EDITORIAL

Inmerso en una ruta que genera caos, incertidumbre y desconfianza en el mundo, Donald Trump cumplió su amenaza de dinamitar el tratado comercial de América del Norte (T-MEC). Además, lanzó sobre el gobierno de México la grave acusación de que tiene una alianza con los grupos de narcotraficantes responsables del envío de fentanilo a Estados Unidos, todo lo cual arrastra al país a una espiral de consecuencias impredecibles.
El nuevo escenario impactará a la economía de Estados Unidos, ante todo con un aumento de precios al consumidor, pero la onda expansiva golpeará con fuerza a la población mexicana. Un conflicto comercial de esta magnitud puede provocar aquí una depreciación del peso, una baja en las exportaciones hacia el norte, pérdida de ritmo en sectores clave, como el automotriz y el agroalimentario, y una declinación general de la economía.
Bajo las nuevas condiciones, pierde atractivo invertir en México, con el mercado del norte encarecido artificialmente. Hay riesgo de mayor desempleo y caída del consumo, con efecto primero en las regiones y los sectores sociales más desfavorecidos. La respuesta mexicana de aplicar cuotas a las importaciones provenientes de Estados Unidos no alcanza para aliviar el impacto en la sociedad. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insiste en sus mensajes en exhibir los efectos perniciosos en Estados Unidos y hasta los cataloga como un “tiro en el pie”, un razonamiento que a Trump no le interesa y a México no le sirve.
Aquí importa qué va a pasar con el curso de la economía y con la vida diaria de las familias.
Trump detona la desestabilización económica con un discurso retorcido. No hay relación alguna entre la imposición de altos aranceles, por una parte, y el flujo de migración indocumentada y el narcotráfico, por otra. La equivalencia es primitiva e inservible en el debate, que surge de manera sorpresiva, pública, propagandística y al margen de los mecanismos que ambos gobiernos cultivan con dificultad para desahogar la colaboración en ambos frentes.
En realidad, si algo han hecho Andrés Manuel López Obrador en su mandato y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ante el vigoroso flujo migratorio de los últimos años es frenarlo. Cuando Trump amenazó con aranceles en su primer turno en la Casa Blanca, el estreno de la 4T fue el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional (GN) para crear un “muro” en el sureste. En los últimos seis años el Estado mexicano ha ejercido la disuasión, la presión, el desgaste y la fuerza para evitar el tránsito de los extranjeros hacia el norte. En el terreno de los hechos, los migrantes se enfrentan también a la delincuencia en todas sus variantes y a la corrupción, el engaño, la arbitrariedad y el chantaje del Instituto Nacional de Migración. Esta dramática mezcla ha permitido que, por ejemplo, el canciller Juan Ramón de la Fuente exponga como carta de triunfo el desplome del cruce de indocumentados en la frontera con Estados Unidos casi en un 80 por ciento en dos años.
Y si algo ha hecho Sheinbaum en cuatro meses es remontar la política de seguridad de su antecesor, cuyo rasgo principal fue evitar la exposición de la fuerza pública ante las incursiones de la delincuencia, bajo la consigna “abrazos, no balazos”. López Obrador involucró a los militares en la seguridad pública y diseminó por el país cuarteles de la GN, pero mantuvo a miles de efectivos paralizados. Ese vacío facilitó la expansión del crimen organizado hacia estados donde no tenía presencia significativa, como Chiapas o Tabasco y permitió el fortalecimiento de las bandas en otros como Morelos y Sonora. En Guerrero hemos visto cómo aumentó en los últimos años la fragmentación de cotos de poder y zonas de influencia de los grupos delictivos, se dispararon delitos como la extorsión y escaló la violencia hasta llegar a ejemplos incalificables de barbarie. La sociedad quedó atrapada poco a poco entre la madeja de redes delincuenciales, hasta el punto de reconocer a menudo en esa trama a la verdadera autoridad.
El actual Gabinete de Seguridad federal opera junto a las fuerzas estatales. Los números que casi a diario reporta de detenidos y droga y armas incautadas muestran su celeridad y la dimensión de sus operaciones. Pero, sobre todo, ahora sí se ve a la fuerza pública en acción en el lugar y en el momento en el que se requiere. Baste recordar sólo dos episodios recientes en el estado: el combate en Tecpan y sus alrededores en octubre, en el que hubo decenas de presuntos delincuentes muertos y más de diez vehículos con blindaje artesanal decomisados; y el enfrentamiento en la zona de Las Cruces de Acapulco, la semana pasada, en la que murieron cuatro presuntos sicarios. En ambos casos también hubo detenidos.
Otro asunto es la afirmación de Trump de que el gobierno mexicano sostiene una “alianza” con el crimen organizado. Imposible negar que altos funcionarios se han comprometido con las bandas delictivas en el país, como lo demuestra la historia reciente. Si es posible actuar fuera de la ley, una importante condición es la complicidad con quienes están obligados a velar por ella. Sin ir tan lejos, hay que hacer la cuenta de los integrantes de los gobiernos federal y locales y jefes y efectivos militares y policiacos denunciados, procesados o sentenciados por su vinculación con diversos ilícitos en las últimas décadas. Pero es inexacto y contraproducente lanzar, como lo hizo Trump, una acusación de bulto contra el gobierno en general, cuando ese gobierno es el mismo interlocutor con el que Estados Unidos está llamado a cooperar y a compartir información y cuando no se le ve acción alguna contra el lavado de dinero y las redes de distribución de droga en su propio territorio.
El giro provocador de Trump coloca a Sheinbaum no ante una discrepancia con un socio cercano, sino ante un nuevo escenario: el caos que deja armado quien patea la mesa en la que ambas partes, con Canadá, han estado discutiendo y procesando una integración económica por más de treinta años. Es el impulso desestabilizador que la Casa Blanca está inyectando en el mundo y abriendo así una nueva era geopolítica.
Ojalá que los planes oficiales (“A, B y C”, dijo la presidenta) sean fundamentados y eficaces para enfrentar la caída de la economía mexicana y su impacto social.
Pero la acusación de Trump de que el gobierno mexicano “da protección” a los cárteles de la droga va mucho más allá y pone las cosas en otro terreno, no solamente el económico. Y para enfrentar esta novedosa situación, no vislumbrada siquiera en alguno de los cálculos hechos por el gobierno, los empresarios e incluso la oposición, urge la puesta en práctica de una política de combate eficaz a la delincuencia organizada que cuente con el consenso nacional.
Para ello el gobierno morenista debe abandonar la soberbia y entender que no hay unidad sin diálogo. No será fácil que de la noche a la mañana el gobierno de Sheinbaum obtenga el respaldo que la grave situación requiere, después de seis años de una ofensiva verbal mañanera contra todo el que piense distinto, el que critique o el que se oponga. Contra lo que dice el discurso oficial, la 4T no logró en las urnas su actual mayoría legislativa. Con el voto popular obtuvo el 54 por ciento de la votación, sólo un poco más de la mitad, no el 75 por ciento de los asientos que obtuvo por los vericuetos de la ley electoral vigente.
Sheinbaum tiene que revalorar si puede seguir adelante con el uso del poder sectario que le heredó López Obrador. Sólo en este sexenio ya es amplia la lista de decisiones impuestas por el oficialismo contra la opinión de partidos, agrupamientos sociales, expertos y voces ciudadanas. El gobierno es para toda la población, no sólo para los que están pintados de guinda.
Y en este comienzo de gobierno, se han acumulado ejemplos de como morenistas y aliados avanzaron en el Congreso de la Unión desoyendo críticas, enmiendas o matices, por el solo hecho de que provenían de fuera del bloque gobernante. Así lo muestran las aplastantes votaciones en las cámaras y la burla a las minorías y a sectores sociales, en una réplica de las peores épocas de dominio priista de hace más de medio siglo.
Peor aún es la arbitraria actitud oficial de desdén a las demandas de la sociedad. El drama de las desapariciones de personas en varios estados del país, o las quejas laborales de los trabajadores de la salud, no encuentran eco en Palacio Nacional.
Una actitud abierta también se requiere para acercarse a los grupos de mexicanos organizados en Estados Unidos. No basta con la acción de los consulados, ni tampoco con un ejército de abogados que den apoyo jurídico a los potenciales deportados, que son las decisiones de gobierno anunciadas hasta ahora. Se necesitan acciones políticas del partido gobernante y de sus legisladores que fortalezcan la movilización social en el mismo Estados Unidos.
El país, igual que el resto del mundo, entra en una zona de turbulencia extrema, con un personaje de gran poder que va a convulsionar la situación internacional como no hemos visto en generaciones. Hay que hacer los ajustes y rectificaciones a la altura de ese terrible momento que nos ha tocado.