La semana pasada, en Lima, Perú, el ex presidente de ese país, Alan García, se suicidó en su casa momentos antes de que la policía ejecutara una orden de arresto por corrupción en el caso Odebrecht. Esta muerte totalmente inesperada, inclusive para los propios familiares del ex presidente, no únicamente tuvo un impacto muy profundo en Perú, sino que su impacto se sintió en toda América Latina. Con la aparición de la operación Lava Jato en Brasil, y sus posteriores extensiones en el resto de la región, la agenda anticorrupción ha ido ganando terreno, hasta transformarse en uno de los principales ejes de la política latinoamericana. Varios ex presidentes han sido enjuiciados y encarcelados, de Guatemala a Brasil, pasando por El Salvador, Panamá y Perú, por motivos no siempre tan claros como se podría suponer en un primer momento. Cuando esa agenda anticorrupción irrumpió en el debate público, la mayoría de los medios de comunicación celebraron este activismo judicial, así como buena parte de la sociedad civil. Se decía que, por fin, la impunidad de los políticos llegaría a su fin, y que una nueva generación de jueces y magistrados estaría allí para hacer valer la ley ante cualquier circunstancia.
En Brasil, donde nació la operación, esta ofensiva tuvo un impacto enorme. Desde el principio, los magistrados a cargo de la operación Lava Jato dejaron claro que su objetivo era atacar al Partido de los Trabajadores, en aquel momento en el poder. En efecto, sus pesquisas sobre corrupción política empezaron en 2003, es decir cuando empezó el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. Estas investigaciones poco a poco fueron desmarañando un esquema de corrupción que asociaba a actores políticos, junto con intermediarios y empresarios corruptos, por la vía de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones para financiar campañas electorales y el bolsillo de buena parte de estos individuos. Sin embargo, buena parte de las personas involucradas en estos arreglos turbios dejaron claro, durante los interrogatorios como a través de la presentación de transacciones financieras, que estos actos de corrupción existían desde hace décadas en Brasil, y que en los hechos surgieron durante el periodo de la dictadura militar (1964-1985). Sin embargo, los procuradores a cargo de la investigación, en particular Deltan Dallagnol, ignoraron este hecho, para focalizarse en el PT y en la mayoría de los partidos de la coalición gubernamental de Lula.
Para llevar a cabo este objetivo, los procuradores y el juez a cargo de la investigación, Sergio Moro, se valieron de los medios de comunicación para ganar el apoyo de la opinión pública, e imponer sus mecanismos de funcionamiento de la justicia –mecanismos muchas veces ilegales. Dilma Rousseff, que era en ese momento presidenta de Brasil, no disponía de la capacidad política de gestionar su coalición. Por otro lado, al dejar que Sergio Moro y su equipo actuaran con total libertad, Rousseff permitió que se construyera un sistema de poder paralelo que no le rendía (ni le rinde al día de hoy) cuentas a nadie, incluido al propio poder judicial. De esta manera, con el telón de fondo de la lucha contra la corrupción, Dilma Rousseff fue destituida en 2016, y dos años más tarde, Lula fue encarcelado, pocos meses antes de la elección presidencial en la cual hubiera sido electo en primera vuelta. Pocos días después de la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, Sergio Moro fue nombrado ministro de la Justicia de Bolsonaro.
En el resto de América Latina, este escenario de politización de la justicia se ha ido repitiendo. En particular, Perú ha sido el caso de numerosas operaciones político judiciales, que han desembocado en el arresto de no menos de 4 ex presidentes de la República. Junto con Brasil, se trata del país en el cual la operación Lava Jato tuvo mayor impacto. Pero como en este país, la justicia también no está exenta de críticas: recientemente, se descubrió que el propio presidente de la Corte Suprema de Perú estaba involucrado en actos de corrupción. Es en esta perspectiva que debe entenderse el suicidio de Alan García: como una reacción, seguramente desesperada, de un miembro eminente de la clase política peruana y latinoamericana ante lo que se puede entender como un poder judicial inquisitorial y sin control.

Twitter: @Gaspard_Estrada

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Lati-na y el Caribe (OPALC), con sede en París.