Las autoridades del estado han constatado los resultados tangibles de la Policía Comunitaria en la Costa-Montaña, las regiones menos violentas de la entidad, pero se empecinan en cercar su avance con la presencia del Ejército y utilizan las instituciones de justicia para fabricar delitos a sus integrantes y recluirlos en las cárceles.

Son muy contradictorios los desplantes de los gobernantes quienes en sus discursos parecen estar del lado de la gente, mostrándose condescendientes con personajes que han abanderado las luchas del pueblo, sin embargo en los hechos defraudan y traicionan lo que dicen defender. Para no ir tan lejos, este viernes 13, el gobernador Héctor Astudillo, al visitar la cabecera municipal de San Luis Acatlán, fundada por el conquistador español Pedro de Alvarado, la catalogó como una tierra de corazón noble y de inquietudes insurgentes. “Aquí es la tierra de Genaro Vázquez, aquí es la tierra de la CRAC”, dijo.
Pero la gente que mantiene viva la memoria de Genaro, sabe que fue el régimen priista el que se encargó de perseguir encarnizadamente al líder insurgente hasta acabar con su vida por atreverse a desafiar a un gobierno represor. Este mismo gobierno ha intentado en varias ocasiones desarmar a los grupos de la Policía Comunitaria, porque no está dispuesto a reconocer el sistema de justicia y seguridad comunitarias que nació en esta región. Lo que han hecho los gobernantes en turno es perseguir y encarcelar en penales de alta seguridad a los líderes más comprometidos con el proyecto histórico.
A pesar de que existe un marco legal internacional, un reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y una ley estatal conocida como 701, las autoridades del estado no toleran que los pueblos originarios apliquen sus sistemas normativos para garantizarse seguridad y hacer realidad una justicia gratuita y expedita para todas las comunidades adscritas a su sistema. Se mantiene la postura beligerante de no reconocer los avances de la CRAC. El mismo Ejército se ha encargado de ejercer presión para impedir que los grupos de la Policía Comunitaria se desplacen a otras comunidades.
La forma más efectiva de contenerlos es endilgarles delitos graves a los líderes más visibles, quienes son acusados de terroristas, secuestradores, homicidas y de ladrones. La finalidad es colocarlos fuera de la ley, criminalizarlos, sacarlos del estado para desarticular el movimiento y generar desánimo. Los exhiben en los medios de comunicación como delincuentes de alta peligrosidad, para desvirtuar su lucha y desviar la atención sobre el gran problema que enfrentamos las y los guerrerenses con las organizaciones criminales. Las autoridades del estado han quedado evidenciadas a nivel nacional e internacional por su ineficacia para combatir al crimen organizado y que ésta tiene que ver con la corrupción y su complicidad con estas bandas que tienen asolada a la entidad con sus acciones violentas. Es increíble que demuestren ser más hábiles que las fuerzas del orden al cometer crímenes en lugares que están vigilados por la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la estatal y las municipales, como los hechos más recientes de playa Icacos en Acapulco y el asesinato de un funcionario municipal en un restaurante del centro de Chilapa.
Las autoridades del estado, a pesar de que han constatado los resultados tangibles que ha logrado la Policía Comunitaria en la Costa-Montaña, siendo las regiones menos inseguras y violentas de la entidad, se empecinan en cercar su avance con la presencia del Ejército y utilizan las instituciones de procuración y administración de justicia para fabricar delitos a sus integrantes y recluirlos en las cárceles. Los casos de Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina son ejemplares. Los tres fueron enviados a penales de alta seguridad y los acusaron de delitos graves: secuestro, terrorismo, homicidio, robo. En la medida en que la defensa lograba demostrar que las acusaciones fueron fabricadas, las autoridades se esmeraban para acusarlos de otros delitos. Así pasó con Nestora y recientemente está pasando con Arturo Campos, que este viernes, después de que alcanzaron su libertad seis compañeros de la CRAC recluidos en la misma cárcel que él, le notificaron que estaba acusado por otros delitos. La intención era impedir que saliera junto con sus seis compañeros.
Con los casos de Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrocio Francisco y Benito Morales Justo se logró demostrar ante el juez mixto de Ayutla de los Libres y la jueza segunda en materia penal de Tlapa, que no existían elementos que acreditaran el cuerpo del delito de secuestro, por el que esuvieron injustamente encarcelados por casi tres años.
Hay tres resoluciones de jueces federales que reconocen que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que es la expresión del ejercicio de sus derechos a tener sus propios sistemas normativos para solucionar sus conflictos dentro de sus territorios, por lo tanto, sus actuaciones se asemejan a actos de autoridad y por lo mismo no constituyen delitos.
El juez sexto de Acapulco al resolver el amparo a favor de los acusados fue muy enfático al demostrar que en la investigación hubo varias irregularidades como el hecho de que no se le haya proporcionado a las autoridades comunitarios un traductor y un abogado que conocieran la cultura na savi. Declaró que el arraigo al que fueron sometidos fue ilegal, ya que el arraigo es materia de las autoridades federales. En Guerrero esta figura fue utilizada por autoridades del fuero común que no están facultadas para determinar un arraigo que fue de 60 días, un tiempo que rebasó el límite de lo estipulado en el ámbito federal. Tanto el juez como el Ministerio Público violentaron los derechos humanos de las autoridades comunitarias por no respetar el debido proceso y por usurpar funciones.
Estas irregularidades son graves porque las mismas autoridades se encargan de socavar el Estado de derecho pisoteando los derechos de las autoridades comunitarias, por lo mismo, se tiene que abrir un proceso de investigación y sanción contra el Ministerio Público, los policías y los jueces que incurrieron en graves violaciones al derecho de una defensa adecuada y al debido proceso.
Estas actuaciones que ponen en evidencia la manera tan turbia y burda como regularmente trabajan los funcionarios encargados de procurar y administrar justicia son las que tienen a la población pobre, principalmente indígena, encarcelada injustamente. Esta situación es parte de los problemas estructurales que enfrentamos en Guerrero, porque la justicia es un arma política, responde a los intereses políticos y facciosos de los grupos que ostentan el poder. Sirve para ajustar cuentas y cobrar venganza. Se utiliza para someter a los líderes incómodos y para deshacerse de actores sociales que son críticos al sistema y que cuestionan las políticas del régimen que atentan contra los derechos fundamentales.
Este jueves 12 de mayo, las siete esposas de los presos de la CRAC, después de levantarse a las 5 de la mañana y caminar más de dos horas de la comunidad de El Paraíso, llegaron con sus pequeños hijos sobre sus espaldas a la cabecera municipal de Ayutla. Llegaron decididas a esperar el tiempo que fuera, con tal de ver salir a sus esposos. Fueron más de 10 horas. Por ser jueves las autoridades judiciales no estaban presentes en sus oficinas. No había manera de saber dónde localizarlas, ni tampoco podíamos saber si llegarían por la tarde. Esa es la normalidad que se vive en los juzgados. No importa que haya resoluciones judiciales. Éstas tienen que esperar hasta que la burocracia se dé tiempo para atender a la población que permanentemente demanda atención. Nos vimos obligados a hablar con el presidente del Tribunal para pedir su intervención. Sólo de esa manera avanzó el proceso de liberación de las autoridades de la CRAC. En la puerta del penal se mantuvieron impasibles Minerva Donaciano, Inés Castro, Rosalina García, Oliveria García, María Claudia Paula, Margarita García y Agustina García, seis del pueblo tu un savi y una del pueblo me’phaa. La mayoría portaba con orgullo sus vistosas faldas y sus típicas blusas, elaboradas por ellas mismas.
Siempre discretas y silentes, acostumbradas a no ser tomadas en cuenta por las autoridades y a que la población mestiza las maltrate y trate de venderles más caro sus productos, mostraron su verdadera casta en la puerta del penal. Se expresaron en español para denunciar los abusos del gobierno, para mostrar su coraje por todo el sufrimiento que padecieron durante todo el tiempo que sus esposos estuvieron encerrados. Tuvieron que abandonar su casa y sus parcelas para pelear por la libertad de los defensores del pueblo. Enfrentaron todo el tiempo penurias y sobre todo pasaron hambre junto con sus hijos e hijas. Hicieron un esfuerzo sobre humano para que los niños y niñas no dejaran la escuela. Tuvieron que lavar y planchar ajeno para pagar a las maestras los uniformes. Regularmente caminaban para venir al penal a visitar a sus esposos, con la intención de comprar algo de comer y compartirlo al interior de la cárcel. “Eso es lo que nos duele, que el gobierno nos desprecie por ser indígenas. Pero no nos vamos a callar. En este tiempo no solo aprendimos a hablar español, sino que aprendimos a perder el miedo, a defender nuestros derechos. La soledad y la tristeza nos querían matar, porque solas no podíamos con todo; con la casa, con la parcela, con nuestros hijos, con nuestras enfermedades y nuestra pobreza. A pesar de todo ello aquí estamos en la puerta del penal peleando por la libertad de nuestros esposos y gritando que son inocentes”.