EL-SUR

Sábado 22 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

Es cuestión de modelo

Jesús Mendoza Zaragoza

Octubre 30, 2006

A propósito de la opinión del presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, Jorge Bajos, en el sentido de que el gobierno tiene que apostarle a la inversión privada porque para que haya desarrollo social es necesario que haya desarrollo económico, llama la atención la concepción de diversos sectores empresariales y gubernamentales en cuanto a la relación entre el crecimiento económico y la distribución de sus beneficios.
En el marco de las discusiones del presupuesto de egresos 2007, es legítimo que el gobierno del estado se proponga generar sus propios recursos para no mantener una dependencia presupuestal tan absoluta del gobierno federal. Y es legítimo que se busquen formas de generar y promover el desarrollo económico como una condición necesaria para el desarrollo social. Y es legítimo que se busquen inversiones que generen empleos y riquezas que satisfagan las necesidades de la población.
Hasta aquí todo parece ir bien. El problema comienza cuando se busca relacionar este desarrollo económico con el mejoramiento del nivel de vida de la población.
Se suele decir que “primero hay que hacer el pastel y después hay que repartirlo”. Suena muy lógico pero el problema está en que “quien reparte se queda con la mejor parte”. Y, ¿quiénes suelen repartir el pastel? evidentemente que quienes tienen en sus manos el control de la economía. Y lo suelen hacer hasta “de buena fe” pero con efectos inequitativos e injustos que mantienen en la marginación y en la exclusión de los beneficios a la gran mayoría de la población.
Lo que sucede es que el modelo de desarrollo que sustenta esta manera tan injusta de distribuir los beneficios económicos no da para más. El libre mercado dejado a sus anchas no sabe hacer otra cosa más que hacer crecer el capital, que siempre está acumulado y en manos de unos pocos, y no sabe nada de una justa y equitativa distribución.
Esta manera de operar la economía es la que se ha impuesto con dramáticas consecuencias. No es casual la extrema pobreza de regiones completas como La Montaña, la Costa Chica y la Sierra. Ni la de los cinturones de miseria de nuestras ciudades. El pastel no ha alcanzado para ellos y se prevé que ni alcanzará, mientras se sigan aplicando las doctrinas neoliberales.
Nuestros gobiernos han resultado muy devotos de las recetas neoliberales. Eso hemos visto en los gobiernos federales incluyendo a Fox y prevemos que Calderón seguirá el mismo camino. Y eso hemos visto en los gobiernos estatales hasta ahora. En ese contexto, el desarrollo social queda prisionero de los presupuestos neoliberales que incitan ansiosamente al crecimiento mientras descuidan la distribución en los planes globales de gobierno. Todo, desde la misma planeación económica, el manejo de la salud, de la educación, del medio ambiente, de los medios de comunicación, de las cuestiones laborales y demás, todo se desarrolla a partir de políticas que sistemáticamente benefician a los dueños del capital y damnifican a los de siempre, a quienes sólo tienen que ofrecer su fuerza de trabajo.
Se trata de un modelo económico que carece de contemplaciones humanas y de una vertiente ética. Al respecto, quienes promueven esta forma de ver la economía reclaman un derecho a deslindarse de cualquier consideración moral como si la economía no tuviera implicaciones y repercusiones éticas. Nada saben de bien común, ni de solidaridad, ni de justicia social, ni del destino universal de los bienes. Las leyes del libre mercado más salvaje que se está aplicando entre nosotros son rígidas e implacables y no están dispuestas a suavizar sus efectos de exclusión.
Las salidas que los gobiernos prevén a estos desajustes económicos y sociales las implementan a través de las secretarías de desarrollo social que tienen un papel de contención de inconformidades y de posibles estallidos sociales. Sus esfuerzos apenas son paliativos a los desequilibrios económicos que se han generado por el mismo sistema. ¿Por qué, en lugar de Pensión Guerrero no se ofrece el servicio de salud gratuito para los ancianos que carecen de seguridad social? Esta sería una respuesta más eficaz y más estructural.
Este modelo de desarrollo, que es excluyente es el que sirve para diseñar los planes de desarrollo económico y los presupuestos gubernamentales. ¿Qué podemos esperar de ellos? No gran cosa. Ni siquiera el incremento del gasto social sería suficiente para dar respuestas eficaces y proporcionales a la pobreza extrema de multitudes de guerrerenses. Hay que rediseñar con criterios distintos el papel del Estado, de las instituciones de gobierno y sus políticas públicas. Tenemos que pensar en un diseño de fuerte carácter educativo y cultural en el cual se creen condiciones para que la gente tenga oportunidades de salir adelante por sí misma. Y un diseño en el cual se le pongan correctivos firmes a la actividad económica dándole un sentido solidario y social.
Este diseño tiene que reflejarse, también, en los presupuestos de egresos. Una de tantas formas de hacerlo sería, por ejemplo, en los sueldos o prerrogativas y/o bonos o como se les llame que funcionarios públicos, legisladores incluidos, se otorgan a sí mismos. Las abultadas percepciones de los “servidores públicos” son siempre un insulto al pueblo y una señal de desprecio a los pobres.
Eso de que “primero hay que generar el dinero para después repartirlo” es una salida fácil que los devotos del neoliberalismo suelen señalar. En el fondo es una evasión olímpica ante la pobreza y una manifestación de incapacidad para afrontar, con eficacia y lucidez, el dramático incremento de la pobreza extrema.