EL-SUR

Viernes 26 de Abril de 2024

Guerrero, México

Opinión

En Brasil, ¿la calma antes de la tormenta?

Gaspard Estrada

Julio 15, 2020

Las últimas semanas han sido –aparentemente– tranquilas en la vida política brasileña. Desde hace casi un mes, Jair Bolsonaro no hace declaraciones en contra de la democracia y las instituciones. Tampoco ha salido a defender los actos antidemocráticos llevados a cabo por sus seguidores, que piden el cierre del parlamento y de la Corte Suprema para instaurar de nueva cuenta un régimen militar. De tal manera que, según algunos editorialistas de la prensa brasileña, el presidente brasileño de extrema derecha se estaría –finalmente– moderando para dar paso a un gobierno en las normas de un ejercicio de poder sin sobresaltos. Sin embargo, la trayectoria de Jair Bolsonaro, y sobre todo las razones que lo han llevado a realizar este repliegue táctico nos conducen a ver este movimiento político con desconfianza.
En efecto, hace un mes, Fabricio Queiroz, ex asesor del senador Flávio Bolsonaro (hijo del presidente brasileño), fue arrestado por la policía estatal de São Paulo, con el respaldo logístico y de inteligencia de la policía estatal de Río de Janeiro. Si bien en ese momento Queiroz no era considerado como un prófugo de la justicia brasileña, el Ministerio Público lo había citado a declarar en numerosas ocasiones, sin que se presentara ante los procuradores. Como Queiroz tiene que responder ante la justicia desde finales del 2018 al respecto de una investigación sobre las relaciones entre las milicias paramilitares de Río de Janeiro y la familia Bolsonaro –relación que sería intermediada por Fabricio Queiroz–, queda claro que su silencio ha sido muy útil al clan familiar que gobierna Brasil. De tal suerte que su arresto puso en aprietos a la familia presidencial, en particular cuando se supo que la casa que albergaba secretamente a Queiroz era propiedad del abogado de la familia Bolsonaro, incluyendo al propio presidente. Y, más turbio aún, este abogado Frederic Wassef, había cambiado el uso de la habitación para transformarla en un “despacho” de su bufete justo en el momento en el que Queiroz desapareció. Según la ley brasileña los despachos de abogados son inviolables. De tal manera que al hacerlo, Wassef pensó que Queiroz tendría un refugio seguro.
Pero al encarcelarlo, todo el dispositivo montado por la familia Bolsonaro para proteger a Queiroz, y de manera más general, para darle consistencia al discurso anti-corrupción que le dio la victoria a Jair Bolsonaro en las urnas en 2018, cayó por tierra. A la cúpula del Ejército, que había respaldado algunas de las intentonas autoritarias de Jair Bolsonaro, estas revelaciones causaron una pésima impresión, lo que condujo al generalato a tomar distancia del presidente, lo que contribuyó a fragilizarlo políticamente.
Es por ello que era imperativo para este último evitar que Queiroz declarara ante la justicia. En este sentido, se acercó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ, el tercer eslabón de la justicia en Brasil, cuya cúspide es el Supremo Tribunal Federal, el equivalente de la Tribunal Superior de Justicia en México), para que este le dé un amparo a Queiroz y le permita esperar su declaración ante el Ministerio Público en prisión domiciliar, junto con su mujer que se encontraba prófuga también. Como durante el mes de julio, el sistema judicial brasileño se encuentra de vacaciones, bastaba una decisión personal del presidente del STJ para que el amparo fuese concedido. Y así fue. De tal manera que la familia Bolsonaro ha vuelto a respirar, y Frederic Wassef, que amenazaba con revelar actos ilegales de la familia, volvió a su silencio. Pero en agosto, cuando regresen los jueces a las cortes, la situación política puede empeorar para Bolsonaro: no únicamente porque los magistrados de la Suprema Corte pueden invalidar la decisión del presidente del STJ, sino que varios juicios en suspenso podrían ser votados a la brevedad. En particular el que trata de la anulación de la condena del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva. Si esto sucede, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) recuperaría sus derechos políticos y sería juzgado de nueva cuenta, por un juez (esperemos) imparcial. Lo cual cambiaría el escenario político de Brasil.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada