EL-SUR

Lunes 29 de Noviembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Estado e inseguridad

Marcial Rodríguez Saldaña

Agosto 03, 2017

Uno de los deberes fundamentales del Estado, entendido como el conjunto de instituciones públicas, es brindar seguridad a sus habitantes. De manera particular aquellas que tienen encomendada por las leyes la responsabilidad de prevenir el delito, de procurar y aplicar la justicia, de investigar y perseguir delincuentes.
1.- El aumento de la inseguridad, de la violencia, de los crímenes, es un signo característico de la ausencia del Estado en su función de brindar seguridad a los ciudadanos. En la medida en que el Estado cumple su función de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos la delincuencia disminuye y en la medida en que el Estado incumple esta función la delincuencia y la inseguridad se incrementan. Esta tesis es la que se aplica a la situación que viven el país y Guerrero en donde la delincuencia y la inseguridad azotan grandes segmentos de la población y territorios que escapan al control del Estado, zonas geográficas que domina la delincuencia y que están sustraídas a las normas naturales de convivencia social en una comunidad política.
2.- Un tema que se debate en la opinión pública en los últimos días es si el Estado ha sido rebasado por la delincuencia. La respuesta de los mandos castrenses y de los servidores públicos responsables de la seguridad de los habitantes es que no, y claro su respuesta para ellos es lógica toda vez que admitirlo sería reconocer que no han cumplido la responsabilidad que tienen encomendada y en consecuencia admitir su incompetencia para desempeñar con eficiencia sus encargos. Pero la realidad, los hechos y datos duros contrastan con la afirmación de los funcionarios públicos y mandos policiacos, en razón de que muy frecuentemente se presentan hechos de violencia, homicidios, extorsiones, cobros a comerciantes, zonas y territorios exclusivos de dominio que escapan a la supervisión del Estado y que están bajo el mando de la delincuencia.
3.- La respuesta fácil y simplista de que el Estado no puede ponerle un policía a cada ciudadano para que lo cuide busca evadir el problema fundamental que consiste en la obligación del Estado de garantizar la seguridad de su población. Es evidente que esto no se logra poniéndole un policía a cada habitante, pero sí de acuerdo a las encuestas que son instrumentos científicos de medición de la opinión pública y del mínimo sentido común de los ciudadanos la inseguridad es el problema más importante de la sociedad, la lógica indica que a este problema deberían dedicarse los mayores esfuerzos del Estado, de tal forma que hubiera una respuesta clara y contundente a la solución de este flagelo social.
4.- El asunto es cómo atender esta grave problemática. La estrategia que ha seguido el Estado –gobierno federal, estatales y municipales– desde Felipe Calderón hasta Peña Nieto, ha sido continuar con una guerra abierta que ha ocasionado ya centenas de millares de muertos en casi once años, y mandar más fuerzas de seguridad –Ejército, Marina, Policía Federal, Gendarmería, policías estatales, ministeriales y municipales– a las zonas de mayor inseguridad; sin embargo hasta ahora esta estrategia no ha funcionado. Es cierto que combatir la inseguridad no es fácil, pero para eso están los servidores públicos y las corporaciones de seguridad, para cumplir y resolver los problemas de mayor gravedad que aquejan a los habitantes que les han delegado su representación.
5.- Bien vale la pena preguntarse si después de once años de que los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto han aplicado una estrategia de guerra contra la delincuencia y no ha funcionado, esta se debe seguir implementando en los años que vienen o modificarla. El surgimiento de múltiples grupos de autodefensa, unos con fines auténticos de protección a sus habitantes y otros con orígenes y vínculos dudosos, son reflejo y consecuencia de la ausencia del Estado, son pruebas evidentes de que el Estado ha sido rebasado por la delincuencia aun cuando no lo quieran reconocer las autoridades castrenses y civiles. Mientras no se combata a fondo la corrupción y se corten de tajo los vínculos y la complicidad entre servidores públicos y miembros de las fuerzas de seguridad con la delincuencia, y no se deponga a estos funcionarios, la inseguridad seguirá causando estragos a la población.

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