Colas interminables, escasez de medicamentos, falta de personal, trato grosero o inadecuado, esperas de meses para realizar un ultrasonido o algún otro examen, posposición de operaciones urgentes, hospitales construidos pero no equipados, en suma, crisis del sistema nacional de salud.
Un día sí y otro también se sabe de los innumerables problemas que afronta la población que acude al Seguro Social, al ISSSTE o a los hospitales y otras instalaciones de la Secretaría de Salud. Y si eso ocurre con quienes tienen acceso a los servicios de esas instituciones, es cosa de imaginar la situación de quienes ni siquiera disponen de un consultorio más o menos cerca del lugar donde viven.
Si bien se dispone de eficaces programas de vacunación, los que han suprimido o reducido drásticamente enfermedades como la poliomielitis, la viruela y otras, lo cierto es que el país enfrenta nuevos padecimientos que son producto de eso que tan malamente se llama modernidad, pues todos vivimos sometidos a la contaminación generada por el exceso de automóviles, el pésimo sistema de transporte colectivo, la neurosis que acompaña la lucha diaria por el pan, el estrés que produce la vida urbana con sus exigencias y otros factores.
Desde hace varias décadas ha venido aumentando la expectativa de vida, lo que a su vez genera nuevos retos para el sistema de salud, pues se han hecho comunes diversos males –las llamadas enfermedades de la vejez– que antes eran propias de una parte mínima de la población y hoy se han generalizado, como ocurre con la desmemoria, la osteoporosis y diversos padecimientos.
Si a todo lo anterior se agrega el abandono de varios sexenios en que se toleró el incumplimiento laboral y la corrupción, podemos concluir que el sistema mexicano de salud está en una profunda y extendida crisis a la que deben dar respuesta las instituciones del ramo.
Por supuesto, no es cosa de culpar al actual gobierno por el estado que guarda el sistema de salud, pues las deficiencias se fueron acumulando por décadas ante la indiferencia de quienes gobernaban. Pero en cualquier caso, el problema existe y las instituciones están obligadas a hacerle frente.
Como botones de muestra podemos mencionar que en el IMSS se descubrió una compra de guantes de látex con 174 millones de pesos de sobreprecio, lo que equivale al alquiler de 418 ambulancias durante todo un año. En el ISSSTE, el director de Normatividad de Administración y Finanzas, Pedro Mario Zenteno, reveló que se adquirió el antibiótico anfotericina B inyectable a un precio diez veces más caro que en el mercado. No menos grave es que en el primer trimestre de este año, 96 de los 114 proveedores del IMSS han incumplido los contratos firmados, lo que explica el desabasto que agobia a los derechohabientes.
Por otra parte, el ISSSTE se halla en espera de la formal entrega de 200 obras, lo que comprende hospitales, clínicas y trabajos de ampliación que representan 642 millones de pesos. Alguien se preguntará por qué no se procede contra los contratistas incumplidos y los empleados coludidos en manejos irregulares. En el caso de los primeros simplemente se han rescindido algunos contratos. Cuando hay personal del Instituto involucrado, suele aparecer el fantasma de la justicia lenta que, como se sabe, no es justicia, como ocurre con seis funcionarios del ISSSTE de Nuevo León que autorizaron el funcionamiento de una guardería sin las indispensables condiciones de seguridad.
En fin, que la lista de problemas parece interminable. Sin embargo, por primera vez en muchos años, el IMSS y el ISSSTE están dirigidos por funcionarios sin cola que les pisen y con la necesaria decisión para barrer el tiradero que dejaron sus antecesores.
Por supuesto hay diferentes enfoques. Por citar un caso, el líder de la FSTSE, el economista Joel Ayala, negó que el ISSSTE esté en crisis (su pasivo financiero es de 19 mil millones de pesos), pues sus reservas son de casi cien mil millones. Sin embargo, el presidente López Obrador aceptó que hay un déficit, pero agregó: “No hay crisis que no se pueda enfrentar”. Qué bueno que esa sea la voluntad del gobierno, pues hay que preservar el sistema de salud en las mejores condiciones de –sí, exactamente—de salud.