En los primeros días de este 2020, el Parlamento español eligió por una estrecha mayoría a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno para los próximos cuatro años. Dicha designación fue posible gracias a la alianza del Partido Socialista Obrero Español con Unidas Podemos. Una coalición inédita en la historia de ese país ya que es la primera vez que el PSOE entabla un acuerdo de este tipo con otro partido de izquierda. Las razones de este fenómeno son varias y complejas y se desprenden del resultado de las elecciones de noviembre del año pasado. Principalmente, la fuerza de la extrema derecha representada por un nuevo partido, Vox; la imposibilidad de los socialistas de lograr solos la mayoría parlamentaria; pero también la necesidad del cambio expresado en las urnas.
El caso es que ahora, Unidas Podemos, una corriente política surgida del movimiento social que brotó en 2011 (los Indignados), y cuya primera experiencia electoral tuvo lugar apenas hace unos años, ha logrado formar parte de una coalición gobernante.
El programa que selló esta alianza contiene varios puntos y abarca diversos aspectos. Se trata de un documento amplio, de 50 páginas, once capítulos y más de 200 propuestas en materia de: crecimiento y empleo; derechos sociales; cambio climático; fortalecimiento de la pequeñas y medianas industrias y el sector primario; derechos y memoria democrática; cultura y deportes; políticas feministas; revertir la despoblación que padecen algunas regiones; estados autonómicos; justicia fiscal; y política exterior. Una de las partes más sustanciosas de este documento, colocada al inicio, tiene que ver con la materia laboral. La Coalición se ha comprometido a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (una nueva Ley del Trabajo) y por lo tanto a derogar las reformas de 2012, las cuales, como las que se llevaron a cabo en México ese mismo año, afectaron derechos fundamentales de los asalariados. En concreto, y de manera urgente, se proponen modificar el artículo 42.1 sobre subcontratación a efecto –aseguran– de limitarla a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
La lista de modificaciones en esta materia es muy larga e incluye revisar los contratos de los becarios; elevar el salario mínimo en términos reales; revisar la contratación a tiempo parcial; y las causas legales de despido.
Además, como parte de la cuota de Podemos, fue designada como ministra de Trabajo del nuevo gobierno, Yolanda Díaz, de 48 años, quien militó desde muy joven en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida. Hija de un destacado dirigente obrero, también militante del PCE y de Comisiones Obreras, Yolanda tiene una maestría en Relaciones Laborales y amplia experiencia política en Galicia, su región natal.
Todos estos asuntos tienen importancia porque parecería que España ha dado un vuelco a la izquierda y se encamina a la construcción de un nuevo régimen que deje atrás algunas de las políticas fundamentales del neoliberalismo, en primer lugar, las que tienen que ver con el trabajo y el empleo. Su principal objetivo, dice el documento de compromiso, será la protección de los derechos sociales y un nuevo impulso al crecimiento económico sostenible que reduzca la desigualdad, combata la precariedad del mercado laboral, garantice un trabajo digno, estable y de calidad, y unas pensiones justas.
Este vuelco se da en un contexto difícil en riesgo permanente debido a una delgada mayoría parlamentaria y sujeta a acuerdos con los independentistas de Cataluña. Un escenario político cargado por la polarización, sin precedentes desde la Guerra Civil (1936-39), entre las izquierdas y las derechas, y un entorno económico a nivel nacional e internacional desfavorable. Como han apuntado varios observadores, un eventual fracaso de la Coalición podría abrirle el paso a otra alianza, situada exactamente en el lado opuesto, donde Vox y el PP mantienen un discurso xenófobo, antiinmigrante y ultra nacionalista que se dedicaría a reprimir violentamente los reclamos de una mayor autonomía por parte de las comunidades.
Más allá de España, la experiencia de PSOE-Unidas Podemos tiene una importancia especial en una Europa que se debate entre gobiernos y propuestas nacionalistas de extrema derecha (como en Inglaterra) y la continuidad del neoliberalismo (como en Francia). Una tercera opción, como la que ha construido Portugal y ahora se pretende llevar a cabo en el país vecino, adquiere una gran relevancia.
Para México y el mundo, la aventura que apenas comienza en aquel lado del Atlántico puede ser también muy significativa. La posibilidad de contar con un aliado progresista en un mundo tan inestable y riesgoso no debe minimizarse. Sobre todo, para enfrentar la agitada escena política de América Latina. Pero, de igual manera, porque el derrotero del nuevo gobierno ibérico y sus logros pueden ayudar a cambiar el equilibrio mundial inclinando la balanza política, ideológica e intelectual hacia nuevos horizontes post neoliberales.
Por ejemplo, en materia laboral, las reformas que se proponen en España, tienen semejanzas y desde luego diferencias con la situación mexicana. En cuanto a este último aspecto, está claro que allá no tienen como principal preocupación la democracia sindical, ni la calidad de las instituciones estatales. En México, la reforma de 2019 busca precisamente el reconocimiento de representantes sindicales y contratos colectivos avalados por los propios trabajadores mediante el voto personal, secreto y directo. Y la construcción de nuevos organismos como los juzgados y el Centro de Conciliación.
Sin embargo, la globalización neoliberal, la flexibilización del trabajo y la apertura comercial sin control ha vuelto los mercados de trabajo cada vez más precarios en muchas partes del mundo. Uno de los problemas más acusados es el de la subcontratación. No resulta sorprendente, por lo tanto, la insistencia de Unidas Podemos en incluir tan destacadamente este asunto en el programa del nuevo gobierno.
La subcontratación, entendida como la triangulación de las relaciones laborales que ocurre cuando una empresa solicita a otra que le proporcione trabajadores para desempeñar determinadas tareas o servicios, ha sido una manera, desde principios del siglo XXI, de burlar derechos fundamentales. En general, la subcontratación no ha servido para aumentar la calificación de la mano de obra o la productividad, ni siquiera para que las empresas dispongan de cuadros técnicos o especializados que de otra manera resultarían incosteables o imposibles de contratar. Aunque hay excepciones, la subcontratación se ha utilizado con el objetivo de reducir costos en materia de salarios, seguridad social, alargando la jornada de trabajo y negando prestaciones. Las empresas que reclutan trabajadores para ofrecerlos a otras empresas se distinguen, en muchos casos, por su habilidad para evadir la ley, sobre todo en el pago de impuestos y de cuotas a la seguridad social. Asimismo, han servido para ocultar la relación laboral entre los empleadores y los empleados, y para esquivar la contratación colectiva. Además, han propiciado una caída de los ingresos y prestaciones pues, debido a sus formas de contratación, el trabajador se ve obligado a aceptar condiciones muy desfavorables.
De esta manera, cualquier avance en el sentido de limitar la subcontratación en otras partes del mundo tiene un significado especial. Propicia el avance de la legislación nacional, los acuerdos internacionales en la materia, y ayuda a fomentar una cultura, sobre todo en las empresas y sus administradores, basada en la protección del trabajador, en la mejora de su calificación y en el respeto de los contratos y reglas acordadas bilateralmente.
La nave española apenas ha zarpado. Se trata de un comienzo prometedor en aguas turbulentas. Habrá que seguirla y, si es posible, acompañarla en su trayectoria.

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