EL-SUR

Martes 30 de Noviembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Enredos de la justicia electoral

Humberto Musacchio

Abril 21, 2016

Una legislación abigarrada, confusa y excesiva propicia que en materia comicial–y en otras—se den palos de ciego, que el Instituto Nacional Electoral determine una cosa y que el Tribunal del ramo la eche abajo, que se favorezca al partido mayoritario y se proceda con demasiado rigor contra la oposición.
Hace unos días, el INE canceló las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Zacatecas y Durango porque los precandidatos no informaron de sus gastos dentro de los plazos establecidos, pues el retraso para entregar la documentación respectiva fue de 34 días en el caso de Zacatecas, lo que conforme a la letra de la ley es causa de cancelación del registro.
El Tribunal Electoral resolvió –palabras más palabras menos– que lo dispuesto en la ley no puede estar por encima de la voluntad popular que se expresa en el voto, que a fin de cuentas es la instancia más alta para decidir en estos casos.
Para Marco Antonio Baños, consejero del INE, aunque el fallo del Tribunal pretende ampliar los derechos ciudadanos para acceder a los cargos de elección popular, en el fondo “favorece las acciones que realizan los partidos políticos para tratar de engañar a la autoridad”. Baños insistió en que debe acatarse lo dispuesto en la letra de la ley.
El fallo del Tribunal resolvió en lo concerniente a dos candidatos a gobernador, pero quedan por aclararse decenas de sanciones aplicadas a los aspirantes a otros cargos. De ahí que el Movimiento Ciudadano considere que el INE no respeta las condiciones de igualdad e imparcialidad, además de que se conduce de manera autoritaria, “absolutamente antidemocrática” y errónea, pues “alrededor de 80 por ciento de las resoluciones de la comisión de quejas y denuncias han sido revertidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Por su parte, el Partido del Trabajo acusó al INE de manejar diferentes criterios con las nuevas reglas de fiscalización, pues no las aplica “en forma correcta, congruente, equitativa, objetiva e imparcial”, lo que implica que a los partidos pequeños los penalice duramente, mientras a los “candidatos oficiales” (léase priistas) sólo les aplica una sanción económica.
Si el INE está para procurar la equidad en las contiendas electorales, hay que decir que ha fallado redondamente, pues los candidatos independientes en varias partes del país afrontan requisitos muchos más severos que los impuestos a los abanderados de los partidos, al extremo de que en algunas entidades los independientes tienen la décima parte del financiamiento que reciben los de partido, o solo disponen de unos cuantos minutos para sus mensajes en radio y televisión, mientras que los partidos nos atosigan con la abundancia de sus anuncios vacuos.
Esa disparidad se expresa igualmente en la exigencia que deben afrontar los independientes, a los que se obliga a reunir cantidades estratosféricas de firmas de apoyo para poder registrarse, lo que implica una precampaña que no es financiada por el Estado. En Francia bastaba –probablemente todavía– con las firmas de once habitantes de un distrito para registrar a un candidato.
Pero la falta de equidad se expresa también en la fiscalización de los gastos partidarios. Mientras a unos les revisan las cuentas con una lupa interesada, con otros hay manga ancha, multas irrisorias, sanciones intrascendentes. Dígalo si no el caso del Partido Verde, contumaz violador de la legislación electoral al que se le trata con el cariño y consideración que merecen los parientes.
Los verdes violan de manera sistemática la ley, falsean el padrón electoral, gastan infinitamente más de lo autorizado en sus campañas y parecen o están empeñados en pasarse las normas por el arco del triunfo, sí, del triunfo, porque su actitud tramposa se ve premiada con votos y ya se sabe que el financiamiento público depende del porcentaje de sufragios obtenidos, lo que se convierte en buen negocio.
Muchas y muy respetables voces se han levantado exigiendo que se le retire a los verdes el registro electoral. Permitirles mantenerlo es legitimar las actitudes tramposas, invitar a otros a seguir el mismo camino, hacer del delito electoral costumbre que vence cualquier intento de justicia. Pero al Verde lo seguirán teniendo entre algodones mientras lo proteja el PRI, su hermano mayor, que tiene mayoría en el Consejo General del INE y cultiva peores vicios que los de su hermanito.