A fines de 2006, Felipe Calderón sacó al ejército de sus cuarteles para hacerlo cumplir funciones de policía. El resultado fue de más de cien mil asesinados, unos 25 mil “desaparecidos” y cientos de miles de desplazados durante su nefasta gestión, todo en nombre de la guerra contra las drogas dictada por Washington, la que en este sexenio ha continuado alegremente y ha superado ya el número de muertos.
Por supuesto, los resultados distan de ser alentadores, pues el narcotráfico continúa en aumento y su poder corruptor ha envenenado las relaciones sociales, la economía y la política. Y algo peor: el crimen organizado y el otro –debemos suponer que es desorganizado– se multiplican y adquieren nuevas formas.
Hay la percepción de que la delincuencia aumenta, aunque el Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en los primeros cuatro meses del año llevamos ocho mil 900 homicidios dolosos, más o menos igual que en el mismo periodo de 2017, aunque admite que van en aumento la violencia familiar, las agresiones sexuales, los feminicidios y el robo de ganado y a embarcaciones.
El huachicoleo o extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex, en el presente sexenio ha llegado a más de dos mil puntos donde el robo es sistemático, masivo y altamente organizado ante autoridades ciegas y sordas. En un país depauperado por la política económica del gobierno, nada de extraño tiene que la población, desesperada, participe en estos hechos delictivos y que incluso se enfrente a las fuerzas militares, que son las únicas que combaten a los huachicoleros, pues las policías prefieren mantenerse al margen.
Sospechosamente, la dirección de Pemex no muestra disposición para combatir el robo de combustible, tal vez porque esa práctica forma parte del desmantelamiento de la paraestatal, expoliada fiscalmente y descapitalizada desde el sexenio de Vicente Fox, con sus instalaciones en penoso estado, el sindicato charro enriqueciendo aún más a los líderes y los directivos metidos en enjuagues tan siniestros como los promovidos por empresas del corte de Odebrecht.
De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en el año 2017 se registraron más de 10 mil actos de vandalismo contra el sistema de trenes. Hubo barricadas, cierre de válvulas de frenos, manipulación del cambio de vías y retiro de rieles y durmientes para producir descarrilamientos y choques, todo con el propósito de saquear los convoyes y en varios casos pasar la mercancía a los muchos vehículos que son llevados y cargados junto a las vías.
Antier, en Aguascalientes, cinco carros que transportaban grano se descarrillaron debido, dicen las autoridades, a la deformación de los rieles producida por el intenso calor. Más grave fue lo ocurrido el sábado en el estado de Veracruz, donde cuatro locomotoras y 39 “tolvas graneleras” corrieron sin control, alcanzaron una velocidad de cien kilómetros por hora y finalmente salieron de las vías y se volcaron. Por fortuna no transportaban explosivos y sustancias tóxicas.
Desde hace varios años el norte de Tamaulipas es tierra de nadie. Numerosas localidades se han quedado sin habitantes, pues éstos huyen de la delincuencia que mata, roba, recluta jóvenes y viola muchachas. Como el problema no se atacó debidamente, ahora ya es toda la entidad la que está sometida a los criminales, que extorsionan y cobran a las empresas “derecho de piso”. Las firmas que no acceden a pagar sufren represalias, lo que ha obligado, por citar un caso, a que la empresa lechera Lala cierre su planta en Ciudad Mante.
Por si algo faltara, han proliferado los robos a negociaciones que, como muchas joyerías y hasta una tienda Liverpool, están dentro de plazas comerciales, las que se suponen muy vigiladas. En tales condiciones, nada de extraño tiene que hasta los bancos sean victimados, pues el SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), dependiente del Banco de México, fue hackeado y se estima que lo robado puede llegar a mil millones de pesos, lo que ya le costó la chamba a la directora general del Sistema de Pagos, pero eso sí, el Banco de México ya anunció que creará una dirección de ciberseguridad. Menos mal.
No es por alarmar, pero el Estado decidió ausentarse y ahora el país es tierra de nadie, pues hasta los sacerdotes son extorsionados de manera sistemática. En tales condiciones, cuando ni siquiera los banqueros y los curas están seguros, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de a pie?