EL-SUR

Sábado 22 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

¿Es viable hablar con las organizaciones criminales?

Jesús Mendoza Zaragoza

Marzo 28, 2016

El contexto

Se lucieron durante la Semana Santa. Ignoraron, como era de esperarse, el llamado a una tregua que el arzobispo Carlos Garfias les hizo. Burlaron la vigilancia del dispositivo de seguridad que militares y policías establecieron para este periodo vacacional. Se habla de al menos 38 ejecuciones en la semana tan solo en Acapulco. Así se comporta la delincuencia, entre la locura y la bestialidad. El punto ahora es, ¿qué hacer con los criminales? Desde mi punto de vista, hay dos opciones: la primera es eliminarlos, ya hundiéndolos en las infernales cárceles que tenemos o, de plano, matándolos. La segunda es recuperarlos mediante una estrategia adecuada que incluya acciones legislativas y restaurativas que ayuden a sanar este cáncer social.
El fenómeno de la delincuencia organizada en México es multifactorial en cuanto que tiene raíces económicas, políticas, sociales y culturales, lo mismo que se ha apoyado en causas estructurales, institucionales e individuales. Por ejemplo, el hecho de que un campesino siembre mariguana se debe a diversos factores y sin menoscabar la responsabilidad individual, hay también responsabilidades estructurales de actores políticos y sociales.
Por otra parte, las opciones que el Estado tiene para quienes están en la delincuencia son la cárcel o la muerte. Por otra parte, el sistema penitenciario de México está en tan malas condiciones que agrava la situación de quienes son recluidos en ellos, ya que no rehabilita, pues en muchos casos los penales están cooptados por las bandas criminales. Es cierto que los criminales deben ser castigados, pero de manera que sean realmente rehabilitados y reintegrados a la sociedad.
El modelo de la justicia punitiva no ofrece opciones que mejoren las condiciones del país ni a corto ni a largo plazo. Hay que pensar en que se hace necesario promover otro modelo como el de la justicia restaurativa o transicional, que ofrece otras opciones que en el modelo mexicano no se consideran. La justicia transicional es la manera de hacer justicia en contextos de conflictos armados internos, para conseguir dos cosas esenciales: la negociación política del conflicto y la realización de la justicia y echa mano de una serie de mecanismos y herramientas especiales que permiten  enfrentar las violaciones masiva a los derechos humanos, buscando  el reconocimiento de las víctimas y la construcción de confianza entre los ciudadanos, y entre éstos y el Estado.
Hay que tomar en cuenta que en México hay un gran segmento de población que vive de la economía criminal o ilegal, generada a partir del narcotráfico que tiene una historia secular. Nuevas formas de delincuencia organizada han surgido en los últimos años: contrabando de armas, trata de personas, tráfico de armas, venta de órganos, piratería (ropa, electrónicos, discos, libros, etc.), secuestros, cobro de piso, extorsiones, lavado de dinero, etc. Hay que pensar que millones de mexicanos viven de esta economía negra, y por tanto, están en la ilegalidad. El reto está en cómo hacer pasar a este segmento significativo de la población del ámbito de la ilegalidad al de la legalidad.
La fallida estrategia gubernamental
Esta estrategia mantenida a lo largo de nueve años no ha dado los resultados que se esperaban y al contrario, la situación se ha complicado. La respuesta del Estado ha sido violenta, lo que ha redoblado la violencia. En nuestro estado, la Operación Guerrero Seguro que comenzó en 2011 no ha dado los resultados esperados, más bien, se han complicado las condiciones de violencia que estamos palpando ahora en todas las regiones de la entidad. ¿Cómo convencer al Estado para que busque otras alternativas y para que trate el asunto de la violencia de una manera más integral y no como un problema policiaco? Para ir a las raíces de la violencia y de la inseguridad hay que promover políticas públicas que fortalezcan la familia, las comunidades y los pueblos. Además se requieren acciones decididas contra la corrupción pública, deslindar a las instituciones de gobierno de la delincuencia organizada, fortalecer la educación y promover una economía que fortalezca a las comunidades.
Ante esta estrategia fallida, hay que buscar alternativas. Sin abandonar la contención de la delincuencia, tienen que buscarse otras opciones que abran caminos al país. Una de ellas es el diálogo, en forma de diálogo social, dialogo político y diálogo nacional, que no excluya a nadie. La participación de todos los mexicanos es necesaria para salir de esta emergencia nacional. De manera creativa y transparente hay que buscar todas las formas posibles. Se requiere una cultura del diálogo que nos permita escucharnos unos a otros, que abra espacios para la comprensión de los problemas más sensibles y que nos permita buscar juntos las soluciones. Tenemos que aprender a dialogar sin excluir a nadie.
¿Se puede dialogar con criminales?
Cuando en días pasados, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y, además, el nuncio apostólico Christophe Pierre han planteado la posibilidad de escuchar a los criminales hubo variadas respuestas, desde las de aceptación hasta las de indignación. De hecho, estos planteamientos necesitan más precisión pues han sido muy generales y hasta ambiguos. Hablar, dialogar, negociar, escuchar, tienen significados diferentes y, en cada caso, hay que matizar y precisar cada término. Al respecto, ¿qué se puede decir para hacer avanzar la reflexión y la práctica en este sentido? Quiero señalar algunos puntos que pueden ayudar a plantear este complicado tema.
No es fácil plantear el diálogo con los delincuentes. Pero hay que hacerlo con todos los matices que se requieren. Desde la perspectiva cristiana se plantea el diálogo como universal e incluyente. Nadie puede ser excluido. Esta premisa cristiana debe ser traducida al ámbito social y político. Al menos, todos tenemos el derecho de ser escuchados, aún los criminales. En el ámbito internacional hay casos que pueden iluminar: Sudáfrica, Colombia, etc.
Hay en nuestro contexto, excedido de una carga emocional, un muy fuerte desprecio y rechazo a los criminales. Odio, rencor y repugnancia se mezclan. Mucha gente habla en el sentido de que hay que matarlos. Es entendible, pues el daño que han causado a personas, familias y comunidades es infinito. El clima social no es muy favorable para tener consideraciones hacia ellos. En los diálogos de La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, se respira el aire de muchos ciudadanos de ese país que se oponen a los acuerdos de paz porque quisieran que los crímenes sean castigados con toda severidad hasta con la muerte. ¿Cómo manejar la aversión y el odio social?
En los más de 100 años de historia del narcotráfico en México, éste ha avanzado gracias a la relación de las bandas de narcotraficantes con las autoridades de todos los niveles de gobierno, que derivaron siempre en acuerdos, pactos y compromisos de ambas partes. Estos “diálogos” han sido oscuros o secretos, ilegales, puesto que han estado al margen de la ley, y han beneficiado solamente a criminales y autoridades, causando graves perjuicios a la sociedad y al país. Estos pactos prevalecen y son los que siguen funcionando, pero no son reconocidos públicamente.
Por esta razón, si puede hablarse de “interlocución” con las organizaciones criminales, tendría características diferentes a las tres ya mencionadas, que han desarrollado la descomposición social actual y la crisis política que no tiene fin: ingobernabilidad, Estado de derecho ausente, impunidad y violencia descontrolada.
El “diálogo”, o como se le llame, debería tener las siguientes características:
Legal. Así como para resolver el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que era ilegal porque se trataba de un grupo beligerante armado, se tuvo que crear una ley: la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que tuvo la función de regular los términos del diálogo entre el gobierno federal y el EZLN. La Ley tenía un papel fundamental porque el diálogo tenía que someterse a una serie de reglas que aseguraran el bien del país y la solución del conflicto armado. En nuestro caso, esta ley plantearía dos cosas: la solución de fondo a la violencia, la inseguridad y la justicia. No una justicia punitiva, sino una restaurativa en la que se atienda a las víctimas y a los victimarios en vistas a una futura reconciliación. Los criminales tienen que ser castigados, pero en otros términos muy distintos a los de la mera justicia punitiva. Por eso se llama justicia transicional, porque es de transición.
Transparente y público. Con una agenda clara. Los acostumbrados e ilegales pactos entre políticos y criminales dejarían su lugar a una interlocución pública que estuviera bajo el escrutinio de la sociedad.
El beneficio superior del país sería la regla central. No se trata de negociaciones para beneficiar a facciones políticas ni a organizaciones criminales, ni de hacer concesiones ilegales a quienes han estado en la ilegalidad. El país entero tendría que ponerse en el horizonte del diálogo. El contexto tiene que ser el de un diálogo social entre todos los sectores de la sociedad y entre éstos y las instituciones públicas. Escuchar a los criminales es abrirles el camino para que pasen a la legalidad en los términos de la justicia transicional. Hay que considerar que ellos y sus familias son una parte del país, algo así como un tumor doloroso que necesita ser sanado. No se trata de eliminarnos sino de recuperarlos. Se trata de hacer un camino para recuperar a este país necesitado de todos los mexicanos y de sanar todos los espacios de dolor. Y, claro, se necesita integrar a este proceso los elementos esenciales para la paz, tales como la verdad, la justicia y el perdón.
Por lo pronto, se requiere poner las condiciones para privilegiar las palabras y no las armas, en esta situación de crisis social y política. La sociedad necesita reconocer su propia responsabilidad en el desarrollo de este contexto de violencia para sanarse a sí misma, y las instituciones del Estado necesitan ser recuperadas de las mafias para convertirse en promotoras del bien común. Y, hay explorar esta propuesta mediante una amplia y razonada discusión en la sociedad.