En memoria de Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores ecologistas de la sierra de Petatlán, víctimas de desaparición forzada en la madrugada del 7 de diciembre de 2011. Justicia para Antonio Vivar, activista del Movimiento Popular Guerrerense asesinado por la Policía Federal en la colonia el Tepeyac, de Tlapa, el 7 de junio de 2015.
El mismo día en que el gobierno federal anunció la llegada de 6 mil policías federales al puerto de Acapulco para resguardar a las y los maestros que presentarían el examen de permanencia, afloró el lenguaje policiaco de las autoridades educativas. El secretario de educación en Guerrero, José Luis González de la Vega arengó ante los medios diciendo que el profesor “que haya sido notificado y no haya entregado sus documentos y no asiste al examen perderá la oportunidad de seguir siendo docente y pierde su trabajo, se dará de baja automáticamente”.
El nuevo personal de la Secretaría de Educación Pública (que no necesita ser evaluado), está integrado ahora por los policías federales que tienen “la encomienda de proteger la integridad de los profesores y resguardar las instalaciones donde se realizará la evaluación de desempeño que aplicará el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”. Para el mismo secretario la evaluación es un tema de “prioridad nacional y de mucho impacto”. La presencia de la Policía Federal y de la Gendarmería se justifica “por las amenazas” que ha hecho la CETEG para el día de la evaluación con el objetivo de impedir que lleguen los maestros.
Los policías que deberían estar brindando seguridad a las poblaciones que están siendo sometidas violentamente por bandas del crimen organizado en las siete regiones del estado, sobre todo en Acapulco, fueron enviados en avión para resguardar un recinto donde se pondría a prueba la reforma educativa. Para las autoridades, la prioridad nacional no está en combatir al crimen organizado, ni en revertir la espiral de violencia que ha ubicado al puerto de Acapulco como la tercera ciudad más violenta del mundo. Su preocupación se focalizó en la aplicación de la evaluación a los docentes, al costo que sea. Por eso no escatimaron recursos para hospedarlos en hoteles de lujo, para contratar servicios de bufet y para pagar los costos de sus traslados. Tampoco permitieron que maestros y maestras se acercaran a la sede del examen para expresar abiertamente su rechazo a una evaluación calificada como punitiva. Hubo mucho dinero y muchos policías para impedir que la base magisterial guerrerense osara arruinar los planes privatizadores de las cúpulas del poder.
A pesar de este despilfarro de la federación y de la presencia aparatosa de policías federales, que colocaron varios filtros en el camino hacia la sede, las autoridades educativas fueron las causantes de su propio descalabro. No previeron con tiempo la instalación de suficientes equipos de cómputo para garantizar que todos los docentes contaran con un monitor en su escritorio.
Ya eran las 4 de la mañana del jueves 3 de diciembre y todavía el personal encargado de instalar las computadoras en el gran salón del centro de convenciones Mundo Imperial, trabajaba a marchas forzadas. Varias de las máquinas ni siquiera se desempacaron porque el tiempo estaba encima y quienes iban a ser evaluados ya se encontraban en el comedor almorzando.
El control férreo se hizo sentir desde antes de entrar al gran salón. Obligaron a todos los maestros y maestras a que dejaran sus celulares y demás objetos que portaban, en bolsas de plástico que ahí mismo les daban. Se trataba de asegurar que no establecieran comunicación con el exterior y que no pudieran documentar en audio y video lo que pasaba dentro del salón. Cada docente ya tenía un número asignado y el personal del INEE que portaba uniforme blanco con negro se encargaba de colocarlos en su lugar. En ese momento le entregaban su contraseña para entrar al sistema e iniciar el examen. A las 8 de la mañana todo parecía indicar que la evaluación caminaría sobre ruedas.
Cerca de las 9 horas varios maestros y maestras que realizaban el examen, escucharon voces de compañeros y compañeras que gritaban ¡solución! ¡solución! ¡solución! No se sabía el motivo de su protesta. La reacción inmediata fue levantarse de sus asientos para indagar el motivo de la protesta. Vieron que cerca de 100 maestros y maestras estaban parados cerca de la puerta que da para el comedor. Exigían a las autoridades educativas que les proporcionaran en ese momento los equipos de cómputo que faltaban. Su exigencia encontró eco entre los demás maestros y maestras que suspendieron el examen para sumarse a la protesta. El ambiente se tornó tenso y confuso. Por más que los funcionarios trataban de convencer a los docentes de que continuaran con el examen, los gritos arreciaban y se sobreponían a otras voces: ¡Todos o ninguno! ¡Todos o ninguno! Este emplazamiento a la autoridad hizo evidente que la logística había fallado y que su operación política naufragaba en plena sede del examen. Incrédulos por lo que sucedía y colocados contra la pared por sus propios errores, el secretario González de la Vega no atinaba qué hacer. Este desorden obligó a las autoridades a tomar una decisión precipitada. Por las bocinas del salón se escuchó una voz que invitaba a los maestros y maestras a que salieran de la sede y se dirigieran al comedor para que les entregaran sus pertenencias. La postura oficial en ese momento fue que el examen se suspendía y que se reprogramaría para otra fecha.
El anuncio generó más desconcierto porque varios docentes decidieron salir del salón, otros se fueron al comedor y otros más permanecieron en el lugar para continuar con el examen. En algunas secciones las computadoras dejaron de funcionar porque fueron desconectadas. Varios maestros que estaban agrupados pedían que les aclararan si se ampliaría el tiempo para concluir el examen. Fueron más de dos horas de confusión, de versiones de corrillos, de información contradictoria, de temor por la presencia de la Policía Federal y la llegada del comandante al que le llaman Espartaco. La presencia del gobernador no representó para los maestros y maestras un reencauzamiento del desorden que imperaba, más bien provocó mayor enojo al ver que junto con él entraban policías y personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum). La reacción fue gritar que se salieran del recinto. En medio de los gritos se alcanzó a escuchar la voz de un maestro “yo no voté por el PRI”. Para evitar la desbandada, la multiplicidad de funcionarios que había recibieron órdenes de que se abocaran a convencer, uno a uno, a los maestros y maestras que estaban en el comedor haciendo fila para degustar del bufet. Los invitaban para que volvieran al salón a continuar el examen. El personal del INEE también les exhortaba a continuar al informarles que ya se había restablecido el sistema y que iban a recuperar la información que habían vertido. Fue después de la una de la tarde cuando se reinició la prueba con un número menor de maestros y maestras que habían llegado antes de las 8 de la mañana. Hasta esta hora la postura de las autoridades cambió, ya no hablaban de que se suspendía el examen sino todo lo contrario, que continuaría hasta que lo concluyeran.
Fueron las garrafales fallas de las autoridades educativas las que ocasionaron este caos, lo peor de todo es que encubren sus deficiencias y no asumen su responsabilidad ante una decisión cupular que no tiene consenso en la base magisterial. Los burócratas de la educación fueron los que propiciaron este desorden y los que evidenciaron que en realidad los maestros y maestras que están más allá de posiciones político sindicales, no están de acuerdo con esta imposición y acarreo que los denigra. De manera ruin las autoridades se quieren lavar las manos señalando a un grupo de maestros y maestras a los que acusan de “sabotaje” al examen. Ahora resulta que el mismo secretario de Educación Pública de la federación quiere interponer denuncias penales contra los maestros y maestras que supuestamente fueron los que iniciaron el desorden e incitaron a los demás maestros y maestras a boicotear la evaluación. Ante el fracaso de sus acciones verticales lo recurrente es la utilización de las leyes penales para arremeter contra los maestros y maestras que disientes de esta reforma. El trato es de delincuentes. No hay prueba más clara sobre esta evaluación punitiva que las mismas acciones de fuerza; del manejo faccioso de la ley y de la criminalización de la protesta, para colocar fuera de la legalidad a las maestras y maestros que ejercen su derecho a protestar.
La lucha de los maestros y maestras de Guerrero es histórica, no se circunscribe únicamente a la defensa de sus derechos laborales. Su lucha en Guerrero es contra las injusticias cometidas por los caciques, contra la guerra declarada por los gobiernos racistas que usan al ejército para cometer atrocidades. Levantan la voz contra el yugo explotador de los patrones que esclavizan a los indígenas y campesinos. Su lucha es para que la educación sea un derecho que no excluya a los pobres. Para que los hijos e hijas de indígenas y campesinos tengan espacios dignos para estudiar. Pelean para que se acabe tanta corrupción e impunidad de los políticos, para que pare esta espiral de violencia. Para hacer frente a la guerra contra los jóvenes normalistas que son asesinados y desaparecidos. El movimiento magisterial en Guerrero pasa necesariamente por las coordenadas de la justicia, la democracia y la educación popular. No sólo se encierra en sus casillas o se organiza para mantener cotos y privilegios gremiales. Así se le ha querido clasificar, por las traiciones de algunos de sus líderes, pero la base magisterial que trabaja en condiciones adversas y en situaciones deplorables en el campo y la ciudad, está comprometida con la sociedad para contribuir a la transformación de las estructuras de poder que desquician la vida de las familias más expoliadas. Se han levantado desde hace décadas en defensa de la educación del pueblo, para defender las normales rurales y varios de ellos han tomado las armas como último recurso ante tanta infamia. Luchan ahora contra las reformas estructurales, contra la evaluación punitiva y se han anclado en el movimiento de los padres y madres de familia que exigen al gobierno que dé con el paradero de sus 43 hijos. Ese grito por verdad y justicia es el grito contra las mentiras y las acciones represivas de un gobierno ilegítimo que no escucha el clamor del pueblo.