El pasado lunes ocho de marzo, el juez de la corte suprema de Brasil, Edson Fachin, tomó al mundo por sorpresa. En una decisión monocrática, Fachin decidió anular los cuatro procesos instruidos por el ex juez y ex ministro Sergio Moro durante su paso por la décimo tercera corte especializada en crímenes contra el lavado de dinero, incluyendo los dos casos en los cuales el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero. El motivo alegado por el magistrado de la suprema corte es el siguiente: Sergio Moro, como juez, nunca debió haber juzgado a Lula, porque el caso que presentó el magistrado de Curitiba no tenía un nexo con la empresa paraestatal Petrobras. Al hacerlo, todo el panorama político brasileño comenzó a transformarse, con repercusiones y reacciones significativas en América Latina y en el mundo. En efecto, a raíz de esta decisión, el expresidente Lula vuelve a gozar de derechos políticos plenos, lo que le permitirá ser candidato a la presidencia de la República el año próximo contra Jair Bolsonaro.
Este acto jurídico dejo incrédulos, incluso a los propios jueces de la corte. En efecto, el juez Gilmar Mendes, un crítico de la operación, tenía pensado programar dentro de las próximas semanas el juicio sobre la falta de imparcialidad de Sergio Moro, que desembocaría también en la anulación de los procesos en contra de Lula. Al pronunciarse de esta forma, los magistrados de la corte suprema también se pronunciarían sobre el fondo del caso contra Lula, en particular sobre las numerosas ilegalidades del proceso en su contra. En este sentido, la decisión del juez Edson Fachin debería verse mucho más como una maniobra político-jurídica para evitar la ruina jurídica y moral total de Sergio Moro, que como una acción jurídica discutible para permitir que un político corrupto escape de la justicia.
No obstante, el proceso jurídico de Lula todavía no ha acabado. La procuraduría general de la República de ese país apeló la decisión del magistrado Fachin. Por ende, este último pidió al pleno de la suprema corte que se pronuncie al respecto, a pesar de que en términos estrictamente jurídicos no debería ser el pleno que se encargue de ello, sino el colegiado de cinco jueces que están analizando el caso de Lula. En este momento, no hay fecha para que el presidente de la corte, Luiz Fux, someta a votación este pedido de su colega Edson Fachin, pero se espera que ocurra en breve.
De cualquier manera, el hecho político ya está consumado. Es así como la prensa internacional lo ha presentado. No es para menos. Después de años de una espiral sin fin de malas noticias, Brasil tiene por fin una buena: existe una oposición al presidente Jair Bolsonaro, y a sus políticas asesinas. Esto se vuelve imprescindible, en un momento en el que la pandemia está fuera de control en ese país. El pasado lunes, Bolsonaro cambió por cuarta vez de ministro de Salud, en medio de los peores registros de muertes desde el principio de la pandemia. Sin embargo, a pesar de ello, el nuevo secretario a cargo ya anunció que seguirá respaldando las orientaciones negacionistas y contrarias a la ciencia, impulsadas por el actual presidente de extrema derecha.
Según proyecciones de especialistas, si Brasil no hace nada para aumentar la vacunación de la población y llevar a cabo políticas sanitarias que impidan la propagación del virus, es posible que a mediados de este año más de medio millón de brasileños hayan perdido la vida. Hace pocos días, Bolsonaro anunció la compra de varias decenas de millones de vacunas. Pero todavía falta que éstas sean producidas, y sobre todo que sean distribuidas y aplicadas en todo el territorio brasileño. Si la pandemia sale de control en Brasil, este país se transformará en un peligro para todo el planeta, empezando por sus vecinos en América del sur. De ahí la importancia de tener un líder que sea capaz de responder a Bolsonaro, de exigirle respuestas concretas a la tragedia sanitaria que vive Brasil, y de darle un horizonte esperanzador a este país.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

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