Los datos muestran la cruda y dura realidad: el primer cuatrimestre de 2017, el más violento del mismo periodo en 10 años. De enero a abril, suman 739 asesinatos en Guerrero, 7 por ciento más que en 2016, informa el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la secretaría de Gobernación. (El Sur 22/05/17)
Le falta señalar o reconocer a la información que ello ocurre no obstante los repetitivos programas de Guerrero Seguro, anunciados desde hace varios sexenios y que el actual gobernador, Héctor Astudillo, actualizó con igual o peor resultado.
De este modo “Guerrero sigue en primer lugar en ese delito y en segundo lugar está el Estado de México”. Sólo en abril van 189 homicidios dolosos, 6.3 cada día.
La violencia es causa y efecto de la problemática de gobernabilidad o gobernanza de que adolece el país y en particular Guerrero, estado en el que la autoridad ha ido perdiendo espacio y terreno, salvo en el discurso o en las campañas de difusión y propaganda que pretenden el levantamiento de cortinas de humo que la realidad, por sí misma y por sí sola, se encarga de demostrar su inutilidad e ineficacia.
La degradación y descomposición social, económica y política federal hace sinergia con el mismo fenómeno local. La autoridad se achica y los problemas crecen sin que haya siquiera un diagnóstico acertado. Sin tiempo ni espacio, mientras la desesperanza o la desilusión crecen y los anuncios de que se avanza y se mejora encuentran el caldo de cultivo de la incredulidad y la ausencia de credibilidad. Por más que se hable, los hechos desvelan la auténtica y genuina realidad.
Con diversos eventos se intenta reposicionar a Acapulco como destino turístico y transmitir el mensaje de que la situación mejora en el puerto y en el estado, pero el objetivo está lejos de lograrse.
La celebración del llamado Acamoto congregó a alrededor de diez mil motociclistas el pasado fin de semana, y a una gran cantidad de turistas, algunos aficionados a los espectáculos de velocidad y a las máquinas de dos ruedas, y otros simplemente gustosos de la fiesta, el ruido y el alcohol.
Lo más evidente fue la incapacidad de los organizadores y de las autoridades para controlar a los participantes y asistentes que abarrotaron la avenida costera, infringieron todas las normas de seguridad y ocasionaron desmanes, múltiples accidentes y riñas, con al menos un fallecido y una veintena de heridos.
Por un lado, puede advertirse que al no cuidar el perfil, la calidad y el adecuado desarrollo de los eventos, probablemente se logre llenar el puerto de visitantes, pero con ello no se reconstruye un bastión turístico de primer nivel, como en otros tiempos fue Acapulco. Sólo se consigue llenar de basura la playa y la Costera, así como una publicidad deprimente para el puerto, más cercana a la nota roja que a una difusión positiva.
Por otro lado, tampoco se consigue disimular la escalada de violencia que se vive en ese lugar y en todo Guerrero. La presencia de tropas y policías es una estrategia muy primaria, que no inhibe la actuación de los criminales, quienes como se dio a conocer en Zihuatanejo, continúan apropiándose con pasmosa facilidad de los cuerpos municipales, mientras los alcaldes son meras figuras decorativas, cuando no cómplices o socios activos de los hampones.
Hace ya diecinueve meses que el entonces gobernador entrante prometió que en un año se verían resultados notables en la disminución de los niveles de violencia. Pese al discurso oficial, las cifras y la realidad día a día muestran un agravamiento de la inseguridad en vastas zonas de la entidad.
En Totolapan, El Tequilero y otras bandas de delincuentes dominan la región, y la presencia militar y policiaca produjo bloqueos de carreteras y caminos por encapuchados armados, hasta el secuestro, el robo y la amenaza directa a reporteros que acudieron a cubrir los acontecimientos, no obstante, como ellos mismos relatan, la existencia de retenes de soldados en las cercanías de Acapetlahuaya, donde ocurrieron los hechos.
El colmo, que suena como para registro de Ripley, es el asalto a un autobús en donde se transportaban policías federales que regresaban a la ciudad de México desde Acapulco, en sus días francos. Cabe precisar que este insólito atraco ocurrió cerca de Alpuyeca, en territorio morelense, pero a fin de cuentas parte de toda una zona asolada por los delincuentes que no conocen ni respetan divisiones políticas, y en todo caso expresión del fenómeno nacional de crecimiento incontrolado de la inseguridad y la criminalidad.
El caso es que ni en el gobierno estatal ni en el federal parecen dar pie con bola ante el reto de abatir monstruos que muestran más vitalidad, fuerza y recursos que las carcomidas estructuras oficiales, y con frecuencia cada vez mayor, lamentablemente, hacen gala incluso de la aceptación y la colaboración popular, a medias forzadas por el miedo, a medias compradas por la derrama de dinero que calculadamente realizan.
Con todo ello, no se advierte en este tema un final cercano, ni feliz, infortunadamente.