El juicio a Genaro García Luna en Nueva York me ha puesto a pensar si podemos dialogar sobre el país y su funcionamiento real como adultos. La conversación pública sugiere lo contrario: exhibe un infantilismo desmesurado que hace a todos quedar mal. Primero, López Obrador acudió a la espectacularización de la justicia, dijo que el juicio estaba mejor que las series fresas de Netflix y lo utilizó públicamente para hablar de “la corrupción del pasado” y establecer que ahora todo ha cambiado. Poco le faltó para decir lero lero. Después, cuando el abogado defensor de García Luna quiso que uno de los testigos repitiera lo que había dicho durante el juicio de Joaquín Guzmán (es decir: que la organización de Sinaloa aportó también dinero al equipo de AMLO), éste se indignó –no por él, sino por la investidura, como aclaró–, pataleó, insultó al abogado y elogió la rectitud de El Rey Zambada por no implicarlo directamente a él –y el lero lero vino de enfrente. Los medios, partisanos todos, instrumentalizaron lo que les servía contra cualquiera de los bandos. Los más avanzados advirtieron –como si el predominio de Estados Unidos en la judicialización de nuestra elite política fuera indiscutible e indisputable– que los verdugos de hoy serán las reses del mañana y recordaron el caso de Sergio Carmona, el financiador de un grupo de Morena asesinado en 2021 sobre el que la mayoría de la prensa prefiere no hablar.
Todos los partidos políticos están implicados en redes de financiamiento ilegal que implican, a su vez, el establecimiento de ciertos compromisos de gobierno con actores económicos que tienen, por lo menos, un pie fuera de la legalidad. Despachos de abogados, especialmente penalistas, realizan las tareas de intermediación entre los políticos, los financiadores, los militares y otros operadores del Estado, como los jueces. Empresas y abogados de otro tipo –fiscalistas– constituyen sistemas de lavado de dinero e inversiones de todo tipo, pero especialmente financieras, preferentemente en países que no tengan colaboración con el SAT (muchas veces el dinero se resguarda en Estados Unidos, pero en los últimos tiempos el dinero ha fluido a Qatar, entre otros destinos). Frente a ello tenemos varias opciones. La primera es cínica, a la vez que hipócrita, y consiste en privilegiar la mirada moral y la condena a ese entramado y decir que lo que hace falta es imponer el Estado de derecho sin más.
Una opción distinta es desarrollar una mirada sociológica, que explique cómo funciona este sistema que consume incluso las aparentes buenas intenciones de políticos vanidosos que aspiran a una estatua para la posteridad –igual panistas que morenistas–, descifrar el verdadero sistema de valores de la política mexicana, o, por decirlo de otro modo, la verdadera constitución política del Estado mexicano. Partamos de que en los grupos que han partido el queso estos sexenios se han enriquecido políticos y sus familiares, despachos penales y los militares, consultoras de campaña y despachos fiscalistas, aunque sean encabezados por personajes diferentes cada seis años. ¿Qué hay que hacer para modificar esa constitución real? ¿Hasta dónde está dispuesta la clase política a hacer el tipo de cosas que pregona de un lado y otro del espectro político? ¿Qué puede hacer la ciudadanía por fuera de los partidos? ¿Qué queremos realmente hacer con lo que somos como país?