Para Martha Bárcena, representante de la mejor diplomacia mexicana.

Venimos de varios sexenios que hundieron al país en la desgracia. El actual gobierno de la República recibió un Estado en franca descomposición, no sólo por la corrupción de las anteriores administraciones, sino porque al llevar la desigualdad hasta el extremo se abrieron las puertas al hasta ahora imparable auge de la delincuencia.
La omnipresencia del narcotráfico o el crecimiento exponencial del huachicoleo es resultado de la corrupción, pero sobre todo de la pobreza generalizada. Retrocedió la movilidad social y se fueron cerrando para los jóvenes las posibilidades de educación, de trabajo y de recreación sana.
Por eso mismo resultan incomprensibles algunas medidas del gobierno federal. Comenzó ya el prometido cese de los empleados públicos que no tengan base laboral, lo que significa, ni más ni menos, que cientos de miles de trabajadores quedarán sin trabajo y sin ingresos, lo que también implica condenar a cientos de miles de familias al hambre y la desesperanza.
Voces oficiales han dicho que los despidos serán selectivos, pero el hecho es que ya se soltó la guadaña contra la gente que trabaja, pero no tiene base. Los que se quedan, los de planta y sindicalizados, son precisamente los de menor rendimiento y más dudosas capacidades –con las excepciones del caso–.
Aunque discutible, es loable el proyecto de crear cien universidades, pero es altamente riesgoso que surjan de la depauperación de las instituciones educativas existentes. Ahora mismo, la intentona de recortar los presupuestos ha puesto a las casas de estudios en pie de guerra.
Es cierto que no pocas universidades distan de contar con el nivel académico deseable y es indudable también que las burocracias de la educación superior disfrutan de altísimos sueldos y canonjías incompatibles con la política de austeridad, mientras más de 80 por ciento de la planta docente vegeta con salarios míseros, sin seguridad en el empleo ni posibilidades de ascenso. En esos casos, cabe preguntar ¿para qué queremos cien universidades más?
Por fortuna, el presidente López Obrador ha decidido dar marcha atrás y ya prometió respetar los presupuestos y aumentarlos proporcionalmente con la inflación. A cambio, los poderes Ejecutivo y Legislativo muy bien pueden exigir cuentas claras y resultados tangibles. Eso no implica violación alguna a la autonomía, pues cuando se manejan dineros públicos es un deber informar a la ciudadanía de manera amplia, clara y convincente.
El recorte a la cultura es otra medida lamentable. El presupuesto del ramo ha venido disminuyendo año con año y hoy representa menos de la mitad de lo que llegó a manejar Consuelo Sáizar en el Conaculta. Se trata de un castigo sistemático a los trabajadores de la cultura –pintores, músicos, bailarines, escritores y todos cuantos se dedican a la creación artístico-intelectual–.
Debe tenerse presente que estos mexicanos son gente que se esfuerza en la producción, recreación y proyección de eso que se llama pomposamente, pero con buena dosis de verdad, las altas manifestaciones del espíritu. Pero los cuerpos de esos mismos trabajadores y sus familias no se alimentan sólo de valores estéticos, sino que requieren de alimento material, vestido, educación, un techo y todo aquello que forma parte de la vida.
Es probable que en el nuevo gobierno se crea que el ámbito cultural está poblado sólo por intelectuales fifís, para usar un término caro a quienes hoy gobiernan. Pero no hay tal. Son gente enjundiosa, preparada y en muchos casos poseedora de talento que merece la mejor suerte porque su obra prestigia a México.
Pero la pérdida mayor no es para los creadores, sino para la masa anónima a la que está destinada su obra, ese público al que ahora se le cobran varios días de salario mínimo si quiere visitar con su familia un museo, esa gente común que nunca ha asistido a un concierto ni a una exposición, que no lee porque comprar libros es dejar de comer.
Está muy bien que se desplieguen grandes proyectos para ayudar a los adultos mayores, a las madres solteras, a los estudiantes y a todo México. Pero es mala política crear pobres para después subsidiarlos. Es todavía peor negar el acceso a la educación y a la cultura, porque el peligro es desnaturalizarnos como pueblo, perder identidad y cerrar caminos. Ojalá lo entiendan las nuevas autoridades.