EL-SUR

Sábado 04 de Diciembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Electricidad, razón y razones

Humberto Musacchio

Febrero 11, 2021

El diputado panista Hernán Salinas dice que la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es realmente una contrarreforma. Cabe hacerle una precisión al legislador azul y blanco, pues en todo caso se trata de una contra-contrarreforma, pues luego de la reforma de Enrique Peña Nieto, lo que se pretende es devolver al Estado su función rectora en el ramo.
En el pasado sexenio, los cambios introducidos en la legislación contaron por supuesto con el apoyo ovino de los priistas, pero también, y muy destacadamente, de la bancada del PAN en ambas cámaras, las que recibieron una verdadera fortuna en sobornos, que según lo publicado alcanzó un millón por legislador.
Gracias a la generosidad de Peña Nieto y de las bancadas del PRI y el PAN, las empresas mexicanas y sobre todo extranjeras obtuvieron condiciones de privilegio, pues se obligaba a la Comisión Federal de Electricidad a comprar toda, sí, toda la energía producida por esas firmas, lo que llegó a saturar las líneas de conducción y, por supuesto, fue motivo de apagones, uno de los cuales afectó a la tercera o cuarta parte del territorio nacional.
Como la electricidad no se puede guardar para mañana o para el mes próximo, había que darle salida sacrificando la producción de la empresa estatal. Por si algo faltara, las compañías privadas recibían subsidios del Estado por producción y otros rubros. Negocio redondo a costa de sacrificar una empresa que es propiedad de todos los mexicanos, aunque la corrupción sindical y administrativa nos haga olvidarlo.
Para los críticos de la iniciativa de AMLO se trata del primer paso para expropiar toda propiedad privada, lo que es una entera y estúpida mentira. Lo que se pretende, lo dijo el Presidente al salir de su cuarentena originada por el Covid, es poner en un plano de igualdad a la empresa del Estado y las privadas, lo que está muy lejos de implicar un exceso autoritario.
Se dice también que la iniciativa presidencial es violatoria del Estado de derecho, lo que hasta ahora no se ha demostrado; que contraviene lo dispuesto en el T-MEC, acusación que se lanza sin pruebas; y fomenta el monopolio, lo que tampoco es cierto, y si lo fuera constituiría un rescate de lo que alguna vez fue el sector eléctrico.
De acuerdo con la iniciativa de reforma, ahora la Comisión Federal de Electricidad dará preferencia al despacho de la energía que ella misma produce, y al final, si hay lugar, diríamos, se aceptará la generación privada. De modo que tendrán que revisarse los contratos entre los productores particulares y la CFE, pues en muchos casos rayan en la ilegalidad y hasta ahora han dañado la salud financiera de la Comisión.
Cuando se sobornó a los diputados panistas para aprobar la contrarreforma, se dijo que se trataba de complementar la actividad de la CFE, pero lo cierto es que se procedió a desplazarla o, lo que es peor, a ponerla al servicio no de los consumidores, sino de los negocios privados.
La reforma de marras fue la culminación de una tenaz y sucia labor de zapa que en los sexenios del neoliberalismo pasó por varias etapas, desde pequeños y grandes sabotajes a las instalaciones, el cierre de plantas hidroeléctricas por los motivos más peregrinos y por supuesto el artero golpe de Felipe Calderón contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. El resultado de esa guerra a la propiedad estatal fue que los particulares, generadores de menos de cinco por ciento de la energía en el año 2000, acabaron por producir la mitad de la electricidad del país e iban por el resto.
De modo que la reforma de AMLO lo que pretende es salvaguardar lo que resta de una industria que era propiedad de todos los mexicanos. Lamentablemente, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados resolvió invitar a los empresarios afectados y a sus abogados, lo que tendría por objeto quitarle filo a la iniciativa. Ante eso, López Obrador declaró que a la reforma no se le debe cambiar ni una coma, lo que ciertamente resulta poco comedido, pues al Poder Legislativo corresponde quitar y agregar comas y puntos a las iniciativas del Ejecutivo, pero no, hay que decirlo, a las compañías privadas ni a sus abogados. Los diputados de Morena y sus aliados tienen la palabra.