Para la licenciada Silvia Vázquez Paz, compañera de la UPN de Tlapa. Animosa y valiente. Inclaudicable en la lucha por alcanzar una educación superior, acorde con la realidad sociocultural de los pueblos indígenas de la Montaña.

De acuerdo con información proporcionada por el secretario de Salud, el doctor Carlos de la Peña, hay un registro de 22 decesos por día en nuestro estado, como parte del incremento de contagios y la acción letal causados por el Covid-19. Recientemente el gobernador Héctor Astudillo anunció el regreso al semáforo rojo, a causa del riesgo epidemiológico que ha registrado la Secretaria de Salud federal en 13 estados. Hemos rebasado más de 3 mil 100 defunciones y la situación se ha tornado inmanejable en los hospitales públicos donde está el mayor número de pacientes como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Taxco. Por más explicaciones que dan las autoridades de salud federal, de que vamos en la ruta correcta y que la situación no se ha salido de control, en este mes nos colocamos en un punto sumamente crítico, porque las camas, los ventiladores y las medicinas son insuficientes. El personal de salud está agotado y al tope, y en el corto plazo, no se vislumbra que las vacunas lleguen, ante la reducción del 50 por ciento de los envíos comprometidos por la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que hasta la fecha es la única que se aplica.
El grave problema que enfrentamos es que el sistema de salud está segmentado, disperso y sin capacidad de respuesta ante una realidad tan disímil, que requiere un trabajo minucioso, bien ponderado, que tome en cuenta las opiniones científicas y técnicas de las y los especialistas que integran las instituciones reguladoras de salud pública. En estos trabajos deben de corregirse las fallas que se han reportado en la aplicación de las vacunas. Se tiene que evitar el uso faccioso que le están dando los burócratas de la salud y los “Servidores de la Nación”, que se han vacunado primero, dejando en segundo término al personal médico que está en la línea de riesgo. La participación del Ejército en esta cruzada es muy cuestionable, por lo que representa para miles de familias que han dado la batalla por décadas contra militares que han sido responsables de la desaparición de centenas de personas, desde la guerra sucia de los años 1970-80 hasta nuestros días. Ante esta embestida de la pandemia no se debe dejar de lado el lema presidencial de “primero los pobres”, para que en verdad tengan preferencia en la vacunación y también en la implementación de un programa emergente para atender a los pacientes pobres, que por falta de hospitales y de recursos económicos, siguen postrados en pisos de tierra, esperando la hora fatal.
En estas regiones, las autoridades se niegan a abrir kioscos o módulos para la aplicación rápida de la prueba Covid. Es una necesidad imperiosa que requiere desembolsar recursos económicos y contratar a más personal médico para que la población tenga acceso a las pruebas y tenga la certeza de si es portadora del virus. Es muy grave que entre la población impere la incertidumbre, y que amplios sectores de la población sean presa del miedo y la desinformación. Lo patético es la pasividad, la desorganización y la desatención a la población más vulnerable, que no encuentra el apoyo de las instituciones.
Por otra parte, no hay un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para mantener una información amplia, veraz y sencilla, que ayude a sensibilizar sobre los graves riesgos de esta pandemia, si no se toman las medidas preventivas. Se ha insistido en la instalación de triages en las cabeceras municipales, para que se pueda atender y canalizar a los pacientes que requieran hospitalización. Hay otro problema que ha sido desatendido por las autoridades de salud y que tiene que ver con la dotación de medicamentos en general, equipamiento hospitalario, equipo de protección para médicos y enfermeras y el cuadro de medicinas que requieren los enfermos de Covid-19. Estas carencias han costado vidas y causado mayores penas y endeudamiento entre las familias devastadas por el dolor. El desabasto de oxígeno se ha generalizado en las principales ciudades y se ha permitido el lucro ante la inacción de las autoridades competentes. Es muy caro trasladar a un paciente a otro centro hospitalario fuera de la región, porque las ambulancias de los ayuntamientos no están disponibles o simplemente se obstaculiza su servicio.
La situación que se vive en los 75 municipios restantes del estado es más complicada porque no hay capacidad para atender a los pacientes de Covid-19 que requieren un tratamiento especializado. Se carece de equipo y de personal médico idóneo para manejar estos cuadros clínicos. Ante la imposibilidad de atender la gran demanda de pacientes que se encuentran en fase crítica, por la baja saturación y las dificultades para conseguir un tanque de oxígeno, el personal médico no ha tenido otra alternativa que regresar a las personas a sus domicilios. Solo les dan una receta médica para que la surtan en las farmacias particulares y que consigan su tanque de oxígeno. Para las mismas familias, mayoritariamente pobres, que no cuentan con espacios apropiados en sus casas para mantener a sus enfermos aislados, quedan atrapados entre la desesperación y la angustia, porque no disponen de dinero para la compra de medicamentos ni para el tanque de oxígeno, reduciendo su atención a remedios caseros y al medicamento “milagroso” del paracetamol.
Es grave el contagio que se está dando entre los miembros de la familia, no solo por el hacinamiento, sino por la imposibilidad de contar con un tratamiento médico adecuado a los pacientes en su comunidad. Ante estas falencias del sistema de salud pública, un gran número de pacientes han acudido con médicos particulares, quienes aprovechándose de su necesidad de curarse, los timan sin ninguna consideración. La población queda a la deriva, porque fuera del hospital no hay otras autoridades que se comprometan a canalizar a los pacientes o apoyarlos para la compra de medicamentos o tanques de oxígeno. Es patético el drama de las familias, que no encuentran eco a su clamor y que tampoco hay opciones viables para atender a sus enfermos. El repliegue de las mismas autoridades, en estos momentos críticos, es un mal síntoma del desgobierno que existe en los municipios, al dejar a los futuros electores a su propia suerte.
Las mismas autoridades municipales han quedado supeditadas a las instrucciones emitidas por la Secretaria de Salud federal. Con este pretexto justifican su inacción total, al grado que han dejado de implementar medidas básicas para contener el contagio en los lugares donde hay mayor aforo de la población. Tampoco se organizan brigadas de salud para atender a las comunidades indígenas, donde no hay médicos ni medicinas. Mínimamente se requiere tener un monitoreo sobre los lugares donde hay mayores contagios para tomar medidas de contención. No se vislumbran intentos de coordinación con las autoridades de salud, para visitar a las familias y se les pueda proporcionar medicamentos básicos, con el fin de atender algunos síntomas del virus, y proporcionar kits antibacterial para generar hábitos en el cuidado de la salud. En estos acercamientos con las comunidades se detectan casos de pacientes que requieren un traslado urgente al hospital. Con la intervención de las autoridades municipales se pueden sufragar estos gastos, que regularmente rebasan los 2 mil pesos para el pago de una camioneta. Es inconcebible que los ayuntamientos no dispongan de fondos o de vehículos para garantizar estos traslados. La realidad es que las familias que no tienen un empleo seguro son las que cargan con todo el peso de la pandemia, endeudándose sin saber cómo van a cubrir el dinero prestado. El trauma mayor es que a pesar de todos estos esfuerzos extraordinarios, fue imposible salvar la vida de sus familiares enfermos.
La cifra oficial de 22 decesos por día se queda corta con los números rojos que registran las comunidades indígenas y campesinas de las siete regiones del estado. Sólo en enero el número de muertes es alarmante. Lamentablemente las autoridades no están contabilizando estos decesos, y mientras no haya un registro oficial, estas muertes no cuentan, aunque las fosas se multipliquen y el dolor sea más profundo y generalizado. Es un mal presagio iniciar el año con esta noticia. Lo que más desalienta, es que como sociedad vayamos normalizando la muerte, sin tomar decisiones firmes para contener esta tragedia, sin obligar a que las autoridades cumplan su responsabilidad de velar por la salud y proteger la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Esta inacción de las autoridades deja inerme a una población que se encuentra en situaciones sumamente críticas, por la amenaza del Covid-19, por la dura situación económica que enfrentan y por el cerco delincuencial que es una calamidad para toda la población guerrerense, porque con el repliegue de las autoridades, dejaron el campo libre para quienes están disputando las plazas del narcotráfico a lo largo y ancho del estado. Es grave que aún no haya resultados tangibles de la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno federal, que por la vía de los hechos, las fuerzas del orden se mantienen ocupadas en el traslado de vacunas y la construcción de los bancos del bienestar, desentendiéndose de los acontecimientos violentos que cotidianamente se registran en el estado. Hemos iniciado el año con números rojos y existe el gran temor de que la cuesta de enero sea un mal presagio para el 2021.