Esthela Damián Peralta

Hay una frase de Desmond Tutu que suele incomodar porque obliga a definirse: “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela nos coloca precisamente frente a ese dilema. Cuando una potencia decide recurrir al uso de la fuerza en el territorio de otro Estado, no estamos frente a un episodio aislado, sino ante un acto que pretende colocarse por encima del derecho internacional.
América Latina conoce bien este guión. Desde diferentes lati-tudes lo hemos vivido una y otra vez. Cambian las justificaciones –seguridad, combate al narcotrá-fico, estabilidad regional–, pero el fondo permanece intacto: la idea de que algunos países pueden decidir unilateralmente sobre el destino de otros. Esa lógica, además de anacrónica, es profun-damente peligrosa. Socava la arquitectura jurídica internacional construida precisamente para evitar que la fuerza sustituya a la norma.
En estos días recordaba el poema El sur también existe de Mario Benedetti, que pone sobre la mesa la persistente asimetría entre quienes ejercen el poder y quienes, desde el sur, sostienen su posición en la dignidad, la memoria y el apego a principios que no pueden ser desplazados por la fuerza. No es solo poesía, sino memoria histórica de nuestra región.
La intervención en Venezuela no puede analizarse desde simpatías o antipatías personales hacia un gobierno en particular. Ese enfoque, aunque frecuente, es un atajo cómodo y equivocado. Lo que está en juego es algo más profundo: la soberanía de los estados, el principio de autodeterminación de los pueblos y la vigencia del derecho internacional. Cuando un Estado recurre al uso de la fuerza sin el respaldo de los mecanismos multilaterales previstos en el derecho internacional, se debilita el marco que busca garantizar que la legalidad prevalezca sobre la imposición.
En este contexto, resulta relevante la postura que ha asumido el gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbuam, a partir de la cual, condena el uso de la fuerza, rechaza cualquier intervención militar y reafirma que la Carta de las Naciones Unidas no es una recomendación política, sino una obligación jurídica. México ha reiterado que los conflictos entre Estados deben resolverse por la vía pacífica, mediante el diálogo y los mecanismos multilaterales, y que ningún interés, por legítimo que se pretenda, justifica violentar la soberanía de otro país.
Esta posición se basa en la co-herencia histórica y responsabi-lidad jurídica. Nuestra región sabe lo que ocurre cuando se normaliza la intervención externa. Las expe-riencias demuestran que las accio-nes militares no traen democracia ni estabilidad duradera; traen frag-mentación institucional, violencia prolongada, desplazamientos for-zados y heridas sociales que tardan generaciones en sanar.
También preocupa la ligereza con la que, en ciertos espacios, se discuten estos hechos, como si hablar de intervención militar fuera un ejercicio técnico o incluso distante. No lo es. Cada operación militar tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de personas. El derecho internacional existe precisamente para poner límites al uso de la fuerza y para impedir que el orden global se rija por la ley del más fuerte.
La Presidenta Claudia Shein-baum ha sido clara al señalar que la cooperación entre países no puede confundirse con subor-dinación. México apuesta por el multilateralismo, por la solución pacífica de las controversias y por la paz como principio rector de su política exterior. Esa apuesta cobra especial relevancia en un contexto internacional donde resurgen tentaciones de resolver los conflictos mediante el poder militar.
Las acciones militares ejecutadas en Venezuela constituyen un hecho de especial relevancia para la región. Frente a ello, México ha expresado su condena y rechazo a toda intervención armada realizada de manera unilateral, por resultar incompatible con los principios establecidos en el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Defender hoy la soberanía supone reafirmar que el orden interna-cional descansa en reglas que no pueden ser desplazadas por decisiones adoptadas al margen de los mecanismos multilaterales.
Recordar que el sur existe con la misma dignidad que el norte, no es un gesto poético, sino una afirmación política y jurídica: significa rechazar que la fuerza sustituya al derecho y que la imposición prevalezca sobre el diálogo.
Nos leemos el próximo martes.

@EsthelaDamian