A unas horas del IV Informe presidencial de Enrique Peña Nieto vale la pena proponer algunos puntos de referencia para evaluar el momento por el que atraviesa su gobierno y las perspectivas inmediatas del país. Van algunos indicadores: primero, la violencia y la crisis humanitaria siguen dramáticamente su curso. El número de víctimas relacionadas con la guerra a la delincuencia organizada aumenta cada día, más o menos al ritmo del sexenio anterior. La población sigue percibiendo la inseguridad como la principal preocupación que afecta su vida diaria. Más grave aún, los involucramientos de diversas instituciones del Estado en las violaciones a los derechos humanos han sido puestos en evidencia repetidamente por la comunidad internacional, familiares de las víctimas y organismos nacionales, como recientemente hizo la CNDH en el caso del Rancho del Sol en Tanhuato, Michoacán. Frente a ello, nada o casi nada se ha hecho para impedir otras masacres.
Segundo, la protesta social se ha extendido. El movimiento magisterial ha sido el contingente mejor organizado y más extenso geográficamente, pero hay muchos otros en curso. La mayoría de ellos no tienen respuesta ni cauces institucionales para encontrar una solución, como es el caso de las comunidades que se han organizado para defender el derecho a la tierra y al territorio, y de otros grupos en defensa de sus condiciones laborales. Peor aún, la salida del conflicto con la CNTE no se ve claramente mientras los organismos cúpula del sector privado claman por la represión, lo que naturalmente conduciría a una situación aún más conflictiva. Junto a ello, hay una insatisfacción cada vez más generalizada con el gobierno y en particular con el presidente de la República. Sus niveles de aceptación muestran una caída severa.
Tercero, la marcha económica del país presenta una tendencia marcadamente descendente que puede alcanzar un crecimiento menor al 2% este año. Al mismo tiempo se está aplicando una política de ajustes al gasto y de aumentos a los precios de los energéticos que va a empeorar la situación. La creación de empleos se reducirá irremediablemente. Lo peor es que existen fuertes presiones de los mercados financieros internacionales para apretar aún más la austeridad y la recesión en aras de un tipo de cambio estable en beneficio de los inversionistas. Las calificadoras internacionales (Standard and Poor’s y Moody’s) advirtieron hace unos días que el nivel de deuda no es muy alto pero que puede serlo en el futuro, lo que suena más bien a una amenaza si no se aplica una política de ajuste fiscal y monetaria mucho más drástica.
Cuarto, la figura presidencial se ha empequeñecido. Los escándalos de corrupción, la violencia y la inseguridad, los conflictos irresueltos y las malas condiciones económicas han hecho ver a la autoridad presidencial disminuida, errática y carente de respuestas. Peña llega a su informe con una mala imagen nacional e internacional y enfrentando fuertes presiones de dentro y de fuera. Una Presidencia a la deriva redunda en una incapacidad creciente para enfrentar los problemas. La propaganda oficial en torno al Informe tratando de mostrar que los “hechos positivos no se cuentan, pero también cuentan” es una confesión palpable de su debilidad.
Quinto, sin embargo, no parece estar próximo un colapso del gobierno o del Estado. La renuncia del presidente como en la Argentina de principios de siglo, producto de una gran movilización popular; o a la brasileña, como resultado de una conspiración palaciega, no se ven posibles. Ni por abajo ni por arriba se anuncia un cambio de gobierno anticipado. Tampoco se ve disposición para construir un amplio diálogo con todos los sectores insatisfechos o agredidos que permita encontrar, junto con el Congreso, algunas medidas urgentes que solucionen alguno de estos problemas.
El gobierno se mantiene gracias a los partidos y al funcionamiento aparentemente normal de las instituciones, el Congreso, el Poder Judicial, los gobiernos estatales. Sin embargo, en las condiciones actuales, esa aparente solidez de los poderes constitucionales parece más un dique que una puerta de salida a las múltiples crisis.
Para los principales actores políticos, la búsqueda de una mejor perspectiva para el país parece residir solamente en las elecciones presidenciales de 2018. Es una apuesta muy arriesgada: los 21 meses que faltan para esos comicios pueden ser los más turbulentos de los últimos sexenios y el escenario casi perfecto para que todo se agrave al mismo tiempo. El deterioro del país en esas condiciones puede llegar a extremos incalculables.
Desde el punto de vista de los partidos de oposición, la expectativa de que todo se descomponga para estar en mejores condiciones de ganar el 2018 es un cálculo que podría ser justificable en otras condiciones. El PRI por su parte, probablemente piensa que todavía está a tiempo para recomponer las cosas e imponerse en los comicios por la buena o por la mala. La conciencia de la gravedad de los problemas es casi inexistente en los partidos. Creen que el país aguanta, como lo ha hecho hasta ahora, y el sistema político podrá resistir el vendaval.
Se dirá que todo depende del cristal con que se mira. Pero quizás valdría la pena poner la vista en los costos que están dejando y que ya han dejado las secuelas de las crisis. Si lo hacemos se advertirá que la debilidad de nuestra democracia es muy aguda y la gobernabilidad del país se ha reblandecido. Se han provocado rupturas y grietas varias y diversas. Su reparación no puede ser materia de un próximo gobierno, del signo que sea, si no se cambian las condiciones que permitan desde ahora poner manos a la obra.
Por eso resulta urgente poner a discusión un proyecto de país que incluya algunas medidas urgentes y que pueda unir a los actores políticos y sociales más allá del 2018. Ello significaría un compromiso de largo plazo, un nuevo acuerdo social, que se traduzca en acuerdos políticos claros y viables.
Un acuerdo de este tipo es casi imposible para el PRI porque significaría echar atrás las reformas estructurales más importantes como la energética y reconocer el fracaso del gobierno en turno. Para el PAN podría ser también intransitable pues ya se ve como el partido ganador ante la creciente debilidad del PRI. Ambos partidos, además, están comprometidos con el mantenimiento de las políticas dominantes en materia de seguridad pública, economía y política social.
Para la izquierda partidaria las dificultades son de otro tipo, pero también muy difíciles de aceptar. En el caso del PRD significaría un viraje político muy radical, pues las fuerzas que firmaron el Pacto por México parecen ser aún dominantes en ese partido. Aunque han anunciado su disposición a legislar “las reformas de las reformas”, incluyendo la educativa, el asunto tendría que ir más allá: adoptar un compromiso de unidad que descartara las alianzas con el PAN y sujetarse a un programa común de todas las fuerzas progresistas.
Y para Morena el conflicto reside en adoptar un proyecto que lo convierta en un medio, no en un fin de este esfuerzo transformador. Las declaraciones de AMLO sobre una “amnistía anticipada” y de otorgar el “perdón” a los responsables de la corrupción y de las violaciones a los derechos humanos, parecen dar cuenta de que lo más importante para esta fuerza política es exactamente lo contrario: el fin es la presidencia, el medio es convencer a la sociedad de que ellos, solo ellos, son la solución.
Los partidos siguen pensando en las mismas soluciones del pasado. Como si la realidad no hubiera cambiado y las condiciones fueran las mismas. Pero el deterioro del país es mucho peor que en 2012 y la irritación ciudadana es mayor que entonces.
Mientras tanto, el IV Informe dará cuentas a la nación de que hay cosas buenas y malas. Y que el país seguirá avanzando, aunque la incertidumbre de lo que nos espera más adelante, es inmensa.

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