EL-SUR

Martes 30 de Noviembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Es urgente descentralizar

Humberto Musacchio

Septiembre 21, 2017

Cabe preguntar qué nuevas tragedias necesitan las autoridades para proceder a la descentralización. La sobrepoblación de la Ciudad de México llegó al colapso, pero no se conoce proyecto alguno para aligerar el paquidérmico y costoso aparato burocrático ni para devolverle a la capital algo de la productividad, fluidez y seguridad perdidas.
En los años setenta, el Plan Nacional de Desarrollo elaborado durante el sexenio de José López Portillo disponía algunas medidas tendientes a la descentralización de funciones del Distrito Federal, sin embargo, la caída de precios del petróleo –carta a la que se apostó todo– impidió poner en práctica las medidas propuestas.
En 1985, los sismos de septiembre volvieron a poner sobre el tapete la necesidad de descentralizar y en un primer momento se ordenó la salida de Caminos y Puentes Federal de Ingresos, que se mandó a Cuernavaca, y del Inegi, que se fue a Aguascalientes, y eso fue todo o casi todo.
Para no continuar con el proceso se arguyó que el país estaba en crisis y no faltaba cierta razón, pues era el sexenio de la ineptitud encabezada por el medroso Miguel de la Madrid Hurtado. No había dinero y por supuesto llevarse a la burocracia tiene un costo ciertamente alto, pero dejar todo como está tiene un costo mayor.
Desde entonces, en los 35 años transcurridos entre grandes y pequeñas crisis, hemos visto con preocupación primero y luego con horror el crecimiento imparable de la zona metropolitana de la Ciudad de México y el desplome de la calidad de vida.
La gran metrópoli sigue creciendo de manera incontenible. Cada día llegan más y más personas a poblar decenas de municipios del Estado de México, de Hidalgo o de Morelos. Viven allá, pero hacen su vida en la ciudad de México, donde están las oportunidades de empleo, de negocios y de estudio; los mejores servicios médicos, los mayores atractivos culturales, el comercio más variado y todo aquello que hace de las grandes urbes polos de atracción.
A lo anterior hay que agregar la construcción de edificios medianos, grandes y gigantescos que requieren electricidad, agua, drenaje, movilidad para sus ocupantes y muchos y muy diversos servicios. Dicen que la Ciudad de México cuenta con un reglamento de construcción, pero es el secreto mejor guardado, pues resulta muy complicado saber, por ejemplo, cuántos pisos puede tener un edificio en determinada zona, porque la autorización está sujeta a la aprobación de algún burócrata que con una buena embarrada de mano se pone generoso y extiende la licencia respectiva.
Peor todavía es que algunos constructores levantan varios edificios con una sola licencia, la que fue extendida sólo para un inmueble, pero que se exhibe en varios a la vez, como se ha denunciado en la prensa. Lo peor es que muchas obras en construcción ni siquiera exhiben el consabido cartel con el número de licencia, sencillamente porque no lo tienen y los responsables saben que se pueden arreglar con los inspectores mediante la inevitable y práctica mordida.
El resultado de tanto desorden, ineptitud y corrupción es que florece el negocio de la construcción, una de las actividades más propicias para servir de lavadero a las mafias del narcotráfico, la política y otras actividades delictivas. Como consecuencia, se construye sin cumplir las más elementales normas de seguridad y sin atender a las condiciones propias de cada colonia, barrio o calle.
Para colmo, ahora el gobierno capitalino autoriza la construcción de edificios sin estacionamiento o con la exigencia de menos lugares para ese fin, lo que por supuesto propicia más corrupción y más irresponsabilidad de los constructores, porque la finalidad es dotar a la ciudad de más espacios para vivienda, pues se parte del supuesto de que las autoridades no harán nada para evitar el crecimiento irracional de la Ciudad de México.
Para quienes están por la descentralización, existe la idea de que deben irse a diferentes estados secretarías enteras y otras dependencias. Sin embargo, no es aconsejable repetir la fallida experiencia de Brasilia. Los títulares de secretarías y dependencias federales se pueden quedar en la capital con pequeños equipos de trabajo, pero la carga principal de sus oficinas muy bien puede distribuirse en todo el país.
Washington es la capital de la principal potencia, y es una ciudad relativamente pequeña. ¿No podríamos asimilar esa experiencia y racionalizar la vida de la capital del país?