Hace años, cuando era director de un periódico en Guadalajara, Siglo 21, asistí a un desayuno en el que por azar tocó sentarme junto al entonces procurador del estado de Jalisco. En algún momento entre los chilaquiles y las conchas con chocolate, le comenté discretamente al funcionario que al lado de mi departamento vivía un importante narcotraficante. No sólo los ires y venires eran los correspondientes a un capo; en varias ocasiones y aún sin                         proponérmelo había escuchado conversaciones cuyo contenido no dejaba lugar a dudas. Mi revelación ni siquiera ameritó que el procurador desviara su concentrada mirada al chocolate, “tú no me dijiste y yo no lo escuché”, respondió parco, y acto seguido me preguntó si había visto el partido de futbol del domingo. En la misma mesa, a dos sillas de distancia, estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era entonces el jefe militar de la zona y se convertiría en el “zar contra las drogas” poco después. El desayuno fue en 1994; pocos años más tarde, el procurador fue acribillado por sicarios al salir de su casa y el general fue encarcelado por estar en la nómina del Cartel de Juárez. No es de sorprender que el precavido procurador no quisiera meterse en asuntos espinosos, aun cuando a la postre su cautela no le sirviera de mucho: lo asesinaron en venganza porque había interrogado con “dureza” a uno de los gatilleros aprehendidos con relación al asesinato del Cardenal Posadas.

La moraleja de todo esto es que el crimen organizado ha ganado la batalla a la justicia desorganizada. Un funcionario policiaco, un comandante judicial, un agente del Ministerio Público o un juez, enfrentan solos en última instancia al poder del narcotráfico. Ni siquiera puede confiar en sus propios compañeros, en sus superiores o en la institución. Los abogados que trabajan para el narco “ordeñan” todos los días a los empleados de los tribunales, de las cárceles y de los ministerios, para extraer información, eliminar pruebas, extraviar expedientes y amenazar a funcionarios que les son adversos. Muchos empleados del poder judicial ganan más por esta colaboración hormiga que por su salario.

¿Cómo exigir a un juez que ponga en riesgo su vida y la de su familia cuando el Estado es absolutamente incapaz de defenderlo? ¿Cómo pedir integridad moral a un comandante judicial cuando no pasa un mes sin que sea ejecutado en algún estado norteño un colega que ofreció resistencia a los traficantes locales?

Conozco a un par de funcionarios de alto nivel, apasionados de su trabajo, que han adoptado como un apostolado el combate al crimen organizado. Ambos han terminado por separarse de sus familias y viven rodeados de una docena de guardaespaldas en los que tampoco pueden confiar. Por desgracia la mayoría de sus colegas han terminado por asumir que eso no es vida: optan por corromperse o se mantienen limpios pero a costa de evadir todo asunto que esté asociado al crimen organizado.

Lo que sucedió en el sistema judicial amenaza con reproducirse en la prensa. Como es sabido, en el lapso de pocos días han sido asesinados Raúl Giba, director de La Opinión de Poza Rica y Guadalupe García reportera de radio de Nuevo Laredo y ha desaparecido Alfredo Jiménez, reportero de El Imparcial de Hermosillo. En los últimos meses he comentado el riesgo que este tipo de ataques representa para la sociedad en su conjunto. No es una exageración: durante años el ejercicio periodístico fue subordinando por el poder político; ahora que comenzamos a salir de esa sumisión, estamos entrando a otra mucho más bárbara y arbitraria.

En 1997 cuando casi muere acribillado Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta de Tijuana, varios colegas organizamos la Sociedad de Periodistas en respuesta. Nuestro propósito, entre otros, era reproducir la “Operación Phoenix” que llevaron a cabo los periodistas norteamericanos cuando la mafia asesinó a un reportero. La respuesta de los profesionales de la información fue ejemplar: más de 20 periodistas de renombre, de distintos medios de comunicación, acudieron a Phoenix a terminar la investigación inconclusa sobre la mafia y la corrupción en Arizona. Nunca más la mafia atentó contra un periodista.

Si bien es cierto que la denuncia del ataque a Blancornelas provocó reacciones en la opinión pública y el gobierno intentó responder a la indignación con algunas medidas punitivas, el asunto no pasó a mayores. Pronto los periodistas en todo el país estaban de nuevo solos frente a los narcos de cada región. Mientras tanto, el narcotráfico penetraba el sistema de justicia, acordaba pactos de no agresión con los gobiernos locales a cambio de libre tránsito, y obligaba a otros poderes de la sociedad civil (Iglesia y empresarios, mayormente) a desentenderse de los carteles, como si no existieran. Esa complicidad pasiva ha permitido que las redes de venta al menudeo se encuentren afuera de las escuelas y en cualquier barrio de la ciudad.

No insistiré en el riesgo que representa para una sociedad democrática el hecho de que el periodismo se autocensure debido a la indefensión en que se encuentra frente a la delincuencia organizada.

La ola de violencia en contra de los periodistas es un reflejo de las batallas perdidas en otros territorios. El narco ha neutralizado a los cuerpos de seguridad y ha obligado a que otros poderes volteen a otro lado. Unos cuantos periodistas mantienen la pelea denunciando al crimen organizado y las redes de corrupción. Todo indica que los carteles están decididos de una vez por todas a silenciar a este último frente. ¿Lo permitiremos?

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