Las estadísticas sobre el número de los periodistas asesinados en lo que va del gobierno del presidente López Obrador varía. La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce 52, Artículo 19 afirma que son 28 y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) 13.
Todos coinciden en señalar los altos niveles de impunidad de los asesinatos. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, dice que es de más del 90 por ciento. El porcentaje no ha variado con relación a los gobiernos anteriores.
Los organismos internacionales y los especialistas que estudian el tema, asocian el incremento del asesinato de los periodistas con los altos niveles de impunidad. Los asesinos saben que pueden matar sin que les pase nada.
El asesinato de los periodistas y la impunidad atenta contra la libertad de prensa, que es un bien público y un patrimonio común en toda sociedad democrática. En México esa libertad está bajo amenaza.
En una entrevista de Víctor Gamboa a Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, éste le asegura que el 50 por ciento de las agresiones contra los periodistas provienen de autoridades municipales. (El Universal, 26.01.22)
Y afirma con honestidad que “lamentablemente la impunidad que nos acecha es en toda la agenda nacional de derechos humanos, no solamente en términos de los agravios hacia personas defensoras y periodistas, también en casos de la desaparición de personas, de tortura, en caso de trata, de feminicidios y en la mayoría de los delitos (…)”.
Asegura que gran parte de los casos de impunidad no corresponden al gobierno federal, sino que “está focalizado en las fiscalías generales de justicia (de los estados)” y es ahí donde hay que generar el debate y resolver el problema.
Para el funcionario de la Segob la gran mayoría de los asesinatos de periodistas se encuentra “bajo la competencia de las fiscalías locales”. Y por eso, añade, “es tan importante que desde las entidades se puedan resolver esos crímenes”.
De los 52 periodistas asesinados que reconoce el gobierno federal el 60 por ciento se concentra en seis estados: Sonora, Veracruz, Guerrero Michoacán, Estado de México y Oaxaca. Ahora cuatro gobernados por Morena y dos por el PRI.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señala de manera particular la incapacidad de la Fiscalía General de la República, que es la de este gobierno, para esclarecer los casos de agresiones a los periodistas y activistas sociales.
Y afirma que, entre otras causas, detrás de la continuidad de la violencia en el país se debe al “(…) modelo de seguridad y justicia impulsado por esta administración, caracterizado por la militarización y la incapacidad de la fiscalía”.
Y mientras se aclara si es al gobierno federal, estatal o municipal a quién corresponde investigar para aclarar los crímenes contra los periodistas y llevar a los criminales a la justicia, la impunidad se impone y sigue campeando. Y todo indica que en los próximos tres años así seguirá.

Twitter: @RubenAguilar