Este domingo 18 de febrero los principales partidos políticos formalizaron sus candidaturas para la Presidencia de la República. Sus candidatos rindieron protesta ante sus militantes para iniciar este proceso por la silla presidencial.
La lucha por las candidaturas entre las corrientes de los partidos políticos que se han aliado están evidenciando todas las trapacerías que han aprendido a lo largo de los años para arrebatar por la buena o por la mala los cargos en disputa. No sólo abundan los golpes bajos y los acuerdos truculentos bajo la mesa, sino también los sillazos y golpes certeros entre las diferentes corrientes para dirimir sus diferencias. Predomina en estos espacios un ambiente turbio por las luchas intestinas donde no prevalece la civilidad política sino los manotazos sobre la mesa y los cochupos entre los jefes de las tribus. Son los amarres marcados por la corrupción y guiados por las posturas pragmáticas de las cúpulas partidistas movidas por intereses facciosos que buscan colocar a quienes garanticen capacidad financiera para realizar sus campañas que redunden en votos efectivos.
A los representantes de los partidos políticos poco les importa la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Parece no afectarles el malestar que existe entre la mayoría de la población por la pésima actuación de los gobernantes que no han revertido los índices de pobreza de las mayorías depauperadas y que más bien nos seguimos sumergiendo en el pantano de la corrupción.
La población no se siente representada por los partidos políticos y mucho menos se identifica con los gobernantes y las políticas privatizadoras que impulsan. El desencanto se ha materializado en las protestas sociales, en el reclamo permanente de la población ante la inseguridad pero sobre todo ante el maridaje que se da entre los políticos y los grupos de la delincuencia organizada. Es un hartazgo que ha trastocado la vida cotidiana. En las mismas pláticas de familia y entre los grupos de trabajo predomina la descalificación por los pésimos resultados de quienes ejercen algún cargo público. La confianza se ha perdido en los gobernantes, más bien hay mucho coraje acumulado por el cinismo de quienes se han asignado sueldos exorbitantes a contrapelo de los salarios de hambre con los que sobreviven quienes tiene la dicha de contar con un empleo más o menos seguro. Los bolsillos vacíos forman parte de esa experiencia límite de las familias que no tienen un ingreso seguro para dar de comer a sus hijos. La lucha por la sobrevivencia se ha extendido no sólo en las comunidades rurales sino en las colonias populares donde la delincuencia se ha robustecido ante la falta de acciones gubernamentales que reviertan esta espiral de muerte.
Recientemente la empresa Saba Consultores realizó una encuesta política nacional entre el 4 y el 12 de febrero en la que el 65.7 por ciento de las personas encuestadas desaprueba la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, siendo el 21.7 de estas personas las que aprobaron la gestión del presidente. La calificación que le otorga el 59.5 por ciento de esta muestra es una escala que va del 0 al 5, que corresponde al rango de la calificación más bajo. En esta misma línea la calificación que predomina entre la población encuestada con relación al desempeño de los gobernadores corresponde al 50.1 por ciento del rango más bajo, siendo el 21.4 por ciento que los califica de regular y un 28.5 por ciento les otorga la calificación más alta. Este tipo de mediciones nos muestran parte de la radiografía que nos da indicadores claros de este distanciamiento entre la clase política y la sociedad civil.
Hay una fractura con los poderes establecidos, porque se han erigido en una cúpula que ha pactado políticamente para impulsar un modelo económico que se encuentra alineado a los grandes intereses de las multinacionales. Este macro poder ha sometido a los grupos políticos y más bien les ha vendido la idea de que lograrán transitar al grupo de los países emergentes que están a un paso de consolidar sus economías.
Este paradigma neoliberal ha sido asimilado por las élites políticas que se obstinan en aplicar a pie juntillas las reformas neoliberales. Los resultados están a la vista. Mayor pobreza y expansión de la violencia a lo largo y ancho de nuestro país; imposición de megaproyectos basados en el despojo y en el desplazamiento forzado; florecimiento de la economía criminal y lavado de dinero en los circuitos comerciales formales; crecimiento del crimen organizado como un poder fáctico que se infiltra entre las instituciones gubernamentales y toma el control territorial.
Con la Ley de Seguridad Interior se legaliza la militarización de la seguridad pública y se impone la fuerza como única forma para imponer el orden. Se invierte más en armamento y equipamiento militar para hacer frente al malestar social y defender los intereses de las empresas trasnacionales. Se impone el modelo de tolerancia cero a los delitos de alto impacto en Zonas Económicas Especiales como recientemente lo rubricaron los gobernadores Silvano Aureoles de Michoacán y Héctor Astudillo por parte de nuestro estado. Este convenio de seguridad es para darle certeza a los inversionistas extranjeros de que no se verán afectados en sus negocios dentro de la zona económica especial que tienen pensado crear en Lázaro Cárdenas y La Unión. Se trata de grandes proyectos en donde el capital extranjero impone sus propias reglas para instalar sus empresas en una zona blindada por el Ejército, cediendo parte de nuestro territorio y dejando en manos de estos inversionistas la administración de esta zona económica cediendo parte de nuestra soberanía. La población guerrerense sigue estando al margen de estos megaproyectos. Los habitantes que serán afectados no sólo carecen de información sino que fueron ignorados, violentando su derecho a ser consultados.
Los intereses de los grupos políticos se sobreponen a los intereses de la mayoría, por lo mismo las candidatas y candidatos están muy lejos de representar a la población que ha sufrido los estragos de un modelo privatizador que le impide a la niñez y la juventud acceder a las instituciones educativas.
En nuestro estado la mayoría de manifestaciones públicas son por el derecho a la educación. Las autoridades de la entidad han encontrado en la reforma educativa un gran pretexto para negarle a las madres y padres de familia servicios educativos de calidad. Las demandas se centran en la construcción de aulas y asignación de personal docente.
Las niñas y los niños han sido obligados a vivir en el analfabetismo. Esto mismo sucede con los servicios públicos de salud; no hay medicinas; tampoco hay dinero para construir clínicas y el personal médico es insuficiente para atender las grandes necesidades de una población que sufre los estragos de la desnutrición infantil y las enfermedades de la pobreza. Se han olvidado de invertir en el campo para incentivar la producción de granos básicos. Esta misma política es la que ha alentado el cultivo de siembras ilícitas, transformando el campo guerrerense en un territorio plagado de siembra de enervantes.
La irracionalidad de un modelo privatizador que busca acumular capital a costa de la pauperización de la clase trabajadora se expresa con toda su crudeza en los giros de la economía criminal. Nuestro estado que se ubica entre los tres más pobres del país es el que genera mayor riqueza en México por la producción de droga. El gran negocio del narcotráfico tiene como fuente de riqueza a una población extremadamente pobre que no tiene otra opción más que sembrar cultivos ilícitos. Su trabajo no sólo es extenuante y arriesgado sino que lo realiza en condiciones sumamente precarias recibiendo un pago que apenas le permite reproducir su fuerza de trabajo. Esta sobreexplotación que mantiene en condiciones miserables a las familias que habitan en comunidades rurales son las que generan el gran negocio multinacional de la droga. Las ganancias que obtienen quienes controlan todos los circuitos de la producción, trasiego y venta de esta mercancía no redundan en beneficio de las poblaciones locales, sino que amasan las grandes fortunas de quienes se manejan dentro de las órbitas de la macroeconomía.
La clase política ha llevado a este extremo de la violencia a la sociedad guerrerense, por permitir que florecieran esos negocios ilícitos tanto en la ciudad como en el campo, por ser los mismos promotores de las empresas de la economía criminal y por brindar apoyo y facilidades a las organizaciones delincuenciales para expandir su poder y enquistarse dentro de las estructuras gubernamentales. Este cáncer ha dañado todos los tejidos de la vida comunitaria por eso la violencia trunca la posibilidad de pensar en un Guerrero más seguro y justo.
En el escenario electoral no se vislumbran propuestas serias que busquen enfrentar y atacar de raíz los problemas que nos tienen atados de pies y manos. La clase política de Guerrero no está a la altura de estos desafíos, por el contrario son rehenes de sus intereses mezquinos, cortoplacistas y truculentos. Han denigrado la política y los mismos políticos se han transformado en atracadores del pueblo, en usurpadores del poder público, asumiendo un rol cercano a la misma delincuencia organizada por fomentar la corrupción y ser parte de la red delincuencial que pisotea las leyes para proteger a quienes delinquen y hacer florecer los negocios de la economía criminal.
Mucho dinero será dilapidado en las campañas electorales, habrá mucho ruido de matracas y predominarán las porras de los grupos incondicionales para crear un ambiente ficticio donde los candidatos y candidatas utilizarán el micrófono para continuar vendiendo promesas incumplidas.
La democracia electoral es insuficiente para transitar a una sociedad donde los ciudadanos y ciudadanas sean el centro de la acción política y el eje articulador de los cambios en las políticas públicas para hacer realidad los derechos fundamentales de una población desamparada que enfrenta la arremetida del crimen organizado y la amenaza de candidatos que buscan encaramarse en el poder para hacer de la corrupción un modo de gobierno.