El anuncio vino de Veracruz, en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el 5 de junio, la fecha en la que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
En un enlace televisivo con la secretaria de la Semarnat Alicia Bárcenas y la gobernadora de Quintana Roo María Elena Lezama, se dio a conocer que en breve se emitirá un decreto para proteger los recursos naturales del impacto turístico en la zona conocida como El Majahual donde se desarrolla un proyecto de terminal de cruceros.
El anuncio tiene gran significado porque se pretende modificar el modelo tradicional del turismo excluyente por uno nuevo que privilegiará el ecoturismo “en coordinación con la comunidad”.
Este enfoque nuevo tiene que ver con la postura de los lugareños que se manifestaron en contra del proyecto de Parque Acuático Perfect Day, propiedad de la empresa naviera estadunidense Royal Caribbean.
El acierto de la 4T en este nuevo enfoque de ecoturismo comunitario fue resultado de la consulta a los habitantes de la isla de Holbox ordenada por la presidenta de la República de la que surgió la propuesta de los 2 mil 600 habitantes, mayoritariamente pesqueros, quienes respondieron que no están en contra de la inversión foránea siempre y cuando esta se oriente al beneficio de los lugareños que son dueños de hoteles, restaurantes, pequeños comercios y servicios.
El anuncio que comprende un mejor manejo de los desechos reciclables denominado México Circular y Holbox Circular se propone fomentar la creación de empleos, el desarrollo urbano de la región y la protección del ambiente.
Los promotores locales de esta iniciativa forman parte del colectivo Salvemos Majahual los cuales presentaron a las autoridades un documento en el que señalan que la región “tiene el potencial para convertirse en un referente de turismo sustentable y regenerativo” siempre y cuando se atiendan las necesidades básicas de sus habitantes y la conservación de los ecosistemas que sostienen su economía y modo de vida.
Pero ciertamente la postura de avanzada que tiene la comunidad respecto al turismo no es nueva. En agosto del 2003 tuve oportunidad de visitar tres ejidos con industria forestal que se localizan frente a la entonces proyectada terminal de cruceros para beneficio de la agencia naviera Royal Caribbean, precisamente cuando en Zihuatanejo, durante el gobierno panista de Vicente Fox, había la misma pretensión de construir una terminal de cruceros privada dentro de la bahía como parte de la llamada escalera náutica, sin que los pobladores estuviéramos enterados más que del impacto negativo que tiene el turismo de cruceros en puertos tan vulnerables como Zihuatanejo por la saturación prevista, la contaminación del entorno y la destrucción de nuestros ecosistemas lo que motivó la creación de un gran movimiento por la defensa de la bahía que involucró a todos los sectores sociales hasta lograr la cancelación del proyecto panista.
En aquel año, invitado por el International Center for Journalists conocí la experiencia campesina de la zona chiclera en la península del sureste en su trato con las dependencias del gobierno federal. Me llamó la atención que los ejidatarios de Chacchoben hubieran negociado exitosamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia la administración de la zona arqueológica que comprende 40 pequeñas pirámides que hay en 70 kilómetros de propiedad ejidal.
El INAH quería pagarles 140 mil pesos a los posesionarios del terreno
Los dirigentes ejidales presumen ser los primeros en el país que han logrado un trato diferente por parte del Instituto Nacional de Antropología. “Antes llegaban a los pueblos y se posesionaban de las zonas arqueológicas sin  avisarnos, y disponían de las riquezas a su antojo” nos comentaba Miguel Villalobos, dirigente campesino y explica que han logrado que el INAH le reconozca sus derechos al ejido como posesionario de lo que se encuentra en su territorio, de tal manera que ahora en cualquier parte del país podrá formarse un comité de vigilancia del ejido que conozca en detalle el trabajo del instituto y quien tome las decisiones sobre el manejo del presupuesto destinado a investigación, trabajos de rehabilitación, conservación, etc.
Y más todavía, los ejidatarios de Chacchoben habían logrado que del cien por ciento de los ingresos que tiene el INAH por los servicios que otorga en las zonas arqueológicas y por el acceso a los visitantes, que por ley debe remitir a Hacienda, ésta los regresará al ejido y al municipio para su aplicación en obras de beneficio social, el 70 por ciento vía gobierno del estado y el 30 por ciento restante al municipio.
Su lucha sobre esta demanda surgió a raíz de que el INAH pretendía expropiar las 70 hectáreas pagandoles 140 mil pesos, la mitad al posesionario del predio y el resto al ejido. Ahora han cambiado todas las reglas y el primero en estar al tanto de los descubrimientos y llevar el control de las piezas encontradas es el mismo ejido.
Recorriendo la selva de Quintana Roo para conocer cómo era la vida de los chicleros que ahora se aprovecha como parte atractiva para los visitantes, conocimos un jato o campamento en torno al cual se desarrollaba el trabajo de los chicleros explotando el chicozapote del que extraían la goma que conocemos como chicle, y también conocimos el mercado de artesanías bajo el techo de una gran palapa, alta y amplia construida por los propios lugareños a su gusto, con menos recursos de los que el Fonatur tenía calculados para sus obras fastuosas.
Desde entonces a la fecha la experiencia de los mayas en esa parte del país se ha convertido en ejemplo de una nueva visión del turismo, la cual, adoptada por la 4T, bien podría replicarse en muchos lugares de Guerrero donde abundan vestigios arqueológicos que han sido saqueados pero aún siguen siendo atractivos turísticos en Acapulco, Costa Chica, y el resto de las regiones del estado, donde solo falta organización para su provecho comunitario.
Claro, para que dicho modelo funcione tiene que haber el compromiso de las autoridades para acompañar todo el proceso a fin de evitar lo que ahora se descubre en Acapulco donde el crimen organizado penetró hasta las playas para extorsionar a los comerciantes convirtiéndolos en su base social, apoderándose del pago de las concesiones que no llegan a la tesorería municipal.
En la península Maya el caso de la isla Holbox cuyo nombre se traduce como “hoyo negro” el gobierno de Quintana Roo ha comprometido casi 2 mil millones de pesos para obras de infraestructura que elevarán el bienestar de sus habitantes y de los turistas.
Esta experiencia que se formalizará en un decreto presidencial responde con creces a la afirmación de que el gobierno no puede equivocarse si sus acciones responden a las demandas y necesidades de su pueblo que siempre estarán alineadas con la idea de soberanía y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Feliz día del medio ambiente.