A pesar de la embestida gubernamental contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) y de las disputas internas que han librado en los últimos cinco años, este 15 de octubre cumplió 21 años enarbolando el derecho de los pueblos indígenas de contar con su propio sistema de justicia y seguridad.
Ha sido un caminar tortuoso, de encuentros y desencuentros entre las mismas comunidades; de visiones compartidas pero también bifurcadas en la manera de dirigir el rumbo de la CRAC. De disputas por la coordinación y cuestionamientos de fondo hacia los coordinadores y coordinadoras en turno, que van desde la traición al proyecto histórico; las negociaciones turbias; decisiones que no son consultadas en asamblea, hasta la imposición de estilos autoritarios e intransigentes que han debilitado al mismo sistema indígena, que desde sus orígenes ha pugnado por su autonomía.
El escenario actual no es nada halagüeño por las diferencias que se han suscitado entre los mismos grupos de la CRAC que se han desligado de la Casa de San Luis Acatlán por diferentes motivos. Las divisiones que marcaron fuertemente el derrotero de la CRAC, se dieron cuando la policía comunitaria de San Luis se desmarcó públicamente de la aparición de grupos de la policía comunitaria en Ayutla de los Libres, encabezada por Bruno Plácido, uno de los líderes históricos de la CRAC-PC, para enfrentar a la delincuencia organizada y desmantelar la estructura delincuencial. Otro momento de quiebre fue cuando se dio la elección de Eliseo Villar como parte de la coordinación de la CRAC-PC de la casa de San Luis Acatlán, que marcó una disputa férrea por el control de las tres casas de justicia; la de Zitlaltepec, Espino Blanco y San Luis Acatlán. Fueron meses de confrontación, de amenazas, enfrentamientos y hasta encarcelamientos.
Este momento crítico desgastó a la CRAC y dejó en segundo plano su principal quehacer de garantizar seguridad y justicia a la población indígena de la Costa Montaña. Otro factor que fue determinante en esta coyuntura fue la conformación de grupos de la Policía Comunitaria al calor de las amenazas del crimen organizado. Las experiencias de Huamuxtitlán y Olinalá son parte de esta crisis de seguridad que obligó a los ciudadanos a enfrentar a las autoridades municipales a detener y encarcelar a los policías para asumir la tarea de que el pueblo se encargaría de la seguridad. Las experiencias de Tixtla y la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, marcaron un nuevo derrotero, de asumir en serio la defensa de las comunidades y salir al paso ante las agresiones o amenazas tanto de las corporaciones policiales como de los mismos elementos del Ejército.
Ante la violencia que sigue cobrando muchas vidas, varias comunidades indígenas y no indígenas están conformando sus propios cuerpos de seguridad comunitarios, tomando como referencia el proyecto histórico de la CRAC-PC. En este proceso de búsqueda de su modelo de seguridad que proteja a la población están surgiendo varias iniciativas para dar respuestas concretas al problema de inseguridad que enfrentan. La mayoría se ha focalizado en la conformación de grupos de policías que puedan contener esta arremetida delincuencial. Lo relevante es que la Policía Comunitaria es actualmente un modelo alternativo de seguridad que se sustenta en la decisión del pueblo y que surge como una medida emergente para evitar que los grupos de la delincuencia avancen y tomen el control de la comunidad y de su territorio.
Es importante resaltar que los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conocidos comúnmente como costumbres jurídicas, comprenden instituciones, procedimientos, principios y lineamientos internos, que tienen como finalidad garantizar la seguridad y la justicia comunitarias. La defensa de estos sistemas hoy es reconocida como un derecho de los pueblos y comunidades, en instrumentos como el Convenio 169 de la Organizacio?n Internacional del Trabajo (OIT). En esta línea de reivindicación de sus derechos, los pueblos indi?genas de México libraron significativas batallas para armarse, reconstituirse y revertir el hostigamiento contra sus sistemas normativos internos. No se deben pasar por alto las discusiones que se han dado en los organismos y foros internacionales como la OIT, el Foro Permanente, el Mecanismo de Expertos sobre Pueblos indi?genas que depende del Consejo de Derechos Humanos de la Organizacio?n de las Naciones Unidas (ONU) y en el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con diferentes matices, en el plano internacional se ha establecido el derecho de los pueblos indígenas a conservar y mantener sus propios sistemas normativos.
Hay quien considera que estos esfuerzos, cristalizaron en la reforma constitucional al artículo 2 de la Constitución Política de México del año 2001, que como se sabe no fue suficiente para reconocer a cabalidad los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, es preciso subrayar que desde antes de esa contrarreforma, con el influjo digno del alzamiento zapatista de 1994, los pueblos indígenas empezaron a fortalecer sus propias formas de organización social y política: se conformaron los Caracoles en Chiapas; surgieron jueces indi?genas en otros estados, y en Guerrero se conformó lo que hoy es un referente nacional; la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Polici?a Comunitaria (CRAC-PC).
La CRAC imparte justicia mediante un proceso eminentemente oral, inmediato, sencillo, expedito, basado en la cosmovisión indígena y la retribución comunitaria. Se rige bajo los principios de imparcialidad e independencia, respetuoso de los derechos humanos universalmente reconocidos. La actuación de policías y coordinadores se somete permanentemente a un exigente mecanismo de rendición de cuentas y control: la Asamblea comunitaria a la cual las autoridades de la CRAC se deben.
La persistencia de la CRAC y su fuerza se basa en la legitimidad comunitaria. Pero aunado a ello, en el año 2011 el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que reconoce expresamente a la CRAC y la faculta para desempeñar tareas de prevención del delito, procuración e impartición de justicia y readaptación.
Hoy en día la CRAC, con sus casas de justicia en San Luis Acatlán, Ziltlaltepec, Espino Blanco y El Paraíso con sus comités de enlace son un actor fundamental del movimiento social guerrerense y un ejemplo nacional de la reconstitución de los sistemas normativos de los pueblos indígenas. En medio de la crisis de violencia que azota al país, la CRAC brilla como una alternativa de justicia y seguridad con arraigo comunitario. Al hablar de justicia indígena, la CRAC es y seguirá siendo el referente estatal y nacional en la materia.
No es de extrañar, por tanto, que comunidades indígenas y rurales sigan teniendo como un referente obligado el modelo de la CRAC al enfrentar la violencia y la inseguridad, en medio de la negligencia estatal.
Hoy en día los pueblos indígenas de Guerrero son conscientes de que los cuerpos de seguridad y órganos de justicia no hacen su tarea, por el contrario, colaboran con las bandas del crimen organizado; por eso muchas comunidades han decido brindar seguridad y justicia de acuerdo con sus propios sistemas normativos, reconocidos por un amplio cuerpo de normas internacionales y disposiciones nacionales.
Los sistemas de seguridad de los pueblos indígenas han evidenciado las políticas fallidas de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto. El problema del narcotráfico con la violencia y la muerte que genera, no se ha resuelto. Este gobierno ha querido difundir una forma distinta de abordar la inseguridad y ocultar mediáticamente los niveles de violencia que siguen creciendo exponencialmente en varios puntos del país. La indignación ciudadana que surgió en Guerrero y otras partes de la República rompen con esta ilusión y la desnuda en su falsedad.
Pero la fuerza del levantamiento de los pueblos ha despertado nuevas amenazas. La criminalización es una de ellas. Los gobiernos, alentados por algunos sectores de la opinión pública proclives siempre a pedir mano dura contra los de abajo pero nunca contra los delincuentes de cuello blanco, amenazan con seguir gobernando bajo la óptica del Código Penal y pretenden solucionar el problema presentando cargos criminales contra los líderes de los nuevos procesos comunitarios de seguridad y justicia. Paradójicamente, esos mismos liderazgos enfrentan también la amenaza de la delincuencia organizada, agazapada en amplias parcelas del sistema de seguridad y justicia del estado, que no quedará pasiva mientras se ve acotada por la acción ciudadana.
Sin duda, la justicia comunitaria también enfrenta desafíos. Uno de ellos es el respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas, desde la concepción de la dignidad humana que emana de las cosmovisiones indígenas, sin embargo el reto fundamental de los diversos procesos sigue siendo la articulación de las diferentes expresiones de la CRAC-PC. Durante el último trecho de su lucha, han tenido una notoriedad excesiva las discrepancias patentes entre algunos de los líderes de los distintos procesos que tienen presencia en la entidad; éstas han sido muchas veces magnificadas por las autoridades, con el afán de dividir y debilitar el sistema de seguridad y justicia comunitaria. Sin pretender minimizar lo evidente, pero sin sobredimensionar tampoco las contradicciones naturales de los procesos sociales, es fundamental destacar que la indignación de las autoridades y las asambleas comunitarias frente a la inseguridad y la violencia son mayúsculas y requieren una atención urgente. La grave situación del estado y la posibilidad de articular las luchas, exige a todos los involucrados altura de miras y disposición para reconocer lo alcanzado por los distintos procesos, entendiéndolos como complementarios; también, demanda, sobre todo una conciencia clara sobre la responsabilidad estatal en la crisis de violencia e inseguridad que vive la entidad.
El gran desafío en medio de estas divergencias es mantener consistencia política e ideológica para resistir los embates del poder, que a ratos violentos y a ratos seductores, pues es obvio que la fuerza de los pueblos siempre será un botín atractivo para quienes gustan de medrar con el descontento popular. La situación del estado demanda de las dirigencias y las autoridades comunitarias mucho cuidado al momento de posicionarse frente al poder; en la posibilidad de construir posiciones compartidas en este tema, reside la oportunidad de rebasar las diferencias.
Más allá de los análisis, lo cierto es que los procesos comunitarios de seguridad y justicia representan una esperanza para los pueblos originarios, que rescatando sus sistemas normativos muestran que otro mundo es posible. Entre tanto, la tragedia guerrerense no cesa: siguen las decenas de muertos por semana. Los delincuentes proliferan en las calles y carreteras, y matan impunemente a estudiantes a plena luz del día, mientras que las autoridades encargadas de investigar y hacer justicia permanecen impávidas y los legisladores y toda la clase política omiten comentario alguno. Son cómplices con su silencio.
La clase política y todos los actores sociales tienen el deber ineludible de alzar la voz y de comprometerse con la justicia y la convivencia pacífica. No se trata de condenar ciertos fenómenos y callar frente a otros. Por ejemplo, ciertos actores sociales condenan las luchas sociales y la protesta; en cada marcha que realizan los campesinos, maestros, estudiantes y colonos elevan sus quejas por la pérdida de millones de pesos, pero nada dicen de las decenas de muertos que aparecen a lo largo y ancho de Guerrero cada semana. Para ellos, los que protestan por sus derechos son criminales y merecen la cárcel, pero los cientos de asesinatos son normales.
El sistema de justicia y seguridad pública está en crisis. Es preciso explorar otros modelos de seguridad y justicia, buscando otros enfoques para combatir este flagelo. En Guerrero, los pueblos indígenas y campesinos muestran con su ejemplo la senda a seguir.