Según el Diccionario de la Real Academia, resentimiento significa acción o efecto de resentirse, y esta última palabra quiere decir “tener sentimiento, pesar o enojo por algo”. De acuerdo con las declaraciones del general Carlos Gaytán, publicadas en La Jornada el 30 de octubre, “la sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años un gran resentimiento”. A una parte de los mandos del ejército ello les inquieta y los ofende pues fueron formados con “valores axiológicos” que chocan con la forma en que hoy se conduce el país.
Si el general considera que tener pesar o enojo por la situación que vivimos resulta ofensivo, creo que no entiende o no comparte los sentimientos de muchos mexicanos. De manera contradictoria, él mismo se dice afectado por “un grupo de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero estado fallido”.
Aparentemente, entonces todos o muchos estamos enojados en este país. El problema entonces consistiría en encontrar las causas de esa molestia y sus remedios. Criticar al presidente de la república y a su gobierno forma parte de ese enojo: algunos lo están porque creen que las soluciones no son las correctas; otros porque consideran que el peso del legado que recibió no le permite al nuevo gobierno resolver las cosas rápidamente; y hay quienes están inconformes por ambas razones.
Todas estas reacciones pueden parecer naturales e incluso benéficas para fortalecer la democracia, para encontrar nuevos proyectos y afianzar los que ha dado resultados.
Lo que no ayuda es criticar la polarización política y, al mismo tiempo, dividir a los mexicanos entre buenos y malos: quienes se acogen a los valores que el general considera sólidos , y aquellos a quienes califica como pretendidos izquierdistas, acusándolos de ser responsables de las malas decisiones que ha tomado el presidente. Proclamar que existe un fortalecimiento indebido del poder presidencial y faltarle al respeto e ignorarlo como su jefe supremo, de acuerdo a los mandatos constitucionales. Llamar a la unidad nacional y vulnerarla consciente y deliberadamente con un discurso que tiene visos de amenaza. Sostener que el alto mando del ejército debe buscar la cohesión nacional y denunciar que desde las instituciones se puede llevar a México al caos. Manifestar su lealtad al pueblo de México y agitar el descontento entre la tropa y la oficialidad. En fin, ejercer la crítica no tanto para llamar a la corrección sino para que el ejército o algunos mandos tomen partido no sólo contra el presidente y el gobierno, sino también contra todos los que él considera que están enojados con la realidad nacional.
El presidente López Obrador contestó señalando que la mayoría de los mexicanos no permitiría otro golpe de estado y que no hay lugar en este país para los Pinochet, ni para el genocidio, “ni para los canallas que lo imploren”.
El tema de un golpe de estado se convirtió entonces en parte de la polémica pública. Para algunos, los opositores, se trata de una exageración, un ardid para concitar apoyos o para ocultar fallas. No ha faltado quien asegure que el presidente habló así, simplemente porque estaba enojado.
Lo cierto es que nos encontramos en una situación que requiere que ambas partes del conflicto rectifiquen. El presidente tiene que revisar sus políticas de seguridad y sus esquemas de mando y coordinación, dados los acontecimientos de Culiacán, pero es indudable que ello requiere descansar en la colaboración de los jefes y funcionarios militares. Puede y debe ser una colaboración crítica y propositiva pero es difícil trabajar con aquellos que deciden utilizar su cargo para hacerse figurar como parte de la oposición política y llamar, con razón o no, a debilitar el poder presidencial. Hay que recordar que el general Gaytán, aunque retirado, es un funcionario en activo, con un cargo en la propia Secretaría de la Defensa pues preside el Comité de Control y Desempeño Institucional según diversas publicaciones. Si el general Gaytán se siente tan incómodo, debería dejar el gobierno del que forma parte y, como ciudadano, hacer uso de todas las tribunas que quiera para asumir las posiciones que considere convenientes.
Es indudable que el gobierno tiene que replantear varias de sus políticas. Y que aún es tiempo de evitar que los errores hagan naufragar las promesas de cambio por las que fue electo. También valdría la pena reconocer aciertos, los cuales sin duda han afectado poderosos intereses. Uno ellos, por ejemplo, se dio el 15 de octubre cuando el congreso aprobó un conjunto de reformas legales para castigar y prevenir los fraudes fiscales con facturas falsas y empresas fantasmas. Se trata de una medida dura que ha sido cuestionada por organismos como la Coparmex pero que ayudará, si se aplica correctamente, a frenar el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal. Delitos que han implicado inmensas cantidades de dinero.
No ha sido la única. La reforma laboral ha lastimado intereses que habían sido intocables durante muchos años y que dieron pie a negocios sucios, los contratos de protección patronal, que han servido para engañar a los trabajadores y privarlos de sus derechos más elementales. Abogados, líderes, y autoridades laborales formaron una verdadera mafia que por su comportamiento y esquemas de operación no se quedan lejos de los que puede definirse como delincuencia organizada.
Podrían mencionarse otras reformas legislativas y políticas públicas que parecen promisorias, junto a fallas evidentes. Una de ellas, notablemente, la estrategia económica, la cual ha optado por la estabilidad macroeconómica y no por el crecimiento. Pero incluso en este caso, el reciente informe del FMI sobre la situación en América Latina, los estudios de la CEPAL y el Informe de la UNCTAD 2019 ofrecen una idea del panorama internacional adverso, de las dificultades que atraviesan casi todos los países de la región, y de la complejidad de las medidas que se requieren para salir del estancamiento.
A pesar de todos estos escollos, la crítica debe mantenerse y obligar al gobierno a un replanteamiento. No se trata entonces de elegir entre señalar los errores o la adhesión incondicional al gobierno. Por supuesto, la oposición política hará notar las fallas y casi nunca los aciertos. Pero hay una gran cantidad de mexicanos que queremos que el gobierno cumpla con lo ofrecido y cambie al país.
Esos inconformes, a los que el general llamó los resentidos de muchos años, tienen razón de ser: su enojo responde a una causa, su pesar ha surgido de un agravio sufrido: la pobreza, la falta de acceso a la educación y a la salud, la pérdida de un familiar a manos del crimen organizado, o su desaparición por la connivencia entre autoridades y delincuentes. Resultaría cansado enumerar la lista de razones que han causado su pesadumbre. Pero en las actuales circunstancias habrá que enumerarlas una por una, todo el tiempo, cada vez que se pueda, para ver si así, logramos que esa mayoría que logró llevar a AMLO a la presidencia sigua activa, se organiza y participe más.
Los resentidos son y han sido el alma de este país. Gracias a ellos, hay todavía esperanza. No merecen una condena. Hay que reconocerles, además, que en su gran mayoría, se hayan expresado de manera pacífica. No puede aceptarse, entonces, que nuestros valores, cualesquiera que estos sean, requieran el respaldo de ciudadanos impávidos ante el horror de la violencia, mudos testigos de la injusticia diaria que les priva de una vida digna.
Lo sentimos, distinguido general, pero ese enojo y, en especial la protesta social que, entre otras cosas, logró el triunfo electoral el año pasado, será la energía que conducirá la historia de esta nación. O no habrá un futuro digno para todos.

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