Aceptémoslo: gobierno abierto desde lo local se escucha aburrido, a pan con lo mismo, a hojuelas con leche tibia sin azúcar. Se escucha como el típico programa de gobierno que se utiliza para legitimar, como cuando los ayuntamientos hacen su Alcalde en tu colonia, o El gobernador te escucha, o Te paso mi número de whatsaap para que veas que yo sí te atiendo.
Y bueno, las definiciones formales son difíciles de entender, comprender y asimilar. Tal vez porque viene de una iniciativa global que cuesta trabajo adaptarla a las realidades de los distintos países. De acuerdo con el manual, y aquí pido que agarren aire para leerlo de corrido, gobierno abierto es “un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social. El concepto de gobierno abierto aquí propuesto está orientado a la acción y la implementación ya que, además de definir sus componentes mínimos, permite orientar las decisiones de los implementadores de acuerdo con sus propias realidades, capacidades, recursos y fines. A pesar de esto, esta concepción con relación al gobierno abierto enfatiza la necesidad de reorientar el modelo de gobernanza y las pautas de las instituciones públicas bajo estándares claros de transparencia y participación ciudadana, así como al desarrollo de una cultura organizacional caracterizada por la rendición de cuentas y la innovación social constante”.
¿Ven por qué les dije que tomaran aire?
El concepto ha sido complejo de comprender y aún más difícil de insertar en el imaginario colectivo. Tal vez porque está lleno de alta diplomacia global para que no perjudique las sensibilidades de los gobernantes de los países de Occidente. Sin embargo, a mí me queda claro que es una apuesta revolucionaria. La razón: la sociedad civil es un elemento obligado en su estructura, con ojos, con voz, con voto, con peso. La fortaleza y funcionamiento del mecanismo puede transformar la forma en la que se toman las decisiones y se arreglan los conflictos sociales en este país.
En México aún estamos en los inicios, y ha sucedido con tumbos y tardanzas. Tras el caso de espionaje Pegasus la sociedad civil organizada en Ciudad de México abandonó la iniciativa. La confianza, la poca confianza que existía en el gobierno de Enrique Peña Nieto desapareció de un plumazo. No te puedes sentar en la misma mesa de quien te espía.
El comisionado del INAI, Joel Salas, ha sido un motor de la iniciativa.
En los estados, gobierno abierto ha ido avanzando. En Jalisco, por ejemplo, tiene un plan de acción local para que la policía intervenga espacios públicos, un padrón de habilidades para personas con discapacidad, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, un padrón estatal de jornaleros agrícolas, una plataforma continua de formación de docentes y una plataforma para la publicación de contrataciones del gobierno.
Gobierno abierto, en síntesis, es el trabajo en conjunto entre los tres poderes de gobierno y sociedad civil para solucionar problemas sociales con transparencia, rendición de cuentas e innovación. El reto es enorme, pero también lo es la necesidad de cambio.
En Sinaloa vamos unos pasos atrás: hicimos una encuesta para definir las prioridades sociales. La corrupción y la impunidad fueron las demandas en primer lugar. La pregunta que estamos a punto de resolver es si los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial van a entender la oportunidad histórica que tienen frente a ellos.
En Guerrero ha habido muchos problemas para su implementación.
El gobierno se dice dispuesto a abrir la puerta. De momento ha abierto sólo unos milímetros de ella y se alcanza a ver un hilo de luz. Dependerá de nosotros, los ciudadanos, que podamos abrir la hoja de par en par.