Desde hace unos días las calles de París están trastornadas. El olor a basura, gas lacrimógeno, y las múltiples huelgas que han paralizado a los transportes públicos de la Ciudad Luz han sido el tema de buena parte de la cobertura de la prensa internacional. Y es que la situación política del país ha entrado en ebullición desde que el presidente Emmanuel Macron decidió esquivar al Congreso para aprobar una reforma de la Seguridad Social, que aumenta la edad mínima de jubilación en el país de 62 a 64 años y es rechazada por la mayoría de los franceses.
Para lograr esto, su gobierno decidió recurrir al artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite eludir el voto del Parlamento sobre la reforma. Es la centésima vez desde 1958 que se utiliza esta controvertida herramienta constitucional. En respuesta al 49.3, el lunes, dentro del Congreso, solo faltaron nueve votos para que la oposición al presidente Macron aprobara una moción de censura capaz de derrocar a la primera ministra, Elisabeth Borne, y anular la aprobación de la reforma vilipendiada. La moción, presentada por una coalición de varios partidos, recibió 278 de los 287 votos necesarios para su aprobación. Una segunda moción de censura fue propuesta por el partido de extrema derecha Encuentro Nacional (RN) de Marine Le Pen, pero tuvo una votación menos importante, con 94 votos, ya que una mayoría de los diputados se negaron a votar con ese partido.
En las calles, la policía intervino con cañones de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes reunidos en la Plaza de la Concordia de París. Cerca de la Asamblea Nacional se encontraba también un numeroso contingente de manifestantes que enarbolaban pancartas en contra de la reforma, y en particular en contra del presidente Macron. En ciudades como Lyon, Rennes, Bordeaux, Strasbourg y Toulouse, también estallaron protestas y la policía usó gases lacrimógenos contra los manifestantes que destrozaron mobiliario público.
Esta reforma también tiene impacto en la opinión pública francesa. Una encuesta del Ifop estimó que el 78 por ciento de los franceses rechazaron el uso del artículo 49.3 para acelerar los cambios en la seguridad social. Y una encuesta del instituto Cluster 17 mostró que tres de cada cuatro franceses (74 por ciento) querían que la Asamblea aprobara la moción y derrocara a la primera ministra.
Según la encuesta, aunque este deseo era mayoritario entre los votantes del Encuentro Nacional (91 por ciento), de Le Pen y la Francia Insumisa (98 por ciento), de Mélenchon, la medida fue vista con buenos ojos incluso entre los votantes de Macron (19 por ciento).
Los números dan dimensión al desgaste del actual gobierno, que deberá enfrentar mayores resistencias a sus proyectos en la Asamblea Nacional, además de una nueva jornada de manifestaciones callejeras que han recibido adhesiones espontáneas en los últimos días.
En el Congreso, los diputados de la oposición siguen buscando alternativas para bloquear la apliación de la reforma. La presidenta de la Asamblea Nacional informó este lunes que recibió la solicitud de referéndum de iniciativa compartida (RIP, por sus siglas en francés) firmada por 252 diputados, y que fue entregada a la presidencia por el Partido Comunista Francés. El referéndum permite la organización de una consulta popular sobre un proyecto de ley a iniciativa de una quinta parte de los parlamentarios, es decir, 185 de los 925 diputados y senadores. El trámite de la solicitud es largo y complejo y comienza con su análisis, en los próximos 30 días, por un consejo constitucional. De aprobarse, necesita recoger firmas de apoyo de una décima parte del electorado, es decir, 4.87 millones de personas, para ser implementado. Si bien es una cifra considerable, la fuerza del movimiento social parece estar yendo más allá de los círculos tradicionales de la protesta en Francia.
El problema es que Macron no parece haber entendido la magnitud de lo que está sucediendo en su país. Ayer, dejó claro que no tiene la intención de cambiar de primera ministra, ni de disolver al Parla-mento, ni de cambiar de política.

* Director Ejecutivo del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada