de capitales a los paraísos fiscales; y usar las reservas en moneda extranjera de los bancos centrales para financiar el gasto público.
Según el secretario general de las Naciones Unidas, la lucha contra la austeridad debería conducirnos a un Nuevo Pacto Social o Nuevo Acuerdo Global. Un consenso post-pandémico que remplazaría al consenso de Washington.
Este nuevo acuerdo se basaría en medir los impactos sociales para definir las políticas públicas, entre ellas:
­–Beneficios a las familias y personas de acuerdo a su género, edad, grupos de ingresos, origen étnico y lugar de residencia (urbano o rural).
­–Acceso a servicios de calidad de bienes y servicios esenciales como educación, salud, nutrición, protección social, agua y drenaje, y provisión de insumos para la agricultura.
–Precios de los servicios y bienes básicos y revisión de los subsidios que se requieran agregar o cancelar.
­–Creación de empleos y una mayor formalización de la fuerza de trabajo.
Basado en este examen, no pueden sorprendernos demasiado los acontecimientos en Colombia. El gobierno, presionado sus finanzas públicas y la deuda contraída el año pasado, decidió proponer una reforma fiscal, pero exactamente en el sentido opuesto a las recomendaciones del escrito de Ortiz y Cummins. El gobierno pretendía extender el cobro del 19 por ciento del IVA a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos; y el cobro de impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de 663 dólares, en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares. Es decir recabar impuestos de los sectores situados en la parte inferior de la pirámide de los ingresos.
La reforma del presidente Duque iba entonces a empobrecer a los más castigados por la pandemia, en un país que se caracteriza por sus grandes desigualdades. En 2019, mientras el 20 por ciento más rico de la población concentraba el 57 por ciento del ingreso total, el quintil más pobre apenas captaba el 3 por ciento, según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Esos niveles de desigualdad se profundizaron durante la irrupción de la pandemia. La propuesta del presidente colombiano era, en realidad, una medida de austeridad extrema disfrazada de reforma tributaria.
Debido a la protesta social, la propuesta fue retirada. Pero las manifestaciones de descontento no han cesado. A fines de abril se organizó un paro nacional que todavía sigue vigente. La respuesta del estado ha consistido en una violación masiva de los derechos humanos, incluyendo la acción de grupos paramilitares civiles que atacaron a grupos de manifestantes inermes.
Colombia es entonces un buen ejemplo del shock post Covid que se está gestando. De ahí la importancia del llamado de organizaciones y personalidades del mundo a oponerse a medidas de austeridad como las señaladas o a reformas fiscales que graven a los que menos tienen. Éstas no sólo son equivocadas para resarcir los gastos efectuados, sino que, además, echan gasolina al fuego de un gran malestar social generado por años de austeridad y más de doce meses de pandemia.
Según la BBC, en las manifestaciones de protesta se han visto frases como ésta: “Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus”. Lo mismo puede decirse de la austeridad que se está cocinando en diversas partes del mundo, incluyendo México.

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