Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

En las últimas semanas la espiral de la violencia ha crecido de manera exponencial en las principales cabeceras municipales y estos últimos días en municipios de la zona centro del estado. La gravedad del caso es que la población ha sido rehén de las bandas del crimen organizado que han asentado sus reales en lugares donde prevalece la producción de enervantes, reservas boscosas y concesiones mineras. En el cinturón minero de Guerrero, que se ubica en las regiones de la Tierra Caliente, zona Norte y Centro se han afianzado las empresas del crimen que han tomado el control de las principales actividades económicas y se han dado el lujo de tener bajo su control varias presidencias municipales. El caso más reciente es el de Cocula, con la detención del presidente municipal.
Si hiciéramos un recuento de los hechos de violencia que se han suscitado en este 2005 en el estado tendríamos una estadística marcada con números rojos y con sangre esparcida por los 81 municipios, principalmente Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, San Miguel Totolapan, Tierra Colorada y Taxco. En estas regiones, después de los trágicos hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, la situación de violencia e inseguridad empeoró. Las desapariciones se siguen multiplicando, los asesinatos se han acrecentado y el poder destructor de los grupos criminales ha logrado imponerse por encima de cualquier corporación policiaca o militar, por su capacidad de cooptación y corrupción
No es Iguala el único municipio donde el gobierno federal reconoce que se infiltró el crimen organizado, sino en la mayoría de municipios de la región norte. En la Tierra Caliente, que está en permanente disputa con los grupos de Michoacán, la totalidad de estos municipios están supeditados al poder fáctico del crimen organizado. Buen número de municipios de la región Centro, sobre todo los que están volcados hacia la Sierra, se encuentran en una lucha intestina por el control de las plazas. Acapulco enfrenta una disputa feroz por el control del puerto, donde las organizaciones criminales se han logrado infiltrar en los grupos policiales que ahora forman parte de esta disputa a muerte. La Costa Grande se encuentra atenazada por bandas del crimen que han extendido su poder provenientes de Michoacán y Jalisco para pelear con las organizaciones criminales locales. En la Costa Chica ha salido a relucir esta conflictividad delincuencial con el asesinato de 10 personas en un palenque en el centro de Cuajinicuilapa. La Montaña se mantiene en un nivel medio en cuanto a los hechos de violencia provocados por los grupos de la delincuencia organizada que están expandiéndose de la zona centro.
La llegada del nuevo gobernador y el anuncio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, sobre su nueva estrategia de seguridad en nada afectó a las bandas del crimen organizado, por el contrario, fue una coyuntura propicia para los reacomodos y para pelear por la recuperación de los territorios arrebatados. Para ellos el nombramiento de un general como el nuevo responsable de la estrategia de seguridad en el estado no es novedad. Saben muy bien que en Guerrero el Ejército tiene una forma diferenciada de operar la guerra contra las drogas y la guerra contra los movimientos insurgentes. Su experiencia en este trajín les dice que la fuerza del Ejército se concentra en la persecución y desmantelamiento de los grupos guerrilleros u organizaciones que subvierten el orden del sistema. Conocen cómo realizan los operativos contra la delincuencia. De antemano les llega la información sobre cuándo y cómo se desplegarán. Con suma facilidad se escabullen y se ponen fuera de su radio de acción. Con los años de aprendizaje han sabido mantener una connivencia que se expresa en los códigos secretos de la no agresión
Los tres últimos presidentes de la República han aplicado diferentes planes bélicos para combatir a la delincuencia sin que hayan logrado revertir los índices de violencia. Para la población se trata de meras acciones espectaculares que no pasan de la Costera de Acapulco. Además de onerosos son ineficaces y opacos, porque nunca entregan resultados ni cuentas claras. El hermetismo con el que manejan sus operativos despierta suspicacia y desconfianza en la población porque no hay manera de saber si están actuando con transparencia y cumpliendo con su mandato. La gente de a pie que es víctima de sus abusos cree que su presencia es para proteger los intereses macrodelincuenciales donde convergen los de los grandes políticos y las elites económicas con las empresas del crimen organizado.
En lugar de que la población sienta que el ambiente se distiende con estos planes bélicos, experimenta una mayor inseguridad y miedo. Constata más bien que el uso de la fuerza se utiliza contra los movimientos que protestan y que increpan al poder. La reciente agresión a los estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron brutalmente golpeados por los policías del estado, responde a este esquema de terror, para desmovilizar a la población y someterla a la lógica de la guerra. En contrapartida vemos cómo los grupos de la delincuencia gozan de total impunidad, porque no son perseguidos ni molestados en sus acciones delincuenciales.
No es casual que los hechos de violencia hayan arreciado en los municipios de Chilapa, Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Tixtla, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Tecpan de Galeana, entre otros. Es claro que en estos lugares se está dando un reacomodo de los grupos delincuenciales que responden a la coyuntura política que vivimos y a los acuerdos que varias autoridades municipales y estatales hicieron debajo de la mesa con los jefes de las plazas.
Desde la balacera en la Costera de Acapulco, donde murió un civil, el nuevo gobernador constató en carne propia lo que es estar a merced de la delincuencia y lo que implica que las autoridades sean displicentes y que más bien su inacción los haga aparecer como parte de estos actores armados que los dejan actuar a sus anchas. Estos hechos de violencia se han venido en cascada al grado de que en un solo día hay más de 14 personas asesinadas en el estado. Lo que sobresale de estas acciones gangsteriles es la colusión de las autoridades de seguridad pública y las encargadas de investigar los delitos con las bandas delincuenciales.
La ausencia de los cuerpos de seguridad para prevenir y contener los hechos de violencia es atroz por su ineficacia y falta de coordinación. No es casual que la población les haya perdido la confianza. No porque les tenga aversión, sino porque sabe cómo están ligados con la delincuencia y cómo hacen un trabajo turbio desde las mismas instituciones gubernamentales.
La detención de los policías federales en Carrizalillo, (el día que tomó posesión el gobernador Héctor Astudillo), por parte de los pobladores, se dio porque la gente constató que venían con alguien a quien ubicaban dentro de un grupo delincuencial y que por lógica dedujeron que estos agentes venían representando los intereses de ese grupo. Lo menos que pudieron hacer fue retenerlos e investigar por qué estaban actuando de esa manera. Decidieron entregarlos al Mi-nisterio Público federal para que fuera quien se encargara de determinar su situación legal.
No pasaron más de dos semanas cuando de nueva cuenta se suscitaron otros hechos de violencia donde se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada con policías ciudadanos pertenecientes a la UPOEG, en la comunidad de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, en la sierra de Chichihualco. Tras el enfrentamiento llegó el Ejército, pero a decir de la población que sufre los estragos de la delincuencia, los militares procedieron a desarmar a los policías ciudadanos, como la solución más efectiva para evitar otra confrontación armada. El enojo de la gente fue que no desplegaron una operación para dar con el paradero del grupo contrario. Más bien se quedaron en el lugar para tomar el control de la situación y detener a los policías ciudadanos con el fin de procesarlos.
Esta forma de operar del Ejército no solo ha puesto en entredicho la legalidad de su actuación, sino ante todo ha generado desconfianza y despertado sospechas, porque los efectivos militares no se confrontan con los grupos del crimen organizado. No ven que estén dispuestos a perseguirlos y detenerlos.
Esta tibieza y complicidad del Ejército orilló a que los campesinos decidieran retenerlos para obligarlos a que liberaran a sus policías. Su exigencia se basaba en el temor fundado de que los agresores llegarían para ultimar a la población y a los pocos policías ciudadanos que quedaban. Este presentimiento fue real porque hubo una nueva incursión del crimen organizado que llegó para matar a quienes habían decidido organizarse para defender su vida y el patrimonio de su pueblo.
La que impera en el ambiente de la Sierra es la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con las mafias del crimen. Están muy alejadas de la lucha de los pueblos y ven que su preocupación se centra en el hecho de que varias comunidades hayan decidido formar su policía comunitaria, para auto protegerse de los grupos delincuenciales y de esta manera recuperar el control de su territorio. Esta postura de los pueblos es la que no toleran las autoridades militares ni civiles. Para ellas, la conformación de policías comunitarios se convierte en un factor de riesgo, porque les implica una amenaza para el status quo del gobierno. No les preocupa cómo brindarles seguridad a los pobladores que son pobres y que han sido rehenes de las bandas del narcotráfico que los obliga a enrolarse a sus filas como productores de amapola, cooptando a los más jóvenes para que formen parte del sicariato. Les interesa más desactivar su organización, impedir que los pueblos de la sierra se levanten para garantizarse seguridad y para hacer valer sus derechos ante la ineficacia de las autoridades y su complicidad con lo que delinquen.
Este lunes los hombres y mujeres de la sierra hicieron sentir su fuerza ante las autoridades del estado. En plena capital vinieron a demandar al gobierno que dejen de confabularse con los grupos delincuenciales y que respeten su organización como pueblos. Hicieron pública su desconfianza en las corporaciones policiales del estado y del mismo Ejército, porque tienen elementos para decir que sus actuaciones no están para garantizar seguridad a la población sino para destruir su organización policial, porque quieren mantener de rodillas y en la pobreza a los pueblos. Se empeñan en mantener condiciones de semiesclavitud con los grupos de la delincuencia organizada que tienen asolada la región serrana. Son los pueblos y la gente del campo las que de nueva cuenta tienen que salir de su entorno para venir a la capital del estado y gritar que pare este desgobierno impuesto por el crimen organizado y se acabe este estado de violencia.