La reunión que tuvieron ayer en el Museo de la Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, abre un nueva luz de esperanza para el esclarecimiento pleno de los hechos.
1.- La actitud, la decisión de AMLO que tiene con este caso al darle la mayor importancia, contrasta radicalmente con la postura que desde un inicio tuvo Peña Nieto, pues éste minimizó la gravedad del asunto al decidir en las primeras horas y días que debería ser investigado por las autoridades locales, luego llamar a olvidar y superar el tema y después asumir una supuesta verdad histórica que ha sido derrumbada por dictámenes científicos. La primera obligación de un gobernante –de un jefe de Estado– como Peña Nieto es proteger, salvaguardar la vida de la población. Las agencias federales dependientes de Peña Nieto –Ejército, Marina, PGR, Policía Federal, Secretaría de Gobernación a través del Cisen–, sabían que la Policía Municipal de Iguala estaba al servicio de organizaciones criminales y no hicieron nada para que con la fuerza legítima del Estado evitaran esta tragedia.
2.- El entorno en que ocurrieron los hechos de la desaparición de los 43 normalistas fue conocido secuencialmente en las horas y minutos previos y posteriores a su ejecución por todas las corporaciones policiacas y de seguridad estatales y nacionales. Los alumnos se trasladaron de la central de camiones de Chilpancingo a Iguala esa tarde del 26 de septiembre del 2014. Ese trayecto lo hicieron en una hora y media aproximadamente. La primera agresión a los estudiantes en la terminal de autobuses de Iguala ocurrió a unos cuantos metros del batallón militar. La movilización de la Policía Municipal de Iguala para detenerlos fue muy aparatosa, los tiroteos al autobús del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo y luego a los normalistas fue escandaloso. Hubo una conferencia de prensa pública de los estudiantes para denunciar los hechos y todavía después fueron agredidos, desaparecidos y dos de ellos asesinados. Hay evidencias de que militares estuvieron en hospitales donde había jóvenes heridos. ¿La agresión, los crímenes, las desapariciones que se estaban cometiendo en contra de los normalistas eran de tal gravedad que requirieran la intervención directa de Peña Nieto? Sin duda. Hay quienes –sobre todo algunos editorialistas a su servicio– lo han querido proteger y exculpar han dicho que sus funcionarios –Nuño y Osorio Chong– no le informaron correctamente, pero ellos no representan al Estado, quien lo representa es Peña Nieto. La conclusión de estos hechos es que Peña Nieto no tomó las medidas mínimas a su alcance para prevenir y evitar la desaparición de los 43 normalistas.
3.- En cualquier hecho delictivo, el tiempo cuenta mucho. Los segundos, minutos y horas siguientes son claves para impedir que se continúe violando la ley. Peña Nieto no actuó en la misma medida que los hechos de los asesinatos del joven jugador de los Avispones y el chofer del equipo, de la desaparición de los 43 estudiantes lo requería. Dejó correr el tiempo en el que se siguieron cometiendo las atrocidades, no actuó, no cumplió su deber de proteger la vida de los estudiantes y eso lo hace responsable directo de todas las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes normalistas. Peña Nieto, sus funcionarios y sus corifeos de los medios de comunicación serviles construyeron una supuesta verdad histórica para salvarlo de este crimen de lesa humanidad. La omisión de Peña Nieto y todos los funcionarios corresponsables para proteger la vida de los normalistas de Ayotzinapa, lo hace directamente responsable de los hechos y debe ser sancionado con fundamento en las leyes internacionales y nacionales de derechos humanos.
4.- La reunión de AMLO con los familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa abre un camino moral, político, social y legal para que se conozca la verdad. Los acuerdos de crear una comisión de la verdad mediante un decreto presidencial –que debe ser ley del Congreso– con la participación de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, son señales muy claras y contundentes de que AMLO tiene la voluntad política, la decisión como inminente jefe del Estado mexicano de que este asunto se aclare, se investigue, se conozca la verdad, se castigue a todos los responsables, se sanen las heridas, se cure el alma de las víctimas y se inicie la instauración de un Estado democrático y social de derecho en México.

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