Las celebraciones patrias se significaron por la luz, por el regocijo y la alegría, la música, pero especialmente por el silencio que obliga a la reflexión, al análisis y a replantearse todo, desde metas, estrategias y acciones por llevar a cabo. La imagen del Zócalo de México sin gente queda para la historia y para la memoria porque difícilmente es una escena que se volverá a repetir, con todo su significado y su dolor.
La plaza de la Constitución se asocia al Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, al poder civil y religioso que todo lo puede, pero que en la penumbra de la noche y el silencio se volvió enigmático y doloroso.
Enigmático –por todo lo que significa el cambio propuesto e impulsado por la 4T– y doloroso –por todos los abusos cometidos al amparo del poder, político y económico– por los problemas vinculados a la violencia, la inseguridad, la pandemia del Covid-19, la pobreza y marginación de tantos millones de mexicanos, rezagados y condenados a un destino que ninguno merece, por incapacidad e irresponsabilidad de gobernantes en los últimos casi 50 años.
Si ya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador resalta por su triunfo en las elecciones presidenciales de 2018 con la votación más alta de la historia, también porque la pandemia del Covid-19 obligó a detener la marcha y profundizar en los cambios ya iniciados y, como añadido, un “grito” caracterizado por el silencio de un Zócalo sin pueblo y un grito “sin vivas”.
Las sorpresas no cesan, el mundo y México cambian y todo se percibe para bien, porque el pasado que muchos añoran garantizaba cada vez más fracaso. En este sentido, México tiene un botón de muestra que suma y sintetiza todos los males políticos, económicos y sociales vividos en el país en los últimos años: la matanza de estudiantes de Ayotzinapa.
El próximo fin de semana se cumplirá el sexto aniversario de los terribles hechos de Iguala, que culminaron en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, sin que hasta el momento se conozcan avances claros en las nuevas investigaciones sobre el caso, por lo tanto, sin respuesta al reclamo de los padres y familias de los estudiantes, que desde entonces claman por la verdad y la justicia.
El intento del anterior régimen de cerrar el problema con una “verdad histórica” lo exhibió en su corrupción e incapacidad. La Fiscalía General de la República abrió el caso y, seguramente, un instrumento relevante será el reciente reconocimiento que el gobierno de México ha hecho de la competencia en nuestro país del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, ratificado por el Senado de la República, con lo cual el escrutinio de la organización internacional ayudará a revelar lo qué pasó y quiénes son los verdaderos responsables, no sólo en este caso, sino en otros muchos que han ensangrentado al país.
Las autoridades federales han adelantado que en el aniversario darán a conocer un informe público de los avances sobre Ayotzinapa, que ojalá sea sustantivo. Mientras ello ocurre, otras emergencias nos ocupan.
En materia sanitaria, no habían pasado ni dos semanas justas de que el semáforo epidemiológico ante el Covid había pasado del color naranja al amarillo, cuando el gobierno estatal se vio obligado a anunciar su marcha atrás, ante nuevos embates del coronavirus.
El optimismo fue apresurado, pues si bien se había logrado la reducción del ritmo de contagios y del número de defunciones, la liberalización de las restricciones generó un muy acelerado rebrote. Si bien los fallecimientos se han mantenido más o menos estables, alrededor de una decena diaria en promedio, los contagios confirmados pasaron de menos de cincuenta por día en el momento del inicio del semáforo amarillo, a triplicarse y aún cuadriplicarse en las jornadas siguientes.
Finalmente se retrocedió, el semáforo es nuevamente naranja y ahora se da reversa a diversas medidas de desconfinamiento y la aplicación de restricciones más severas, sin permitir laxitud o relajamiento de las disposiciones. Eso ha ocurrido en diversos lugares del mundo, porque el virus está lejos de ser controlado y a lo largo del tiempo se presentan rebrotes.
En el caso guerrerense, que se replica en todo el país, dar luz amarilla significó que la gente abandonara las de por sí no muy rigurosas medidas y dejar de lado la sana distancia, el uso permanente de cubrebocas y evitar salir de casa salvo a lo indispensable. El relajamiento dio lugar a la apertura de bares y centros nocturnos, así como el mayor aforo en hoteles, restaurantes y lugares como los mercados y las calles concurridas del centro en la capital del estado y en el puerto de Acapulco, exhibidos por los medios como puntos en donde la gente se mezcla y convive sin la debida precaución, como si no estuviéramos en una emergencia sanitaria, con las consecuencias subsecuentes.
Ojalá que todo ello sirva para que se genere una mayor conciencia social y la gente se dé cuenta de que lo que va de por medio no sólo es su economía, sino su salud y la vida misma. Ojalá también esta vez, a seis años de la noche de Iguala, y a casi dos de que el gobierno federal actual está en funciones, se cumpla con lo prometido: avances sustantivos en la investigación y en la justicia.
El silencio en el Zócalo de la capital mexicana es uno de los testimonios más dolorosos y difíciles de la historia reciente de México y debe tener y tiene todos los significados de una llamada urgente. Es, en efecto un grito, pero no sólo de independencia, sino un grito de auxilio, de atención a que los cambios en México continúen sin retroceso, con decisión para rectificar, corregir, sancionar y mantener el pulso firme porque nadie quiere regresar al pasado. Los millones de pobres silenciados durante décadas hoy gritan en el silencio y claman por justicia inaplazable. Ojalá y los gobiernos interpreten la riqueza del silencio.