Yo soy uno de esos millones de mexicanos para quienes ha sido complejo mantener el peso adecuado para su salud a lo largo de los años. Veo mis fotos de bebé, de niño, y noto que nunca fui delgado, sin embargo mi peso se disparó cuando me fui a vivir con mi querida abuela –en paz descanse–, que para sortear la vida atendía una tiendita de abarrotes en su casa. Era el “paraíso” de papas fritas, refrescos de cola, galletas, chicles, dulces de tamarindo, chamoy, cocadas, entre muchos otros alimentos nada saludables y con enormes cargas calóricas.
Me tocaba despachar la tienda de vez en vez y ya saben: entre atendía a una persona y otra me comía un flipi, un cocochoco, un mamut, un realito, una coca, una fanta, un pan dulce, etcétera. Un día me sometí a una dieta ordenada por un profesional y bajé de peso. Desde entonces vivo con el subibaja.
He escuchado decir a muchas personas delgadas que no comprenden “cómo alguien puede engordar tanto”. Pero el sobrepeso es más difícil de combatir de lo que creen, sobre todo cuando los mexicanos tenemos poca educación alimenticia, altas cargas de trabajo, pequeños ingresos y esporádicas oportunidades para hacer ejercicio. En cambio, hay acceso fácil a la comida con alto contenido calórico: la encuentras en cualquier esquina a precios relativamente bajos.
Por eso me llamó la atención la crítica que hizo en Chiapas el subsecretario de Salud Hugo López Gatell. “¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental?”, cuestionó. La postura del funcionario federal le atrajo una ola de críticas de parte de la iniciativa privada, en particular de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), que rechazaron las declaraciones de López Gatell y que aseguraron que estas bebidas sólo representan el 5.8 por ciento de la ingesta calórica diaria.
El Poder del Consumidor, organización civil que ha informado y se ha enfrentado a los productores de comida con altos contenidos calóricos y poco nutritivos, reaccionó al debate y mencionó que cada año se asocian al consumo de bebidas azucaradas más de 40 mil muertes en México, que 70 por ciento de la ingesta de azúcares agregados en la dieta de los mexicanos proviene de bebidas azucaradas y que el mayor impacto se observa en las poblaciones indígenas del país, sobre todo de Chiapas, estado donde López Gatell manifestó su crítica.
En un comunicado, El Poder del Consumidor expuso que las reacciones de la ANPRAC –léase Coca Cola FEMSA, que patrocina a esta asociación– “a las declaraciones que dio el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López Gatell durante un recorrido en Chiapas, deben ser denunciadas como un atentado al derecho de los consumidores a la información, al negar los daños de sus bebidas”.
Además, destacó que “la evidencia científica ha demostrado su relación con las epidemias de obesidad y diabetes, con las enfermedades cardiovasculares, entre otros de los principales males que afectan a la población global y, de forma especial, a la mexicana”.
Desde el principio de la pandemia supimos que México se hallaba doblemente expuesto a la pandemia de covid-19 por nuestros altos índices de obesidad, hipertensión y diabetes. Y en efecto, independientemente del número de pruebas que se realizan, hemos visto que las personas con estos padecimientos manifiestan una probabilidad mayor a complicaciones graves.
Es muy común que cuando una persona decide bajar de peso lo primero que haga es decirle adiós a los refrescos embotellados, a las galletas, a los pastelillos y a las papas fritas, entre otros alimentos y bebidas. Esto nos advierte de forma sencilla y cotidiana que el factor refrescos azucarados, harinas refinadas y alimentos “chatarra” es real en el aumento de peso de los mexicanos.
Cuando yo bajé de peso por primera vez, abandoné todos esos alimentos y aumenté las frutas, las carnes magras y el agua natural. Afortunadamente tuve el apoyo familiar y económico para lograrlo, pero nuestra realidad mexicana, con los severos problemas de marginación y pobreza que tenemos, complica mucho acceder a una sana alimentación.
Urge una política de salud integral en México, que eduque y que dé posibilidades reales de acceso a alimentos sanos a todos los sectores, principalmente a los más desprotegidos.