El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano es una deuda pendiente de los gobiernos mestizos que se han negado a incluirlos como sujetos de derecho público.
En Guerrero, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano generó un gran movimiento que alertó a los caciques y grupúsculos políticos que detentan desde hace décadas el poder público, para cerrarle el paso a los pueblos que ya no están dispuestos a ser vasallos ni mozos de nadie.
“Nunca más un México sin los pueblos indígenas”, sería la frase que acuñaron los pueblos chiapanecos y guerrerenses cuando inició el movimiento indígena, protagonizado por el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, en 1990. La irrupción de los pueblos indígenas a la escena pública y a la arena de la política los mostraba como sujetos de derechos; el tiempo había llegado. No había carreteras, escuelas, centros de salud, alimentación, y padecían el látigo de la discriminación sólo por hablar su lengua materna. Las autoridades estaban ausentes.
En el marco del día de la resistencia indígena, a 530 años de la llegada de los españoles al continente, el yugo colonial y neocolonial ha desangrado la vida de los pueblos indígenas por la represión caciquil, el despojo sistemático de sus bienes naturales, el saqueo de las arcas públicas por políticos corruptos. El papel que el Ejército ha desempeñado en el estado es declarar la guerra a los pueblos que se organizan y resisten. Se implantó una política del terror que abrió una gran herida con decenas de personas desaparecidas desde la guerra sucia hasta la fecha.
Una de las legislaciones estatales más importantes en materia de derechos de los pueblos indígenas fue la ley 701, donde se reconocía el sistema de justicia comunitaria. En el gobierno de Héctor Astudillo se hizo una reforma que quitó de tajo la figura de la Policía Comunitaria, dejando a los pueblos desprotegidos. Ante esta inminente lucha por los derechos, las comunidades indígenas de la región de la Montaña elaboraron una iniciativa de ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, y la presentaron al Congreso local. En 2019 quedó en la congeladora de los diputados.
En 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los legisladores y legisladoras para que se realizara una consulta sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Fue una consulta amañada que desató descontento entre las comunidades que realizaron marchas en la ciudad de Chilpancingo. Las consultas no cumplían con los estándares internacionales. Meses más tarde la Suprema Corte señaló que la consulta tenía serias inconsistencias y que era necesario reponer el proceso.
En marzo de 2022 la gobernadora, Evelyn Salgado, se comprometió a impulsar una ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Se tuvieron varias reuniones para realizar un protocolo de consulta, pero empezaron los obstáculos porque los diputados y diputadas a la usanza de los encomenderos de la colonia sacaron a relucir su racismo e ignorancia para excluir a los pueblos indígenas y afros de todo el proceso de consulta que fue descalificada por los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En Guerrero la agenda de los pueblos indígenas y afromexicano sigue invisible. Los diputados y diputadas no tienen voluntad para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano porque se afectan intereses de poderes económicos de caciques. Además, hay un desconocimiento sobre los derechos a la autonomía y libre determinación, tierra y territorio, elecciones por usos y costumbres, gobiernos indígenas, entre otros. Sobre todo, existe una actitud racista y pendenciera de los diputados que se han negado a reconocer los derechos de los pueblos. Se han obstinado en cancelar derechos con reformas regresivas y a realizar consultas falsas.
Otro problema es la violencia contra las mujeres indígenas en la región de la Montaña. En este año el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene un registro de 11 feminicidios, abril sería el mes más violento. Los municipios con mayor índice de feminicidios son Copanatoyac, Cochoapa el Grande, Atlixtac, Tlapa y Ayutla de los Libres.
Los feminicidios de mujeres siguen a la alza y no avanzan las investigaciones. Los perpetradores siguen libres como sucede con el caso del doble feminicidio de Kenia y Avelina, dos hermanas nahuas de Copanatoyac que fueron asesinadas en su propia casa. La Fiscalía General del Estado de Guerrero anunció que ya estaba detenido el agresor, pero no era verdad. Desde la fecha de los feminicidios, el 26 de julio, los familiares no han accedido a la justicia. Al contrario, el feminicida anda libre, con el riesgo de que pueda repetir el crimen, mientras las autoridades siguen ausentes.
Tlachinollan tiene registradas 40 personas desaparecidas y seis son niñas, adolescentes y mujeres. En 2022 van cuatro personas desaparecidas. Por otra parte, en los temas de guarda y custodia hay 18 casos, 14 son por alimentos y 11 por convivencia.
Otra preocupación es que continúan los matrimonios forzados de niñas en las comunidades in-dígenas. Durante este año Tla-chinollan ha acompañado a ocho niñas que han buscado la forma de salir de las comunidades porque no sólo las venden, sino ejercen violencia contra ellas.
Ninguna autoridad protege a las mujeres indígenas y niñas. Más bien, se hace escarnio de ellas sólo por su condición de mujer y por hablar su lengua materna. No hay acciones efectivas en las comunidades indígenas para garantizar derechos y revertir la brecha de la desigualdad y el oprobio.
Estas desigualdades se encuentran en las familias indígenas jornaleras en los surcos de la muerte y la explotación. Las comunidades expulsoras de mano de obra a los campos agrícolas del país son las más olvidadas. Las familias jornaleras son víctimas de explotación, maltrato, discriminación, amenazas, extorsiones, accidentes y pérdidas de vidas humanas. También son presa fácil de los grupos del crimen organizado.
A pesar del drama cotidiano del dolor, el desprecio y las enfermedades que padecen estas familias, no hay una institución que atienda urgentemente la multiplicidad de problemáticas que enfrentan en sus traslados y en los campos agrícolas. La Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), se ha desentendido de los problemas más urgentes que enfrentan las familias indígenas. Más bien, se ha dedicado a entregar bandas de música de viento, ignorando las demandas básicas de los pueblos.
Este 8 de octubre la niña Jaqueline de 11 años de edad de la comunidad de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, fue arrollada por un tren en Yurécuaro, Michoacán, cuando ayudaba a su mamá a realizar las compras para la comida. Las autoridades del tren no se responsabilizaron y las autoridades no hicieron mayor esfuerzo para apoyar a la familia.
Los derechos de las familias indígenas ni siquiera son reconocidos por las autoridades, menos se respetan. Es evidente que los derechos de los pueblos indígenas oscilan entre los permitidos y los no permitidos. Lo más grave es que los gobiernos estatal y federal no están llevando a cabo acciones que al menos disminuyan la violencia del crimen organizado en los municipios indígenas de la Montaña como Cochoapa el Grande, Aca-tepec, San Luis Acatlán, Zapoti-tlán Tablas, Tlacoapa, Atlixtac, Iliatenco y Malinaltepec. Es este mismo territorio hay concesiones mineras, 15 en la Costa Chica y 12 en la Montaña.
A un año de gobierno, Evelyn Salgado no ha emprendido un programa regional para revertir los graves rezagos sociales que arrastran desde siglos los pueblos indígenas. Se mantienen las mismas prácticas clientelares y los programas asistencialistas que no atienden los derechos básicos de la población.
Los pueblos indígenas y afromexicano de Guerrero en esta trágica noche del colonialismo han escrito con sangre la historia de su dignidad.