El sábado 17 de agosto nos dispusimos para salir rumbo a la cabecera municipal de Ahuacuotzingo, con la finalidad de estar presentes en la exhumación de los cuerpos de Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández Dircio, su ahijado Antonio Pineda Patricio y su suegra Juana Hernández Dircio. Previamente, como representantes legales planteamos al Ministerio Público la necesidad imperiosa de solicitar al juez de control la autorización para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las exhumaciones.
Fue muy significativa la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien con su equipo de trabajo, desde las 5 de la mañana estuvo presente para salir juntos al panteón municipal de Ahuacuotzingo. Llegamos a la hora que el Ministerio Público fijó para iniciar las exhumaciones. Tuvimos que esperar más de una hora y media la llegada de los funcionarios de la Fiscalía para iniciar los trabajos. En la medida que se enteraban de la visita del subsecretario, empezaron a llegar al panteón el síndico procurador con su grupo de policías y posteriormente el presidente municipal con su séquito de funcionarios.
Después de que el Ministerio Público formalizó el inicio de la exhumación, varios amigos solidarios de la familia Hernández y Hernández iniciaron los trabajos de remoción de la losa donde se encuentran sepultados los restos del líder social Ranferi Hernández y su esposa Lucía Hernández. Fueron insuficientes las herramientas para realizar las maniobras de apertura de las fosas. El mismo subsecretario Encinas se mantuvo atento y presto para atender estos requerimientos. Su compromiso con las víctimas quedó patente no sólo con su presencia en los lugares de las exhumaciones, que fueron en Ahuacuotzingo y Nejapa, municipio de Chilapa, sino por su permanencia hasta que concluyeron los trabajos y trasladaron los cuerpos por parte del Servicio Médico Forense.
Esta diligencia inició con el Ministerio Público auxiliar de Chilapa, José del Carmen Reyes, y dos peritos. La maniobra llevó más de tres horas para exhumar los cuerpos de Ranferi y doña Lucía. Sólo hubo una carroza para trasladar a uno de los cuerpos. El segundo cuerpo fue traslado en una camioneta descubierta que facilitó el Sistema Nacional de Búsqueda, que formó parte del equipo que acompañó al subsecretario Encinas. A las trece horas con treinta minutos nos desplazamos a la comunidad nahua de Nejapa, para realizar la exhumación del cuerpo de Antonio Pineda Patricio. Fue hasta ese lugar que llegó el titular del Ministerio Público de Chilapa, Leonel Guevara, para acompañar los trabajos que ya se realizaban. Una hora después, se hizo presente el vicefiscal Héctor Salvador Calleja Paniagua, quien de inmediato se presentó con el subsecretario Alejandro Encinas y testificó los trabajos de exhumación que se prolongaron por más de cuatro horas. Al filo de las 19 horas, salimos de la comunidad, donde hace un año y 10 meses, Ranferi y su familia fueron interceptados cerca del crucero de Nejapa. Con esta larga jornada de trabajo se dio cumplimiento a la orden emitida por el juez de control, de exhumar los cuerpos de Ranferi y su familia. Quedó de manifiesto el interés de gobierno federal, a través de la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de que este crimen atroz debe de investigarse tomando en cuenta los estándares internacionales más altos de las ciencias forenses.
Para responder a esta exigencia de justicia, un grupo de expertas y expertos altamente calificados en medicina forense, dinámica de fuego y patología, que trabajan con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), realizarán la necropsia de ley, con el fin de poder determinar las causas de la muerte y proporcionar elementos científicos y objetivos a la investigación que realiza el Ministerio Público. Una de las graves deficiencias que existe en nuestro país y en nuestro estado son los servicios periciales, que carecen de personal calificado, no cuentan con instalaciones apropiadas, el equipo y las herramientas de trabajo son insuficientes y obsoletos. Hay un descuido total por parte de las autoridades del estado para contar con servicios periciales de alta calidad, que sean garantes de investigaciones serias y científicas que proporcionen elementos y objetivos que ayuden abrir líneas de investigación, y a contar con datos duros que consoliden la teoría del caso que se investiga.
Es importante resaltar el prestigiado trabajo que el EAAF ha realizado en el mundo y en México en los últimos cuatro años, con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Recientemente, el 24 de mayo, cumplió 35 años como una organización no gubernamental dedicada a la investigación científica, en casos graves de violación de los derechos humanos, en diversas partes del mundo. Su compromiso, como lo manifiesta su fundador y presidente, Luis Fondebrider, “es con los familiares de las víctimas, con la verdad y la justicia, con la memoria y la reparación”.
El EAAF fue creado en 1984, con el objetivo de recuperar e identificar restos de desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Desde entonces, la organización ha realizado múltiples misiones de búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas por situaciones de violencia étnica, estatal, religiosa, política, migratoria, de género y de trata de personas, en cerca de medio centenar de países.
La organización fue fundada a instancias del estadunidense Clyde Snow, reconocido mundialmente como el padre de la antropología forense, famoso por intervenir en casos como el asesinato de John F. Kennedy y por su labor para esclarecer crímenes de lesa humanidad. Fue también fundador de otros equipos forenses en Perú (1986), Chile (1989) y Guatemala (1991).
Fondebrider sostuvo que el prestigio internacional logrado por el equipo, se debe a que trabaja de forma independiente y con foco en los familiares, en una relación “horizontal” y de “confianza” con ellos.
El EAAF ha trabajado, a solicitud “de comisiones por la verdad”, en sitios como Chile, Chipre, Georgia, Guatemala o Sudáfrica, y a pedido del Tribunal Internacional para la exYugoslavia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Además ha intervenido en investigaciones de los crímenes del apartheid en Sudáfrica; las masacres en Timor Oriental y en Kurdistán. Los feminicidios de Ciudad Juárez, la identificación en Bolivia de los restos de Ernesto Che Guevara y el emblemático caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Su participación como peritos independientes fue determinante para esclarecer las graves falencias de la verdad histórica, que sostuvo de los 43 estudiantes que fueron incinerados en el basurero de Cocula. Con la presencia de expertos en varias materias forenses que tienen un alto prestigio internacional, lograron demostrar las inconsistencias de la investigación realizada por los peritos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Para Mercedes Doretti, la responsable de las oficinas del equipo en México y en Estados Unidos, la antropología forense les abrió el camino para utilizar lo que estudiaban y así aplicarlo tanto en el ámbito judicial como en el campo de los derechos humanos. Manifiesta que “en Centroamérica y en México, el trabajo se centra en migrantes desaparecidos, desapariciones locales producto de una mezcla de desaparición forzada y crimen organizado. No estamos en un escenario de justicia transicional postconflicto, sino que estamos en un momento de violencia fortísima. Es muy distinto trabajar en un escenario en el que las desapariciones y los homicidios no paran”.
De nueva cuenta tenemos el honor de recibir al equipo de expertas y expertos del EAAF, en nuestra entidad. Además de realizar los trabajos científicos de los 43 estudiantes, también han apoyado a familiares de desaparecidos del centro del estado y de Acapulco en la identificación forense. Su fuerte compromiso con las víctimas está demostrado en varias partes del mundo. Sobresale su alta calidad humana, su rigor científico, su gran respeto por los familiares de las víctimas y su solidaridad internacional en aras de la verdad.
El crimen de Ranferi y sus familiares, como tantos hechos de violencia que suceden en nuestro estado, requieren de investigaciones científicas que proporcionen elementos objetivos para que la fiscalía avance en sus líneas de investigación. Sin embargo, este esfuerzo que realizamos como sociedad civil quedará trunco si por parte de las autoridades del estado no se garantiza una fiscalía autónoma, como se ha demandado en el plano federal y estatal. Se requiere un cambio de fondo en una de las instituciones más opacas y nada confiables, por la forma en que realizan su trabajo, que lamentablemente no redunda en resultados que favorezcan a las familias que se atreven a denunciar los crímenes atroces. Existen vicios muy acendrados entre el personal responsable de las investigaciones y, lo peor de todo, es que cohabitan al interior de la fiscalía intereses inconfesables. Su captura por estos grupos de poder nos ha llevado a que nuestro estado siga sumido en una crisis profunda, por las graves violaciones a los derechos humanos que consuman y por los delitos de alto impacto que siguen costando muchas vidas a las y los guerrerenses, como es el caso de Ranferi y su familia, sin que las autoridades se interesen en investigar y dar con los responsables.