En los últimos días un tema que ha sido comentado constantemente en la opinión pública nacional e internacional, ha sido el relativo al espionaje al que han estado expuestos periodistas como Carmen Aristegui y su hijo, Carlos Loret de Mola, defensores de los derechos humanos especialmente quienes han apoyado a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa como el director del Centro Prodh Mario Patrón, así como el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, que ha estado pugnando por instaurar en México un sistema de plena transparencia y leyes anticorrupción.
1.- Como ha ocurrido frecuentemente en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, la difusión de los asuntos relevantes del país como el de la “Casa Blanca”, los de tantas investigaciones sobre funcionarios vinculados a la delincuencia organizada como el del ex gobernador del PRI en Tamaulipas Tomás Yarrinton, o el del ex procurador de Justicia en el gobierno del PRI en Nayarit Edgar Veytia, no han sido resultado de su propia voluntad, a veces ni siquiera de la gran presión de la opinión pública mexicana, sino de fuentes y poderes externos, como en este caso de una información divulgada hace unos días por el influyente diario norteamericano The New York Times sustentada en una investigación del grupo canadiense Citizen Lab.
2.- Durante las décadas en que hubo en México un sistema de partido único y luego hegemónico no existían los mínimos controles del poder político, de las funciones de gobierno, por ello durante todo ese tiempo las violaciones a los derechos humanos como las masacres de estudiantes en 1968 y en 1971, las cometidas durante la guerra sucia particularmente en Guerrero, las amenazas y crímenes contra periodistas, no tenían formas de control; el gobierno hacia y deshacía a su antojo sin ningún freno ni contrapeso, pero ahora que existe el escrutinio de los organismos internacionales especialmente en derechos humanos, los medios de comunicación internacionales y algunos nacionales y locales, las redes sociales y una opinión pública cada vez más informada y activa, ya no se pueden repetir las prácticas gubernamentales del pasado –como el espionaje– sin que haya una reacción de rechazo.
3.- El espionaje es un acto ilegal, ya que nuestra normatividad solamente permite intervenciones de conversaciones telefónicas por orden de un juez y bajo circunstancias muy determinadas como la presunción de la comisión de delitos. El tema central de este asunto consiste en que el espionaje viola derechos humanos como la libertad de conciencia y de expresión, la libertad a la vida privada, y quien debe proteger estas libertades es el Estado a través de sus instituciones, el Poder Ejecutivo representado por el presidente de la República y sus demás órganos como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y el Congreso de la Unión. Y quienes lo practican violando la ley son Peña Nieto y sus colaboradores, toda vez que está suficientemente demostrado que fue el gobierno el que compró el equipo Pegasus para estas prácticas.
4.- Los editorialistas del régimen han pretendido desviar la atención del tema fundamental, diciendo que en México cualquiera espía, entre ellos empresarios u otros grupos de poder, pretendiendo con ello diluir la responsabilidad de gobierno, sin embargo no concentran su atención en que estas prácticas ilegales no deben ser realizadas por nadie, ni por el gobierno ni por empresarios ni por algún otro poder legal o fáctico, que el Estado debe de abstenerse de violar los derechos de libertad de los ciudadanos, velar que no haya ningún poder formal o informal que vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos y en caso de ocurrir inhibirlos y castigarlos. Pero al descubriese estas prácticas realizadas por el gobierno como poder formal, los otros poderes de facto, empresarios, delincuentes, algunos medios, se amparan en ello para también llevarlas a cabo.
5.- El espionaje en México ha sido una práctica común del gobierno, quien en vez de ampliar las libertades políticas y democráticas por temor a su incapacidad para dar respuesta a las demandas ciudadanas, utiliza el espionaje como una forma de inhibir estas libertades. Por eso se ha vuelto algo normal que al iniciar conversaciones telefónicas se escuche inmediatamente que descuelgan otro aparato, que hay un eco en la línea de quienes están escuchando, es así que se espía a periodistas, ciudadanos promotores de libertades, los dirigentes de organizaciones civiles, a dirigentes nacionales y locales de partidos políticos, a legisladores, a empresarios y a los mismos funcionarios del gobierno, sin embargo los poderes como el Legislativo que deberían ser un contrapeso al Ejecutivo hacen muy poco para desterrar estas prácticas que reflejan un pavor del gobierno hacia el ejercicio ciudadano de las libertades y hacia los opositores políticos.
6.- La reacción de Peña Nieto no se hecho esperar, con torpeza como en tantos casos, quien en vez de asumir un compromiso público contundente de realizar una investigación y promover el castigo a los responsables del espionaje, lo ha justificado diciendo que ¡él mismo se ha sentido espiado! con lo cual confirma el hecho del espionaje y que no ha realizado nada para combatirlo y luego tuvo que retractarse de la amenaza de investigar a quienes han denunciado las tentativas de espionaje tratando de inhibir a quienes con valor civil han denunciado estos hechos. Es posible que Peña Nieto oiga a los admiradores de Thomas Hobbes quien propuso que los ciudadanos delegáramos nuestras libertades al Estado, pero en las sociedades modernas no puede haber regímenes democráticos sin el pleno respeto a los derechos humanos, a las libertades de expresión, de imprenta, a la vida privada, porque en donde se atenta contra estas libertades se consolida el autoritarismo y la ruptura del Estado de derecho.

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