Desde 1977, reformas van y reformas vienen sin que el sistema electoral haya ganado credibilidad. Contribuyen a la desconfianza los partidos y candidatos que suelen declararse ganadores sin tener ni exhibir las pruebas de su dicho, pero un aporte mayor al descrédito se debe a los propios órganos electorales, integrados en su mayoría por personas afines al PRI.
Sin minimizar la responsabilidad que cabe a cada actor de nuestros procesos comiciales, hay que insistir en que la mayor fuente de esa arraigada desconfianza es el propio Ejecutivo federal y los gobiernos estatales. Los programas sociales, las obras públicas y otros rubros no alcanzan a disfrazar el destino de carretadas de dinero que corren al servicio del PRI y sus candidatos.
En el caso de la elección mexiquense, la compra de votos, el amago de violencia o el ejercicio de ésta intimidó a ciudadanos que de otra manera hubieran ido a la casilla a votar en libertad. Cuenta igualmente la pasividad de las autoridades frente a delitos electorales flagrantes, ante lo cuales cierran piadosamente sus ojitos.
Un elemento que incide en la presunción de irregularidades es la reticencia de las autoridades electorales a toda aclaración. Interpretaciones estrechas y sesgadas de la ley permiten negar los recuentos o reducirlos a su mínima expresión. Si de veras importara dar resultados verosímiles no habría lugar para la cerrazón y se contarían los votos cuantas veces fuera necesario. Lamentablemente no es así. Si se puede, lo impedirán los INEs, IEEMs, Trifes y otros engendritos de la misma ralea, pues lo que importa no es la seguridad ciudadana en los resultados, sino el triunfo del cochupo, la transa, el gasto monumental o cualquier otro recurso favorable al priismo. Por lo menos eso piensa una gran proporción de la ciudadanía, es lo que aparece ante los ojos de la sociedad, y en política –no se olvide–, las percepciones generalizadas suelen convertirse en certezas.
El desprecio del INE por la ciudadanía acaba de ofrecer un ejemplo elocuente. La Comisión de Quejas de ese Instituto consideró “improcedente” la petición de un representante panista para acordar medidas cautelares  por la “presunta” adquisición indebida de tiempo en radio y televisión por el candidato del PRI en el Estado de México.
La respuesta de los comisionados Adriana Favela, Claudia Zavala y Roberto Ruiz no pudo ser más torpe: declararon improcedente la solicitud del panista porque “se trata de hechos que son imposibles de reparar mediante una medida cautelar”. El lexicón académico dice que, en el ámbito del derecho, cautelar es algo preventivo, precautorio, una medida “destinada a prevenir la consecución de determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo”, y mientras no se emita la resolución final sobre el proceso electoral, cabe prevenir que lo ocurrido cristalice en la consecución de un triunfo ilegal. Pero el INE se lava las manos y deja que los fariseos crucifiquen a la oposición.
De esa permisividad del INE habla elocuentemente el analista Sergio Aguayo, quien cita la definición que ofreció el consejero Benito Nacif de las irregularidades registradas en el Estado de México: “algo normal”. Peor todavía es que ante el cochinero electoral, Lorenzo Córdova respondiera con evasivas y que cuando Carlos Loret de Mola le preguntó “¿Es lo que hay?”, el presidente del consejo del INE, con resignación franciscana, simplemente dijera “Sí”. Pues en efecto, es lo que hay, pero los órganos electorales no parecen dispuestos a evitarlo ni a sancionarlo.
El pasado martes, Morena presentó una queja ante el INE porque Alfredo del Mazo rebasó el tope de gastos de campaña, solamente hasta donde se sabe, por 88.5 millones de pesos, lo que es causal de nulidad de la elección. Por supuesto, la denuncia de Morena no tendrá mayor eco en la “justicia” electoral y lo más probable es que se la reviertan acusando al partido de AMLO de ser el más gastalón. Eso precisamente hizo en 2012 un señor Cristalinas de ingrata memoria, quien prefirió ignorar el ostentoso y ofensivo derroche del candidato presidencial del PRI y acusó al del PRD –entonces López Obrador– de haber rebasado los topes de campaña.
Con esos antecedentes y ante la inminencia del 2018, es previsible que el IEEM , el INE, el Trife, la Fepade y los santos apóstoles arrojen agua bendita sobre su propio conteo y resulte ungido San Alfredo de Atracomulco. ¿Apostamos?