EL-SUR

Martes 30 de Noviembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

El trato con los malosos

Humberto Musacchio

Agosto 29, 2019

 

En Coatzacoalcos, el pasado lunes, un comando armado entró en un centro nocturno, ametralló indistintamente a quienes estaban en el lugar, lanzó bombas molotov e incendió el local con un saldo de 22 muertos y decenas de heridos de bala o de lesionados por el fuego. El mismo día, en Colima, otro grupo hizo disparos contra la Fiscalía del estado, causando sólo daños materiales. En Coyuca de Catalán, Guerrero, la noche de lunes a martes, se produjeron tiroteos entre dos pandillas, lo que orilló a suspender clases en las escuelas de la localidad.
En la República, de enero a julio, dos mil 173 mujeres fueron asesinadas, 114 de ellos en Veracruz, 53 en el estado de México y 36 en Puebla, mientras que en Morelos, durante los diez meses de “gobierno” de Cuauhtémoc Blanco aumentaron 113 por ciento los feminicidios, de acuerdo con datos del Sistema Nacional Seguridad Pública.
En la calle Monte de Piedad de la ciudad de México, esto es, en pleno Zócalo, un par de delincuentes se introdujeron en una joyería, sometieron al personal del establecimiento y salieron cargados de piezas de oro y joyas, pero la moto en que pretendían huir no arrancó y fueron detenidos.
Así, entre lo trágico y hasta lo chusco transcurre la vida nacional, en medio de una violencia que los órganos del estado no pueden contener, pese a un inmenso gasto. Ante tan triste panorama, doña Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y uno de los subsecretarios, decidieron establecer contacto con diversos grupos armados, buscando otros caminos para la pacificación del país. Sin embargo, de las alturas llegó la condena fulminante: ¡No se negocia con criminales!
Y suena bien eso, pero no responde a las necesidades de la sociedad y del poder, porque los funcionarios públicos invocan la ley y a veces hasta la acatan, pero frecuentemente optan por caminar al margen de la norma y aun contra ella. De ese modo se gobierna, así se ha gobernado siempre, como lo sabe quien conozca algo de historia o haya leído a Maquiavelo.
La autoridad trata severamente a los ciudadanos que violan las disposiciones legales, aunque suele ser muy generosa con ella misma. En otros casos se muestra bondadosa, maternal, y hace a un lado el cumplimiento de la legalidad para prevenir mayores sobresaltos, como ocurrió hace unos días con la negativa del gobierno a perseguir y castigar a los provocadores que desataron la violencia y el vandalismo para reventar la manifestación feminista.
En los últimos meses se han producido varias agresiones contra miembros del Ejército Nacional o de las corporaciones policiacas, que se ven impedidas de cumplir con su deber porque tienen órdenes de no emplear sus armas, de no obligar al cumplimiento de la ley. De modo, pues, que la aplicación de la ley es un saco sobre medida que los gobernantes acomodan a su conveniencia, para lo cual apelan a la necesidad de mantener la paz social o justifican su inacción en las más peregrinas “razones”.
Desde hace varios sexenios sabemos que las instituciones han sido rebasadas por la delincuencia, pero se insiste en las mismas respuestas fallidas. Dizque se moraliza a una u otra corporación o se crean nuevos organismos policiacos, los que acaban en fracaso rotundo porque son dirigidos por los mismos de siempre, con similares métodos y una notoria ausencia de técnicas adecuadas.
Pero la principal razón de esos fracasos es de índole política. En el centro de la actividad criminal están las bandas de narcotraficantes, y frente a ellas, a los gobernantes sólo se les ocurre emplear la violencia, y no siempre. Y así, mientras que en otros países –destacadamente Estados Unidos—se legalizan las drogas, aquí existe una cerrazón brutal de autoridades y legisladores ante cualquier intento de despenalizarlas.
Negociar con los grupos armados, sean criminales o de autodefensa, no es mera ocurrencia de uno u otro funcionario. Es un imperativo vital para avanzar hacia la paz y para que los ahora delincuentes, una vez que dejen las armas, se beneficien de una amplia amnistía, inviertan sus fortunas en actividades legales y ellos y sus familias tengan un lugar en la sociedad.
La guerra contra las drogas ya la perdieron varios gobiernos. Intentemos por lo menos salvar al Estado.