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Los datos que aporta un documento del Registro Agrario Nacional (RAN) ya ampliamente divulgado y analizado por los medios de prensa y redes sobre el acaparamiento de tierras a través de procesos torcidos (muchos de ellos sofisticados en sus diseños y operaciones logísticas e “ingenieriles”) de privatización de tierras de propiedad social (ver, entre otros medios, La Jornada del 16 de marzo) revelan una situación estructural de suma gravedad sobre la realidad en la que actualmente viven los ejidatarios y comuneros del México de nuestros días, a saber: un proceso “hormiga” de gran calado de despojo que viene de lejos, en una mecánica de operaciones fraudulentas (por decir lo menos) que implica tanto a pillos privados como funcionarios de bajo, mediano y alto nivel. La visión fundamental de los acaparadores y operadores de este proceso tiene un propósito especulativo y para grandes negocios inmobiliarios.
El documento en cuestión, trabajado a ciencia y conciencia por un equipo especializado del RAN de la 4T (en el sexenio de AMLO, 2018-2024), indica con suficiente claridad la intención expresa de los directivos del RAN de “ir al fondo” en un asunto que, en cualquier otro gobierno de ADN neoliberal, simplemente no hubiera existido ni siquiera como proyecto, o, en su caso, hubiera sido, desde sus trazos iniciales, escondido en las bóvedas de la secrecía o del conocido “olvido” institucional.
Queda claro entonces prácticamente, para cualquier persona con sentido común y buena fe, que el documento fue elaborado paso a paso para cubrir el objetivo de utilizarlo, dentro del propio marco institucional, como uno entre otros de los instrumentos que permitieran combatir a fondo el despojo operado con perversidad y dolo contra los ejidatarios.

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En el informe sexenal presentado por Plutarco García Jiménez, director en Jefe del RAN en el sexenio de AMLO, publicado bajo el título Mirando al Futuro. Memoria y Recuento del RAN (2018-2024), se presentan los datos de lo que significó en los hechos la lucha institucional contra el señalado acaparamiento. Cito:
Haciendo uso de sus facultades y respetando estrictamente la legislación agraria, el RAN de la Cuarta Transformación sólo permitió la desincorporación de la propiedad social de 316 mil 468 hectáreas, a diferencia de los sexenios de Peña Nieto y Calderón, cuando se privatizaron 1 millón 59 mil, 92 hectáreas y se desincorporaron un millón 217 mil 505 hectáreas, respectivamente”. (P. 68)
Destaca, en esta línea de intervención, la clara visión, puesta en hechos, de rechazar, en una medida por demás estricta, el parcelamiento en terrenos con cubierta de bosques y selva.
Dentro de los lineamientos básicos que acompañaron esta política institucional podemos señalar, de manera esquemática, la del combate permanente contra el intermediarismo corrupto de gestores privados y “coyotes”, el trato directo con los campesinos e indígenas que requerían de tal o cual trámite para establecer la seguridad jurídica de su patrimonio, así como la definición de una ética de servicio general que fue conocido como “Un RAN cerca de ti”.
No fueron menores los esfuerzos para facilitar el cambio generacional, así como para el establecimiento de estrategias que dieran paso o acompañaran procesos de “empoderamientos” de la mujer campesina junto con la revitalización cultural y productiva del ejido y de la comunidad.
Conviene señalar que en esta línea de actuación el RAN de la 4T, por su carácter y papel institucional, buscó en todo momento que la respuesta a dar para enfrentar esta problemática fuera interinstitucional, de tal forma que las direcciones y áreas jurídicas del sector agrario (integrado en el marco de las directivas jerárquicas de la Sedatu) buscaron las vías para definir o encontrar los mecanismos legales para combatir lo ya hecho. Agregando en este punto la búsqueda de una relación coparticipativa con la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat) para enfrentar de la mejor manera el combate al parcelamiento en bosques y selvas.

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El RAN de la 4T se concibió a sí mismo desde el principio como Guardián de la Propiedad Social de la Tierra en México. Esta definición engloba la perspectiva de un proyecto que, en concordancia con los principios del gobierno democrático de AMLO, fue desarrollado siempre de cara a las exigencias y demandas de un movimiento agrario, campesino e indígena, que, en el periodo, tuvo un importante proceso de revitalización.
Y no está por demás señalar que, en una buena cantidad de casos de los acaparamientos señalados, la mecánica del despojo se ha dado sobre la base del engaño simple y llano a ejidatarios y comuneros, al aprovechamiento perverso de la pobreza o precariedad en la que vive un segmento importante de tales sujetos agrarios, y, en casos específicos, a la complicidad que los agentes privatizadores y especulativos han llegado a forjar con algunas autoridades y miembros de ejidos y comunidades. Creándose así, en tales condiciones, un terreno fértil para que determinados funcionarios de los tres niveles de gobierno abandonen su papel de “servidores públicos”, se corrompan y se incriminen de una o de otra forma en los mencionados procesos especulativos, de privatización y despojo.
Cabe entonces, mirando el presente y hacia el futuro, mantener el rumbo del combate a fondo contra este flagelo que daña profundamente el tejido social y político de nuestro país, para que, en lo que corresponda al sector agrario –y en particular al sector de la propiedad social–, se cale hondo en el marco de lo que corresponde revolucionar en el denominado segundo piso de la 4T.