Al no existir ya un poder central que equilibre, modere y ponga orden, los gobernadores están literalmente desatados. Para confirmarlo, basta ver el endeudamiento monstruoso de los estados, la prepotencia frecuentemente criminal de sus gobernantes y el latrocinio descarado e ilimitado.
En las entidades federativas, cada gobernador obra a su antojo, sin freno ni contrapeso. La división de poderes, siempre lejos de la realidad, es ahora un pretexto para el saqueo, y para muestra ahí están las percepciones navideñas de “nuestra” clase política, cantidades estratosféricas que se suman a las no menores percepciones habituales.
Si el poder es porque puede (Jesús Reyes Heroles dixit), los gobernadores actúan según su leal saber y entender, y como el entendimiento es materia escasa, más bien obran movidos por sus ambiciones de dinero y de más poder, y las excepciones como nunca confirman la regla. Una clase política en plena descomposición se mueve en espera de recompensas materiales e inmediatas.
Lo que hoy presenciamos en el estado de Morelos es otra puesta en escena de un obra que vimos hace algunos años, cuando Vicente Fox, con poder y dinero público que usó en forma irresponsable y antipatriótica, organizó, dirigió y pagó el golpe contra quien era jefe de gobierno del Distrito Federal, a quien el Congreso de la Unión, en contubernio con el Ejecutivo y ante el silencio cómplice de la Suprema Corte, quitó el fuero a Andrés Manuel López Obrador con el fin de dejarlo inerme ante un eventual intento de destitución que no se ejecutó porque aquel presidente desleal y sus diputadetes entendieron que habían ido demasiado lejos.
Tratándose de personas y personajes públicos, esa falta de respeto por sí mismos es una de las vergüenzas de nuestra historia reciente. Pero hay algo peor: si los poderes federales fueron capaces de una canallada tal, ahora cualquier sátrapa estatal se siente capaz de hacer lo mismo y emplear procedimientos similares, sobre todo dinero, pues ya se sabe que bastan treinta monedas para comprar a un Judas.
Lo que hoy ocurre en Morelos es una ofensa más a todos los mexicanos. La intentona para quitar a Cuauhtémoc Blanco de la alcaldía de Cuernavaca es un nuevo golpe a la siempre endeble democracia que nos hemos podido dar. Se objeta al que fuera brillantísimo futbolista porque dicen –sin pruebas– que aceptó la candidatura a cambio de una gruesa suma y que se la ofreció un partido cuyo único objetivo era conservar el registro electoral y los beneficios económicos que de eso se derivan, lo que no es delito.
Se critica la vida que ha llevado el deportista fuera de las canchas, disgusta a los oídos castos su lenguaje, pero él y nadie más es el presidente municipal que eligieron los ciudadanos cuernavaquenses. El centro de la ofensiva contra Blanco es que no llenaba los requisitos para ser candidato a alcalde, pero lo cierto es que la autoridad electoral de Morelos dio su aprobación a la candidatura  y luego constató su triunfo en los comicios cuya legalidad no había puesto en duda.
Ahora el Congreso local pretende destituirlo en una operación que huele a cochupo. Por fortuna, la Suprema Corte en dos ocasiones ha ordenado detener el proceso. Cuauhtémoc ha señalado que tras la maniobra están Graco Ramírez, gobernador (es un decir) del estado, y su hijastro, Rodrigo Gayosso Cepeda, aspirante a suceder al padrastro, quien impuso al hijo de la esposa como presidente del PRD estatal. Además, Gayosso tiene una muy difundida fama de coyote, pues con su intervención se conceden los contratos de obra pública del estado y, según varias publicaciones periodísticas, cobra un buen porcentaje de esas operaciones, ante lo cual la dirigencia nacional del corrupto PRD se mantiene calladita.
Con el fin de ganar clientela para el negocio familiar, este Gayosso quiere dar muerte –así sea civil– al ahora presidente municipal de Cuernavaca, o por lo menos someterlo a tormento, no quemándole los pies, sino las alas, pues ante el desastroso gobierno de Graco Ramírez, la popular figura de Cuauhtémoc Blanco emerge como un eventual candidato a la gubernatura.
No parece que la sentencia de la Corte vaya a cocinarse pronto, y aunque existe la posibilidad de que los togados se quieran lavar la cara descalificando el intento de destitución, Graco y sus compinches perredistas deben estar cabildeando para que, a cualquier precio, gane el primer hijastro de Morelos. ¿Y el voto popular? ¡Bien, gracias!