La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a nuestro país el pasado 8 de junio sirvió para atender diversos asuntos de la agenda bilateral. Los medios de comunicación le dieron importancia sobre todo a la cuestión migratoria pero Kamala Harris le dio un lugar destacado, también, a la cuestión laboral. Y de ello poco se ha hablado.
En la reunión que celebró con dirigentes, activistas y expertos laborales, así como en su conferencia de prensa, la vicepresidenta argumentó que su gobierno es “uno de los más favorables para los trabajadores y los sindicatos en la historia de Estados Unidos” (pro workers, pro unions). Por ello, se comprometió públicamente a apoyar la organización de sindicatos y a la negociación colectiva tanto en Estados Unidos como en México. Insistió en que en este aspecto hay coincidencia con la administración del presidente López Obrador y que esta visión aportará una mayor prosperidad económica y mejorará el nivel de vida de los trabajadores en ambas naciones. Argumentó, con cierta amplitud, las bondades de la unión sindical y la negociación colectiva ya que, dijo, ello da lugar a resultados “justos” para ambas partes, empleados y empleadores. Nuestro objetivo, agregó, es que la relación económica se “traduzca en empleo decente en ambos lados de la frontera”. Más adelante anunció una adición presupuestal de 130 millones de dólares para ayuda técnica y programas de apoyo para la implementación de la reforma laboral, y la erradicación del trabajo de niñas, niños y adolescentes. Esta ampliación se liga a 610 millones de dólares que ya se habían contemplado para esos mismos fines. De ellos, 100 millones se invertirán en los próximos seis meses.
A lo anterior hay que agregar la posición de Canadá, el tercer socio del T-MEC que había anunciado por medio de su embajador en nuestro país, el 2 de junio, que su gobierno destinará 27 millones de dólares para programas que permitan cambios en las prácticas laborales, promover la reforma y su implementación. Es decir, dijo, para apoyar a los trabajadores mexicanos y la promoción de sindicatos democráticos.
Las cosas no han quedado sólo en declaraciones y anuncios de financiamiento. Ya existen, por lo pronto, dos quejas por motivos laborales que han sido retomadas formalmente por el gobierno de Biden al más alto nivel bajo el mecanismo planteado por el T-MEC. Como dijo la representante comercial, Katherine Tai, encargada de presentar la denuncia, ahora se trata de “defender a los trabajadores en el país y en el extranjero”.
Una de ellas se refiere a un conflicto en la fábrica de autopartes Tridomex, ubicada en Matamoros, donde, aseguran, se afectaron seriamente los derechos laborales de negociación colectiva y libre asociación. La investigación está en curso y si se encontrara que, en efecto, hubo estas faltas, tendrían que repararse o, en su caso, aplicarse sanciones a la empresa que incluyen aranceles adicionales o prohibiciones a sus exportaciones. Hay que decir que esta empresa es una filial de Cardone Industries, con sede en Filadelfia, dedicada a la fabricación de autopartes. Se trata de un clásico ejemplo de una maquiladora en la que por muchos años se han cometido violaciones sistemáticas de los derechos laborales, lo que ha sido acompañado de la inexistencia de sindicatos representativos y contratos colectivos legítimos.
Esta fue la segunda queja en un mes presentada formalmente por las autoridades estadunidenses. La primera fue contra una planta de General Motors, en la que laboran más de seis mil personas, ubicada en Silao, Guanajuato, debido a que se cometieron graves irregularidades en una votación que realizaban los trabajadores para legitimar el contrato colectivo, en manos, hasta ahora, de la CTM. El escándalo llegó incluso al Congreso; una comisión especial exigió a la empresa no entrometerse en los asuntos sindicales.
El cambio en la orientación de las políticas comerciales y económicas de Estados Unidos representa, al menos verbalmente, una mudanza muy significativa. Durante décadas Washington ha defendido a sus empresas e inversionistas a toda costa, apoyando medidas represivas, intervenciones directas de la CIA, y hasta acciones violentas contra gobiernos que han intentado ser, como dijo Kamala Harris, favorables a los trabajadores y sus organizaciones. La administración estadunidense nunca había mostrado simpatía por los sindicatos y la defensa de la clase obrera frente a las arbitrariedades que cometen las filiales de los grandes consorcios manufactureros instaladas fuera de su territorio.
Este giro se debe a un conjunto de razones, entre ellas la fuerte presión de los sindicatos. La vicepresidenta aludió claramente a esta situación cuando platicó con los laboristas mexicanos. Aparentemente, se ha abierto una brecha política en esa nación, en la que o bien se impone un gobierno con una línea progresista y pro laboral; o no queda sino la opción ultraconservadora de la derecha republicana cuya figura central sigue siendo Trump. Un centrismo al estilo Obama o Clinton no parece una buena alternativa en estos momentos.
Sin embargo, no queda claro hasta dónde podrá llegar la nueva orientación del gobierno de Biden. Dentro de su propio partido hay resistencias a algunas de las nuevas orientaciones del presidente, como la reforma fiscal. En el caso de México, falta conocer cuál será la reacción de las empresas, las cuales, por lo pronto, ha negado su responsabilidad en la violación de derechos laborales. No podemos saber si los directivos aceptarán cambiar sus esquemas laborales y aceptar una negociación con los trabajadores en términos justos, como dijo la vicepresidenta, o seguirán buscando alargar el estado de cosas con diversas maniobras jurídicas. Podrían incluso decidir su salida de nuestro país y regresar a Estados Unidos, cosa que su gobierno, seguramente, vería con buenos ojos.
A pesar de estas incertidumbres, de la crisis motivada por la pandemia a nivel mundial y de un escenario que pinta una recuperación lenta de nuestra economía, o precisamente para tratar de superar este escenario, se abre una oportunidad para que México se inserte en las relaciones con sus socios comerciales de una manera distinta, en la que la llamada “ventaja comparativa”, consistente en salarios muy reducidos y malas condiciones de trabajo, deje de jugar un papel tan relevante. Para ello, el gobierno de López Obrador no sólo deberá llevar a cabo una mayor vigilancia de las leyes laborales como lo están exigiendo sus socios comerciales. En el mediano plazo tendría que proponer un nuevo esquema de política industrial que permitiera atraer inversiones foráneas, al mismo tiempo que aumenten los salarios y las prestaciones contractuales. Para que ello suceda, y las empresas extranjeras no se retiren de nuestro territorio, el gobierno de México se vería obligado a ofrecer incentivos basados en una infraestructura más moderna; ofrecer una mejor calificación de la mano de obra; y mayores recursos destinados a la investigación y aplicación de la ciencia y la tecnología. Es decir, en lo fundamental, construir una nueva inserción de nuestro país en la globalización económica.
En el mediano y largo plazo, una mejoría sostenida de los salarios y las condiciones laborales de los mexicanos tendría que surgir de un nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá que, más allá de lo pactado en el T-MEC, abra nuevas formas de cooperación para el desarrollo. Un nuevo tipo de relación entre las empresas de capital extranjero y los trabajadores mexicanos con el apoyo de los gobiernos de las tres naciones tendría viabilidad sólo si descansa en un aumento sostenidos de la productividad. Y esto último requeriría un incremento muy relevante de la inversión basada en el cambio de tecnologías y los procesos de producción.
Un cambio de esta magnitud requeriría tiempo y un ambiente político favorable la región norteamericana. Soplan vientos nuevos, pero no está claro si llegarán muy lejos.

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