A mediados de 1992, cuando promovíamos la formación de El Sur, elaboramos una Declaración de Principios que contenía los fundamentos en que se basaría el tipo de periodismo que nos proponíamos practicar.
Y esto fue lo que escribimos:
“Creemos en la necesidad de un auténtico Estado de derecho; en la democracia participativa basada en el pluralismo político, el debate público de las ideas, la tolerancia, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, el respeto al sufragio y la separación y equilibrio entre los poderes; la igualdad de oportunidades y la justicia social; el respeto a las garantías individuales, a los derechos humanos y la dignidad de las personas; el cuidado del entorno y la preservación de los recursos naturales; la libertad de creencias y de cultos”.
Y también que “fomentaremos… la crítica a las prácticas que atentan contra las virtudes cívicas y debilitan los fundamentos de la sociedad, como la corrupción, el cohecho, el fraude, el mal uso de los recursos públicos y el abuso de autoridad”.
Y finalmente sosteníamos que como parte del mundo de las empresas mercantiles, la nuestra “reivindica la necesidad de que exista una auténtica libertad de empresa en Guerrero y en el país, pero entiende esa libertad acompañada de una clara vocación social. Una empresa ajena a las prácticas especulativas, que valore las inversiones productivas, que conciba a sus trabajadores como personas dotadas no sólo de obligaciones, sino también de derechos, y que entienda que su fortalecimiento y desarrollo tendrá bases firmes y duraderas en la medida en que simultáneamente se fortalezca y desarrolle la sociedad civil de la cual forma parte y en la cual despliega sus actividades mercantiles.
Y concluíamos que esta reivindicación de la libre empresa no nos lleva “a proponer que el Estado abandone sus responsabilidades regulatorias y subsidiarias, pues ello supondría el imperio sin freno de las leyes del mercado, y por consiguiente la desprotección tanto de la nación frente a otras más poderosas como de los grupos más débiles de la sociedad mexicana”.
Ahora que comienza un nuevo e histórico periodo en la vida política del país reafirmamos nuestro compromiso con esos principios, y hacemos notar sus similitudes con el programa del gobierno de la República que se inauguró este sábado 1 de diciembre de 2018.
La ausencia de un auténtico Estado de derecho y la aplicación de una política económica que ha vuelto más ricos a los ricos y más pobres a los pobres están detrás de la ola de violencia criminal que afecta a los guerrerenses desde hace ya 13 años. Decenas de miles de asesinados o desaparecidos desde entonces, familias y comunidades enteras quebrantadas en las zonas rurales, en decenas de cabeceras municipales y en las principales ciudades del estado han creado una crisis humanitaria que pone en peligro la estabilidad política y la vida en sociedad.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a poner fin al modelo neoliberal que propicia la polarización social. Y en su estrategia que llama de pacificación del país ha puesto en el centro no solamente la controvertida formación de una Guardia Nacional bajo el mando del Ejército, sino también el combate a la corrupción en las instituciones públicas, la creación de empleos bien pagados y la aplicación de programas sociales para los más pobres, que en Guerrero son casi la tres cuartas partes de la población.
Nunca en sus más de 25 años de existencia El Sur había tenido tantas coincidencias con un gobierno. Y eso se va a notar en nuestra cobertura, porque por supuesto vamos a destacar todas aquellas decisiones de gobierno que apunten a la transformación “profunda y radical” del país anunciada por el presidente en su discurso de toma de posesión, y con la cual estamos de acuerdo.
Pero no será la nuestra, por supuesto, una cobertura propagandística, ni tampoco ocultaremos los problemas ni haremos la vista gorda ante eventuales traiciones al mandato de los electores. Basados en las reglas del periodismo profesional e independiente, privilegiaremos el dato duro y el contexto, y no incurriremos en coberturas tendenciosas, de nuevo como lo establece nuestra Declaración de Principios.
En sus cinco lustros, El Sur ha dado un amplio espacio a los movimientos sociales independientes de los gobiernos priistas o perredistas, incluidos los más radicales. Y también han tenido un lugar destacado las actividades de partidos y personajes del campo de la izquierda, que han ocupado posiciones de poder en el estado y que ahora lo harán también en el ámbito federal.
Tenemos ya la experiencia de cómo mantener la independencia ante gobiernos no priistas, y creemos que hemos salido avante. Pero pese a la alternancia, no ha habido cambios de fondo en las relaciones políticas en Guerrero, pues de lo contrario no habría ocurrido la barbarie de Iguala, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y asesinados tres más.
Por eso le tomamos la palabra al presidente López Obrador de que su llegada al principal cargo político del país no es solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, que entendemos como uno en el que, lejos de restringirse, se ampliarán las libertades democráticas.
Un régimen en el que habrá un irrestricto respeto a las libertades de prensa y expresión –como se ha comprometido el presidente– y en el que debe haber nuevas relaciones entre el poder y los medios basadas en la transparencia.
La información es un bien público y en un régimen democrático debiera florecer un periodismo de calidad que no subordine sus coberturas a intereses mercantiles.
Que así sea. Aquí estamos.