Hoy los poderosos de epidermis sensible pueden demandar a sus críticos por “daño moral” y exigir millones de pesos. Para blindarse, el crítico deberá escribir en clave.

Primero la cólera por provocar “daño moral” cayó sobre Sergio Aguayo. Humberto Moreira pidió a la justicia que se obligue al académico a retractarse y a resarcirle 10 millones de pesos por el daño moral que le causó el afirmar en un artículo que él, Moreira, despedía un tufo asociado a la corrupción y a la impunidad mientras gobernó Coahuila entre 2005 y 2011. Poco después el peso de ese tipo de indignación “moral” descendió sobre Carmen Aristegui y, de refilón, sobre la editorial que publicó La Casa Blanca de Peña Nieto (2015). El presidente de MVS demandó a la conductora de noticias por el prólogo que escribió para esa libro y exigió que en cualquier nueva edición se suprima esa introducción que explica el sentido de la obra. En dicho prólogo Aristegui se refiere al “derrumbe moral” de los dueños de la empresa radiofónica que la echaron a ella y a su equipo del noticiero que conducía después de haber hecho pública la existencia de la lujosa mansión conocida como la “Casa Blanca” y vendida a la familia presidencial en términos muy favorables por un contratista favorecido por los gobiernos encabezados por Enrique Peña Nieto. La reacción del público fue tal que el presidente se vio obligado a reconocer que había causado “gran indignación” social y pidió perdón por haber propiciado una mala “percepción” por la forma y términos de la transacción.
Si para evitar una demanda legal cada opinión o juicio crítico emitido por un comentarista tuviera que estar sustentado con el tipo de pruebas propias de un proceso legal, entonces la crítica al poder o a los poderosos sería casi imposible, pues conseguir tales pruebas requeriría tener acceso a documentos confidenciales e invertir meses o años de un trabajo de investigación, justo al estilo del que dio por resultado el reportaje de “la Casa Blanca”. Como respondió el carrancista don Luis Cabrera a quienes le pidieron que probara sus acusaciones contra los sonorenses en el poder en los 1920: “Yo los acuso de corruptos no de tarugos”. Los ofendidos que le piden pruebas a Aguayo o a Aristegui no suelen dejar rastros, pero se pueden inferir por sus consecuencias.
Tener pruebas documentales precisas sobre cómo se adquirieron y manejaron los dineros de Coahuila entre 2005 y 2011 o de qué manera Los Pinos trataron con MVS el tema de Aristegui, requiere tener acceso a los archivos vivos de la Secretaría de Hacienda, de la Contraloría, del Cisen, grabaciones o entrevistas con los “operadores políticos”. Es imposible. Sin embargo, algo se puede inferir de un incidente al final del gobierno de Felipe Calderón, cuando el propio dueño de MVS hizo pública la forma y contenido de la presión ejercida sobre él desde la presidencia para que obligara a Aristegui a disculparse por haber hecho una acotación en su noticiero que ofendió a Los Pinos. Si eso ocurrió por un comentario pidiendo que se aclarara el rumor sobre el gusto del presidente por la bebida ¿cómo habrá reaccionado esa misma instancia ante el reportaje sobre una “Casa Blanca” de siete millones de dólares?
¿Cómo evitar demandas por “daño moral”? Si el observador de la vida política nacional no dispone de los documentos que le permitan sustentar ante un juez sus sospechas o afirmaciones sobre conductas ilegales o ilegítimas de personajes con poder, entonces, y para cumplir con su papel de opinar, pero sin arriesgarse a ser demandado ¿debe escribir en clave y confiar que el lector logre entender el argumento? Pero ¿cómo podría ser una escritura blindada contra la acusación de “daño moral”? ¿Así?:
“A inicios del siglo XXI, en un país X, el gobernador E de un estado importante y donde un mismo partido había gobernado ininterrumpidamente desde 1929, tuvo un contratista favorito que en poco tiempo acumuló una fortuna notable. Con el correr del tiempo, muchas maniobras y buena suerte, ese gobernador logró unir a los fragmentos de su partido que tras 71 años en el poder lo había perdido a nivel nacional. Una buena dosis de recursos de origen legítimo, pero también obscuro, más los errores y la corrupción del partido que había desalojado de la casa presidencial al viejo partido autoritario, le permitieron a E recuperar la presidencia.
Para cuando E asumió la presidencia y dio nuevas encomiendas a las empresas de su contratista favorito, éste había construido una lujosa residencia en la capital que vendió en condiciones muy favorables a la consorte de E para que fuera el hogar familiar cuando concluyera el período presidencial. Cuando un equipo de periodistas documentó e hizo públicos los términos de esta transacción, se desató un escándalo de tal magnitud, que la pareja presidencial debió renunciar a la mansión. Pero los periodistas que sacaron a la luz todo el asunto fueron echados de la empresa donde trabajaban y éstos y la opinión pública atribuyeron el hecho a una venganza de los afectados… etc., etc.”
Indigno. Un ejercicio de la crítica hecho en los términos anteriores o en alguna variante, resulta ridículo e indigno para su autor, para el lector y para el país mismo. Sin embargo, además del silencio y en las circunstancias actuales es válido preguntarse ¿hay en la actualidad otro camino para no correr el riesgo de terminar demandado y asediado?