“Las elecciones de 2018 empezaron en el Estado de México”, advierte Alberto Barranco en un libró ya citado en este espacio: El infierno electoral. El fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018, (Grijalbo, 2018, p. 15). Si Barranco ésta en lo correcto, entonces la advertencia que hizo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre un tigre, tiene sentido.
En 1911, al ser obligado a dejar un poder presidencial que había ejercido por treinta años, el general Porfirio Díaz sentenció: “Madero ha soltado al tigre, ahora veremos si puede controlarlo”. En realidad, el tigre de la guerra civil que asoló entonces a México, no lo soltó Francisco I. Madero sino el propio Díaz. Tres años antes el dictador dijo que ya no se reelegiría, que la oposición era bienvenida y que México estaba listo para la democracia. Sin embargo, en 1910 Díaz intentó una reelección más –la séptima– pero ya le fue imposible hacerse tolerable. Y no, Madero no pudo controlar a la fiera que el dictador soltó.
En su reunión con banqueros, Andrés Manuel (AMLO) recordó a ese tigre, teniendo en mente las tramposas y fraudulentas elecciones del 2006, 2012 y las locales del año pasado. Por eso advirtió: “Si se atreven a hacer un fraude electoral… a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente”.
En el planteamiento anterior estaba implícito algo que los adversarios del tabasqueño no le han querido reconocer: que tras el “haiga sido como haiga sido” del ascenso de Felipe Calderón a la presidencia en 2006, el tabasqueño logró dirigir hacia la toma pacífica y temporal del Paseo de la Reforma, la frustración de quienes no aceptaron la legitimidad del supuesto triunfo del PAN. El tigre amenazó entonces con salir, pero fue el propio AMLO quien a tiempo le cerró la puerta. Si esta vez el tigre reapareciera, quien lo habrá soltado será el mismo que ya lo hizo en 1910, en 1952 o en 2006: el gobierno. Y esta vez el gobierno tendrá que hacerse responsable de las consecuencias. Recordar hoy lo dicho por Díaz hace 107 años es advertir al gobierno, a su partido y a los organizadores de la elección en puerta, que deben evaluar las posibles consecuencias negativas de repetir a nivel nacional lo que acaban de hacer en el Estado de México.
¿Y por qué pensar en un posible fraude el 1° de julio? Pues justamente porque el que acaba de ocurrir en el Estado de México tuvo éxito, y porque los recursos para una operación similar ya están disponibles. Empecemos por esto último. En la revista Proceso, (11/03/18), Carlos Acosta entrevistó al doctor Juan Moreno Pérez –un especialista en programación financiera– en relación a la naturaleza y el objetivo de un mecanismo financiero desarrollado por la Secretaría de Hacienda (SHCP). Se trata del famoso, y no por buenas razones, Ramo 23 del presupuesto federal. Dentro de este ramo hay un Fondo de Fortalecimiento Financiero o FFF, de reciente creación, y que ha servido a la SHCP para canalizar a su discreción, pues en la práctica no da cuenta de ello a nadie, miles de millones de pesos a zonas tan obscuras como las empresas fantasmas que recientemente descubrió el gobierno de Chihuahua, y que sirvieron para canalizar millones de pesos al PRI para financiar sus campañas estatales.
De acuerdo con el Dr. Moreno, la SHCP de Luis Videgaray introdujo el FFF en el dictamen del presupuesto de egresos de 2016 y lo dotó con mil 481mdp, pero al final las erogaciones por tal concepto fueron ¡62 mil 258 mdp! Al año siguiente el milagro volvió a repetirse: un monto original de 3 mil 243 mdp en el FFF terminó por convertirse en una erogación por 55 mil 482 mdp. Y esa vez el responsable del prodigio ya no fue Videgaray sino su sucesor y actual candidato presidencial del PRI. Habrá que esperar a ver qué sucederá con el FFF del 2018. En cualquier caso, el uso de tamañas sumas se hace sin que el Congreso, que teóricamente debería de aprobar y supervisar al FFF, se dé por enterado. Lo único que los ciudadanos podemos saber a ciencia cierta, es que el mayor monto de esos fondos fue asignado al Estado de México –15 mil 725 mdp entre 2016 y 2017–, justo el estado examinado por Barranco y sus colaboradores.
Y uno de esos colaboradores es Eduardo Huchim, que ejemplifica con las elecciones mexiquenses la verdad de su rotunda afirmación: “[e]l principal problema de la democracia en el mundo es el dinero, en especial el financiamiento a los partidos y a las campañas” (p. 193). Huchim examina las cuatro vías por las cuales se introdujeron enormes sumas de dinero público a la campaña del 2017 en el Estado de México y lograron que un tercer miembro de la familia Del Mazo sea hoy gobernador de los mexiquenses: 1) la avalancha de recursos humanos y materiales vía los programas sociales, 2) los subsidios federales legales pero inequitativos, (en seis años sumaron 357 mil mdp), 3) las trasferencias ilegales del gobierno federal al estatal (un pago del gobierno central al local de 50 mdp terminó en 3 mil 600 mdp) y 4) los fondos municipales desviados a la campaña. Y desde luego, hay que contar los recursos privados, al estilo de Odebrecht (pp. 193-215).
Como Meade ya anunció que piensa seguir el ejemplo del PRI mexiquense para triunfar, entonces ¿quién realmente plantea soltar al tigre?

www.lorenzomeyer.com.mx
[email protected]