Cuando una comisión de madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaban al panteón de San Diego de Tlapa acompañados de organizaciones sociales, para rendir homenaje al joven activista Antonio Vivar Díaz, ejecutado por policías federales el 7 de junio de 2015, en la Autopista del Sol eran desalojados los miembros del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero (MOLPPEG) por policías antimotines, por exigir la libertad de los 16 presos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop). Ese mismo día en la comunidad de El Charco municipio de Ayutla de los Libres, familiares de los 11 indígenas ejecutados por el Ejército y varios sobrevivientes, acompañados de organizaciones sociales marcharon para mantener viva la memoria de un pueblo digno, que a pesar de enfrentar una guerra de contrainsurgencia, a 21 años mantienen viva la exigencia de justicia.
El mismo viernes 7 el Servicio Médico Forense (Semefo), entregaba los restos de tres personas desaparecidas que fueron identificadas por los estudios realizados del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Después de cuatro años los familiares de Esmeralda Cuaxtitlán Sixtos de 34 años, su hijo Erik García Cuaxtitlán de 19 años, originarios de Zitlala y Rafael Grande Zapoteco originario de Chilapa de 18 años, lograron tener la certeza de que los restos encontrados en las fosas clandestinas en el cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala y en la barranca de Ajacayan municipio de Chilapa, correspondían a sus familiares desaparecidos. En estos años de dolor, por fin tres de las más de 100 personas desaparecidas que se han documentado en los municipios de Chilapa, Zitlatla y Atlixtac, han podido brindarles una digna sepultura, de poder llevar flores y llorar ante sus tumbas. El pasado sábado fueron velados los restos de Rafael Grande Zapoteco en la humilde vivienda de doña Cirila Zapoteco Chinito, indígena nahua de la cabecera municipal de Zitlala. Sobre el piso de tierra yacían el sahumerio, algunas veladoras y flores de cempaxúchitl, que le daban un halo que expresaba dolor y misticismo, en medio de la desolación. A pesar de la pobreza extrema en que vive doña Cirila Zapoteco, como parte de la costumbre preparó comida para las familias y amigas que la acompañaron en el velorio y que apoyaron a preparar la fosa. En este ambiente desgarrador por la violencia imparable, las víctimas encuentran consuelo, cuando dan con los restos de sus familiares desaparecidos. La intensidad del dolor parece amainar cuando el féretro se deposita en la fosa y se le reza como a todo creyente para que el difunto descanse en paz. La paz de los sepulcros es el destino funesto de muchas familias indígenas de los municipios de la Montaña baja que han sido rehenes del crimen organizado.
Ayutla, Tlapa y Chilapa, tres municipios indígenas de la Costa Chica, Montaña baja y Montaña alta, han sido escenario de crímenes atroces perpetrados tanto por agentes del Estado como el Ejército y la Policía Federal, como actores no estatales del crimen organizado que han podido erigirse como una fuerza sanguinaria que ha supeditado a los poderes locales. La infamia de estos hechos es que las autoridades han encubierto a los responsables. En la masacre de El Charco quedó evidenciada la acción terrorífica del Ejército, que actúa sin control alguno para atentar contra la vida de quienes supuestamente son disruptores del orden establecido y por eso usaron la fuerza letal para masacrar a 11 indígenas y un estudiante de la UNAM y dejar a varios heridos, sin permitir que les prestaran auxilio. Tendieron un cerco para impedir que entraran las autoridades civiles. Se erigieron como un poder supremo, por el simple hecho de portar armas y contar con equipamiento bélico. Las autoridades civiles sucumbieron ante el Ministerio Público militar. En lugar de investigar a los militares se han obstinado en criminalizar a la población indígena. No hubo avances significativos en las investigaciones y por eso ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigará el caso para esclarecer los hechos y demostrar que el Ejército incurrió en graves violaciones a los derechos humanos al ejecutar a 11 indígenas que descansaban en la escuela primaria Caritino Maldonado.
Este agravio es mayor por la acción deliberada de las autoridades de los tres niveles de gobierno que han dejado en el olvido a estas comunidades na savi, que han sido estigmatizadas como bastiones de la insurgencia armada. Como parte de esta estrategia de guerra de baja intensidad se han suscitados asesinatos selectivos de indígenas que han ejercido algún liderazgo comunitario. Se ha destruido el tejido de la colectividad y se ha generado un ambiente de terror para impedir la reorganización de los pueblos en defensa de sus derechos. Las viudas, que ya son abuelas viven en situaciones sumamente indignantes. Siempre han cargado con el dolor y la enfermedad. Nunca han podido tener suficientes alimentos en su casa para paliar la desnutrición de sus hijos y nietos. Han sufrido el desprecio de las autoridades municipales y nunca han sido escuchadas por los gobiernos estatal y federal. Sobreviven de milagro y también por esa fuerza que han acumulado como mujeres que aman la vida y que tienen el valor de mantener firme su lucha para alcanzar la justicia.
En Tlapa, el Movimiento Popular Guerrerense mantuvo en alto la demanda de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, de evidenciar la colusión que existe entre grupos políticos con la delincuencia organizada, y por lo mismo, de no permitir que se reproduzca un sistema político basado en la corrupción y en la criminalidad. Fue clara la postura política de boicotear las elecciones de 2015 como una medida radical de cuestionar los procesos electorales que siguen plagados de irregularidades por el dinero mal habido que se sigue filtrando en estas contiendas políticas, donde intereses ajenos a los valores democráticos buscan enquistarse en las estructuras gubernamentales. Esta lucha la libraron en medio de peligros e injurias por parte de los grupos políticos de la Montaña, que no estaban dispuestos a que el proceso electoral se descarrilara. Utilizaron grupos de choque y a los mismos cuerpos policiales y militares para reprimir al movimiento que resistía en la cabecera municipal de Tlapa con la toma del ayuntamiento. Hicieron causa común los representantes de los partidos políticos para proporcionarles palos y machetes a organizaciones de taxistas con el fin de desalojar a los plantonistas y golpear a sus líderes cuando marchaban por las calles de la ciudad. En este ambiente de polarización social y política el 7 de junio 2015 se atizaron los ánimos con la quema de una camioneta del INE, que dio pie para que la policía federal detuviera a ocho personas que supuestamente las habían encontrado en las instalaciones en la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). De manera arbitraria los trasladaron al 97 batallón de infantería donde les sembraron bombas molotov, para señalarlos como autores de la quema de la camioneta. Fueron trasladados en helicóptero de la Marina a la ciudad de Acapulco. El malestar de los colonos fue mayúsculo y no tuvieron otra alternativa que detener a los policías federales que maniobraban para llevarse los vehículos de la CETEG. La gente los increpó, les quitó sus toletes y a la fuerza se los llevaron al interior de la capilla de la colonia de El Tepeyac. Con el pretexto de que la gente los quería linchar, el gobierno federal dio la orden de que subieran más policías y soldados para liberar a los detenidos. Fue en esa arremetida cuando uno de los policías detenidos sacó de la bolsa de su pantalón una pistola y disparó contra Antonio Vivar Díaz quien se encontraba frente a la puerta de la capilla. Hasta la fecha la Fiscalía General de la República no ha avanzado en las investigaciones ni mucho menos ha identificado al policía que perpetró el crimen. En diciembre del 2018 la CNDH emitió la recomendación 85/2018, donde señala que la Policía Estatal, la Policía Federal, miembros del Ejército mexicano del 97 batallón de infantería y de la Secretaría de Marina incurrieron en diversas violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas y la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz. A pesar de que existen recomendaciones precisas a la Sedena, la Fiscalía General de la República, al gobernador del estado y a la Fiscalía de esta misma entidad ninguna de las autoridades ha dado cumplimiento a estas recomendaciones, por el contrario los familiares siguen en una situación de alta vulnerabilidad porque saben que no hay ninguna garantía de justicia y mucho menos protección para sus personas que en diferentes momentos han sido víctimas de amenazas y agresiones.
La solidaridad de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la presencia de compañeros normalistas de esta escuela, forma parte de las luchas de la gente de abajo que se tejen con el amor y la dignidad de hombres y mujeres del campo, que en medio del dolor dan la batalla contra la infamia de los que tienen el poder. El esfuerzo por articular estos procesos organizativos ayuda a abonar la tierra de la resistencia para que nazca el fruto de la justicia. Se trata de una siembra marcada por el dolor, por la violencia, por la infamia y por la muerte de quienes sueñan con un mundo sin víctimas. Por eso la lucha de los pueblos de Guerrero y de sus familiares es multiforum, se dá en los tribunales como se hizo con el Cecop, logrando que se dicte libertad para los 16 detenidos. También los pueblos indígenas están dando la batalla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la interposición de la controversia constitucional ante la reforma regresiva aprobada en la Legislatura pasada, que desconoce de tajo el sistema de justicia y seguridad comunitarias. La lucha de los colectivos de familiares de Chilapa, Zitlala, Chilpancingo e Iguala es ejemplo inaudito de tenacidad, de dignidad y de un profundo amor por sus hijos, por quienes claman verdad y justicia.